Por Jhon Jairo Salinas/Marcha Patriótica/
Jueves, 27 de Septiembre de 2012
Durante
100 años los partidos tradicionales llevaron a los hijos del pueblo a la
guerra, en función de intereses que beneficiaban fundamentalmente a las grandes
élites. Sin embargo en los sectores del pueblo empezaba a hacerse incontenible
el clamor de los viejos problemas ir-resueltos.
Durante
100 años los partidos tradicionales llevaron a los hijos del pueblo a la
guerra, en función de intereses que beneficiaban fundamentalmente a las grandes
élites. Sin embargo en los sectores del pueblo empezaba a hacerse incontenible
el clamor de los viejos problemas ir-resueltos y los nuevos
conflictos sociales que aparecían. Al avanzar el siglo XX el campesinado seguía
sin acceso a la tierra, y el naciente movimiento obrero que luchaba por las
reivindicaciones laborales más elementales era tratado no como un problema
social sino de orden público, como lo mostraban los luctuosos hechos de Ciénaga
en 1928. (Documento Marcha Ptriòtica)
Cabe resaltar que en dicho
periodo de tiempo se organizan las ligas campesinas, compuestas por campesinos
que trabajaban en las grandes haciendas cafeteras, y exigían aumento de sus
salarios, y que las pesas con las cuales medían su trabajo, y por lo tanto su
salario, estuvieran calibradas. Dicho movimiento agrario se fortalece con el incipiente
proceso de Reforma agraria bajo la consigna “la tierra es para quien la
trabaja”, pues les permitió apropiarse de los terrenos baldíos. Esta reforma
fue implementada a través de la ley 200 de 1936 bajo la presidencia de Alfonso
López Pumarejo. “Pero la reforma se suspendió en 1944 por presiones del Partido
Conservador y de los mismos terratenientes liberales. Y aquí comienza a
liquidarse la reforma agraria. La parálisis del proceso de distribución de
tierras, fue lo que creó una condición general de violencia, tanto del Partido
Conservador como del Partido Liberal. Esto es un hecho significativo de este
periodo. Es la gasolina de toda la violencia”.
La violencia generada por
el Partido Conservador, concebida como oposición beligerante a la “chusma” –como
definían al campesinado- da origen en la década de los años 40’s a la
organización de grupos irregulares armados, llamados chulavitas o también
conocidos como pájaros en diferentes zonas del país, que operaron junto con la
policía con una clara orientación del Partido Conservador y la bendición de la
Iglesia Católica. Estos grupos son los antecedentes de los paramilitares, pues
el objetivo fue y actualmente es el mismo: desplazamiento, para eliminar al
opositor con la muerte y destinar las tierras usurpadas a proyectos productivos
agropecuarios. Las tierras o los lotes que quedaban “limpios” de liberales, los
conservadores las daban a los chulavitas como forma de pago de estos “favores”,
mientras a los campesinos desplazados les quedaban tres opciones: ir a las
ciudades a convertirse en trabajadores, colonizar la montaña (selvas o páramos)
ampliando la frontera agrícola o “enmontarse” y proteger la vida.
Estos graves hechos de
violencia se agudizan con el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán
en 1948, lo cual marca un recrudecimiento de la violencia tanto en la zona
rural como urbana de ese entonces, cuyos mayores impactos agudizaron la
acciones de los chulavitas en las zonas rurales del país. La muerte de Gaitán
es un símbolo, pero no es el inicio mismo del conflicto armado actual, ya que
éste se enraizaba en la tozuda y violenta respuesta latifundista a la justa
reivindicación campesina, aunada a la política de Estado de persecución contra
la oposición política y social.
En respuesta a la violencia
que estaba generando los terratenientes, los campesinos que huyeron hacia la
montaña se organizaron en grupos de resistencia armada. Estos grupos de
tuvieron diferentes tendencias ideológicas y formas de actuar en medio de la
violencia, variando de acuerdo a la región donde se encontraban. Es así como
gran parte de estos grupos fueron organizados por el Partido Liberal en los
años 50´s y apoyados económicamente por los comerciantes, ganaderos y
terratenientes de este partido. Paralelamente, en las antiguas zonas de las
ligas campesinas, cuyas orientaciones provenían del Partido Comunista, se
organizan grupos de autodefensa, los cuales buscaron una solución para los
campesinos que las conformaban, pues se armaron para proteger su vida, y la
posibilidad de vivirla dignamente: mediante la posesión de tierra para
trabajar. Inicialmente estas autodefensas aunque tuvieron una inclinación
política, su labor giró en torno a las actividades cotidianas del campesinado
de la época.
