Jueves 16 de mayo de 2013, por Organización Wiwa
Alrededor de
las 8:25 p.m. una camioneta Toyota Fortuna de Color Blanco se detuvo al frente
de la residencia y reparaba hacia la casa y luego a las 08:47 del 11 de mayo de
2013, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta arrojaron una granada
de fragmentación contra la vivienda del reconocido líder Wiwa Pedro Manuel
Loperena situada en la urbanización “Don Carmelo” de Valledupar (Cesar).
Pese a que en
ese momento además de él se hallaban al interior de la residencia sus dos hijas
de siete y diez años y los dos hijos adolescentes de dieciocho y diecinueve de
su esposa Elvia Graciela Cuadro Pizarro, Defensora Comunitaria para los Pueblos
Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y la Serranía del Perijá
(SP) de la Defensoría del Pueblo, la fuerte onda explosiva afortunadamente no
dejó víctimas fatales ni heridas, pero sí daños importantes en el inmueble que
según estimativos preliminares puedan ascender a los siete millones de pesos.
Pedro Manuel
Loperena, sobreviviente de la masacre de la comunidad de El Limón (Riohacha)
perpetrada en septiembre de 2002 por fuerzas combinadas del Bloque Norte de las
AUC (BN-AUC) y el Ejército nacional, se desempeña desde 2006 como coordinador
de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Organización Wiwa Yugumaiun
Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) desde donde ha venido, entre otros asuntos, denunciando
insistentemente las once ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 15 de
febrero de 2005 y el 3 de agosto de 2006; movilizándose activamente en contra
de los megaproyectos turísticos, mineros, energéticos, portuarios,
agroindustriales, etcétera que progresivamente se están instalando en la SNSM y
que amenazan seriamente con erosionar la territorialidad del pueblo Wiwa
poniendo en serio riesgo su pervivencia; representando a su pueblo en el
complejo, extenuante y asimétrico proceso de diálogo y concertación con el
Gobierno nacional a propósito de las medidas cautelares que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 4 de febrero de 2005 al
pueblo Wiwa; y participando activamente en representación de los pueblos
indígenas en el Comité Departamental de Justicia Transicional del Cesar.
Adicionalmente
Pedro Manuel Loperena recientemente ha venido manifestando reiteradamente en
distintos escenarios la preocupación que le asiste al pueblo Wiwa por la
presencia, sobre todo en las partes bajas de su territorio, de grupos armados
ilegales postdesmovilización (GAI), que no dejan de generar alarma y zozobra en
las distintas comunidades.
El alevoso y
cobarde atentado del que fuera objeto Pedro Manuel Loperena se escenifica en un
momento clave en el que las empresas transnacionales que tienen intereses
económicos en los territorios indígenas de la SNSM ponen a prueba las bien
montadas estrategias encaminadas a inventar y configurar divisiones intestinas
y a conseguir que algunos líderes y dignatarios, afortunadamente apenas un
puñado, terminen fagocitados totalmente por las prebendas, canonjías y
beneficios que en este contexto les han ido otorgando.
Ahora que, de
conformidad con sus usos y costumbres y surtiendo todos los procedimientos y protocolos
tradicionales, el pueblo Wiwa materializa, en Asamblea General celebrada entre
el 1 y el 7 de febrero de 2013 en la comunidad de Atshíntujkua (San Juan del
Cesar), su deseo soberano y autónomo de hacer un recambio de sus dignatarios
entre ellos el Cabildo-Gobernador y posteriormente conocerse que la Dirección
de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior
(Mininterior) se ha venido oponiendo al registro formal de estas nuevas
autoridades, contraviniendo así abiertamente el verdadero sentir y voluntad del
conjunto del pueblo Wiwa, queda en evidencia que este actuar y proceder termina
haciéndole eco a las pretensiones de las empresas responsables de los
megaproyectos en la SNSM de cooptar y mantener liderazgos sumisos y subordinados
y construir facciones disidentes más proclives a sus intereses.
Sobre el
particular es bastante ilustrativa la afirmación realizada el 4 de mayo de 2013
en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, D.C., por quien está al frente de la
DAIRM del Mininterior a propósito de la reflexión que le planteara Pedro Manuel
Loperena en el sentido que se debería respetar y acatar la decisión tomada por
el pueblo Wiwa sin más dilaciones, a lo cual el funcionario espetó palabras más
palabras menos lo siguiente: “pongan la pelea como quieran, si la quieren
jurídica o de otra manera que yo tengo con que responder”.
En mérito de lo
anteriormente descrito, las autoridades y dignatarios del pueblo Wiwa elegidas
a principios de febrero de 2013 solicitan lo siguiente:
1. Que la
Unidad Nacional de Protección (UNP) adelante, en el inmediato plazo posible,
los estudios de riesgo a que haya lugar dirigidos a salvaguardar la vida e
integridad personal de Pedro Manuel Loperena, su familia así como a otros
dignatarios que se encuentran en riesgo.
2. Que la UNP y
la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del
Ministerio del Interior facilite todos los recursos técnicos, operativos y
logísticos para que, con la adecuada participación del pueblo Wiwa, se definan
y cristalicen protocolos y dispositivos colectivos de protección, habida cuenta
que los esquemas de protección actualmente en uso no son ni pertinentes ni
adecuados para el contexto en que trabajan y viven las autoridades y
dignatarios del pueblo Wiwa.
3. Que la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, en un escenario de interculturalidad y de diálogo de saberes, brinde
oportunamente atención psicosocial a Pedro Manuel Loperena y a toda su familia,
especialmente a las niñas, jóvenes y adolescentes que han quedado especialmente
traumatizadas con este hecho violento.
4. Que las
autoridades concernidas y competentes en las labores de investigación informen
detalladamente a las autoridades y dignatarios del pueblo Wiwa sobre el avance
de las respectivas investigaciones tendientes a esclarecer los hechos e
identificar a los autores materiales del atentado.
5. Que las
respectivas administraciones municipales de Valledupar (Cesar), San Juan del
Cesar y Riohacha (La Guajira) al igual que las administraciones departamentales
del Cesar y La Guajira convoquen lo antes posible a los respectivos subcomités
de prevención y protección de los Comités Territoriales de Justicia
Transicional para analizar los riesgos que se han configurado entorno a los
nuevos dignatarios y autoridades del pueblo Wiwa.
6. Que la
DAIRM, en la perspectiva de no continuar manteniendo una atmósfera enrarecida
entorno al proceso legítimo de recambio de los dignatarios y autoridades del
pueblo Wiwa, proceda en el inmediato plazo posible a respetar y acatar esta
decisión soberana y autónoma, sin más interferencias.
Territorio
Wiwa, Sierra Nevada de Santa Marta, 12 de mayo de 2013
OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA
