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| Periodistas de Valledupar amenazados por el llamado Ejército Anti restitución. Foto Semana |
Verdad
Abierta.
Las amenazas a ocho periodistas de Cesar por el llamado 'Ejército
Anti-restitución' son un intento de bloquear la devolución de tierras a
campesinos despojados por paramilitares.
En
los dos últimos meses los periodistas de Valledupar han publicado
sistemáticamente noticias relacionadas con la restitución de tierras y las
víctimas. Esto parece incomodarle a los grupos ilegales, que se han
autodenominado ‘Grupo Anti-Restitución’, que en la noche de este lunes dejaron
un panfleto en las sedes del periódico El Pilón y en la de la emisora Maravilla
Stereo de Valledupar, en el que amenazaban a ocho periodistas de la ciudad y
los declaraban “objetivos militar” y a su vez les daban 24 horas para
"salir de la capital cesarense”.
Esta
amenaza contra la libertad de prensa surge una semana después de que medios
locales publicaran una noticia relacionada con la denuncia de un líder de la
vereda El Toco, de San Diego, en el norte de Cesar, quien indicó que había sido
objeto de un atentado. “El presidente de la Asociación de Campesinos dijo ante
los medios de comunicación que un hombre llegó a su casa para matarlo. El hecho
ocurrió a las 8:30 p.m. del viernes en la calle 24 con 27, del barrio Líbano en Codazzi”, publicó en
su edición del 28 de abril el periódico Al Día.
Esto se daba luego de que el 13 de abril
pasado, la Unidad de Restitución devolvió oficialmente, en un acto simbólico,
un predio parcelado en la hacienda El Toco a dos familias víctimas de los
paramilitares. El fallo, que decidió la restitución de 26 hectáreas a las
víctimas de las Auc y que terminó en esta entrega de tierras, lo profirió el
Juez Primero Civil de Restitución de Tierras de Cartagena que estableció que
las tierras de los campesinos fueron
usurpadas por Hugues Rodríguez Fuentes,
reconocido cómplice de los paramilitares.
A enero de este año, en Cesar se han
presentado 2.701 solicitudes de restitución que corresponden a 167 mil
hectáreas, De estas solicitudes, 119 corresponden al municipio de San Diego y
representan cerca de seis mil hectáreas que fueron despojadas por los
violentos. (Ver informe completo).
Los campesinos que se han atrevido a pedir la
restitución de sus tierras han seguido siendo hostigados para que desistan en
sus demandas. Una integrante de la Mesa de Desplazados de Valledupar denunció
también en medios locales que el pasado 29 de abril también lo habían
intimidado. “…A las 11:15 de la mañana de ayer, el mensajero de una floristería
llegó a la casa de la mujer en la capital del Cesar, con unas hermosas flores y
cuya carta decía: “Desde hoy y para siempre vivirás en nuestros corazones, Dios
te ha llamado a su mansión eterna y descasarás para siempre”. El mensaje
termina así: “Te acompañamos: familia Mesa”.
Mientras
que este lunes 6 de mayo, en el noticiero Maravilla Informa de la emisora
Maravilla Stereo de Valledupar titularon “Directora Nacional del Incoder,
Miriam Villegas, solicitó a la Fiscalía investigar a más de 120 reclamantes de
tierras que son millonarios. Según la funcionaria, entre los solicitantes hay
desde ex congresistas hasta miembros de juntas directivas de Cámaras de
Comercio del país. El informe revelado por Noticias Caracol estableció que el
director de la Lonja de Propiedad Raíz en el Cesar y contratista de la empresa
Drummond aparece solicitando la
adjudicación de terrenos”. Esta noticia según el periodista de este espacio
radial, Jaime José Daza, no fue desarrollada por falta de tiempo y fue tomada
de un informe publicado por Caracol Noticias.
Los representantes de la Mesa Departamental de
Víctimas también denunciaron que a través de un correo electrónico a nombre de
supuestos comandos urbanos de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, fueron
declarados objetivos militares 20 reclamantes de tierra, algunos relacionados
con la restitución de predios como la Hacienda Bella Cruz, El Toco, El Prado y
Mechoacán.
Por
estas noticias y otras más alrededor del tema de restitución de tierras, las
autoridades presumen que este panfleto está asociado al cubrimiento
periodístico que han realizado los periodistas, que en su totalidad cubren
hechos de orden público y judiciales.
Katia Ospino, corresponsal de Noticias Uno,
explicó que les preocupa esas amenazas porque “si se tomaron el trabajo de
enviar una hoja intimidante como esta, es porque es en serio y por lo menos en
mi caso, si hemos publicado noticias sobre la restitución de tierras en el
Cesar, que es una situación muy delicada”.
Junto
a Katia Ospino y Jaime José Daza, están además la directora de noticias de RCN
Radio, Herlency Isabel Gutiérrez; el corresponsal de Caracol Televisión y
periodista judicial de El Pilón, Martín Mendoza; Damaris Rojas y Renier
Asprilla, coordinadora de redacción y periodista judicial, respectivamente, del
periódico Al Día, que además publican sus notas en El Heraldo; Ubaldo Anaya,
director del noticiero RPT Noticias del Canal Local 12 de Valledupar, y el
periodista judicial del noticiero La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí,
Óscar Arzuaga.
“Hemos
publicado notas de amenazas a víctimas, de restitución de tierras y de todo
tipo de hechos de orden público, no sabemos qué hacer y esto es para llamar la
atención de las autoridades y tomar precauciones porque en Valledupar somos
vulnerables”, señaló Renier Asprilla del periódico Al Día. Mientras que
Herlency Isabel Gutiérrez, de RCN Radio, sólo atinó a decir “no sé qué hago en
ese panfleto, yo solo informo lo que les pasa a ellos (las víctimas)”.
Por
lo pronto, los periodistas amenazados sostuvieron una reunión con el comandante
de la Policía Cesar, coronel Juan Pablo Guerrero, y un grupo expertos en
amenazas para tomar medidas de seguridad. El oficial anunció que por el momento
harán rondas policiales a las casas y sitios de trabajo de los periodistas, y
realizarán los estudios de riesgo de los comunicadores.
Los periodistas por su parte acudieron ante la
Fiscalía General de la Nación para denunciar de manera colectiva la amenaza y
dejaron constancia ante la Defensoría del Pueblo del Cesar.
Pronunciamiento
FLIP
Ante
esta delicada situación contra la libertad de prensa en el Cesar, la Fundación
para la Libertad de Prensa expidió una alerta manifiesta que junto Fecolper y
Andiarios tuvieron reunión con el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la
Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de
Protección (UNP), para analizar la situación de los periodistas.
“Las
instituciones y las organizaciones presentes le solicitaron a la UNP darle trámite
de emergencia a esta amenaza”.
También
recuerdan en este comunicado que el departamento del Cesar ha sido
históricamente uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio del
periodismo en Colombia, por lo que “la FLIP se solidariza con todos los
periodistas amenazados, resalta la inmediata reacción de las autoridades, y le
pide a la UNP brindar todas las medidas de protección necesarias. A su vez, le
hace un llamado a la Fiscalía General Nación para que investigue estos hechos y
se judicialice a los responsables”.