Las circunstancias que
generaron este fenómeno son evidentemente políticas, económicas y sociales, y
se relacionan íntimamente. Políticas en el sentido que el inicio del actual
conflicto armado fue una respuesta popular a la violencia, que materializaba la
forma de ejercer el poder o de gobernar. Y sociales y económicas, en el sentido
que las condiciones de vida del campesinado (falta de tierra, pocas vías de
acceso, ausencia de escuelas, etc.) y de los trabajadores generaron
inconformidad y levantamientos de los campesinos principalmente en una lucha
incesante por la tierra, en contravía de la creciente preocupación de los
terratenientes.
Estos antecedentes son
fundamentales para comprender cómo la historia que se esconde en la violencia
bipartidista tiene otra cara: el interés de las clases dominantes de controlar
económica y políticamente al país a costa de la muerte y desplazamiento de
miles de colombianos. Estas circunstancias sociales, económicas y políticas han
tenido cambios en el tiempo, sin embargo la violencia como forma de ejercer el
poder en nuestro país, la concentración de la tierra en pocas familias, y la
desigualdad social son constantes que aún persisten, siendo las causas
principales del conflicto que vivimos a diario. La violencia bipartidista
encubrió realmente una guerra de clase, una contra-reforma agraria efectiva y
una urbanización obligada que sobre-ofertó obreros para la economía urbana,
rebajando los salarios y aumentando las ganancias de las empresas.
Pero precisamente, ante la
inexistencia de contradicciones irresolubles entre los partidos tradicionales
mientras miles de sus copartidarios se enfrentaban a machete y escopeta, sus
jefes naturales hacen las paces en las playas del Mediterráneo, llegando a un
gran acuerdo nacional, pero sin el pueblo. Se promueve una política de
desmovilización de los grupos armados, a los que acuden incluso las expresiones
más radicalizadas de este inmenso movimiento insurgente. Sin embargo, el nuevo
régimen ni siquiera está dispuesto a garantizar la vida de los campesinos que
han entregado sus armas. En 1960 es asesinado, Jacobo Prías Alape, dirigente de
las guerrillas comunistas del Sur del Tolima, llevando a muchos campesinos a
temer por sus vidas y refugiarse en zonas de autodefensa.
El conflicto que no se
resolvía por la ausencia de garantías para los dirigentes campesinos, arreciará
por la intervención directa de los norteamericanos en nuestro país. El imperio
del Norte, enceguecido por su confrontación de la Guerra Fría, y ante el
efectivo despertar de movimientos guerrilleros inspirados en la revolución
cubana por toda América Latina, da la orden del bombardeo a las zonas
campesinas macartizadas por el conservador Gómez Hurtado como “repúblicas
independientes”. Es así como de la agresión a las regiones de Marquetalia, El
Pato, Riochiquito y Guayabero, surgen las actuales FARC.
Mientras tanto, otros
sectores políticos expresando la inconformidad creciente de capas medias
urbanas dan origen a otros grupos insurgentes como el ELN, el EPL, así como a
otros tantos. El Estado buscó desde entonces la “salida militar” y declaró la
guerra no sólo a estas organizaciones, sino gracias al seguimiento a pie
juntillas de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, emprendió una
persecución abierta contra cualquier expresión social no afín al régimen, en su
paranoica teoría del “enemigo interno”, forma larvada de la actual diatriba
anti-terrorista.
Así mismo, volviendo a su
vieja usanza, las clases poseedores relanzas sus “pájaros” con especial furor
desde la década del 80, ahora bajo el mote de paramilitares, con la innegable
anuencia de los altos mandos y coincidiendo con el empoderamiento de los
carteles del narcotráfico dentro la elite colombiana. En los 90s este fenómeno
se eleva a una verdadera política de Estado, anclada no al combate militar de
la insurgencia sino al control político, la persecución al movimiento popular y
la salvaguarda de los grandes intereses económicos de los capitales legales e
ilegales.
CARACTERIZACIÓN DEL
CONFLICTO COLOMBIANO
El proceso histórico del
conflicto colombiano no puede explicarse solamente desde sus características
armadas sino desde las causas que dieron origen a estas organizaciones que
decidieron ejercer la lucha armada.
El conflicto armado
colombiano constituye entonces la expresión más evidente de un profundo
conflicto social, que tiene su origen en las intensas desigualdades sociales
existentes al interior de la sociedad colombiana, así como en el excluyente
régimen político colombiano; la concentración de la tierra y de los demás
factores de la producción, la exclusión de las mayorías de los mecanismos de
toma de las decisiones políticas y económicas, el aniquilamiento físico de la
oposición, como en el caso de la Unión Patriótica UP constituyen muestras de
dicha realidad. La actual desigualdad social, ha sido una constante en nuestra
historia y está fundamentada en el enriquecimiento de un sector minoritario de
la sociedad mediante el desplazamiento del campesinado, la explotación de los
trabajadores y el empobrecimiento del pueblo colombiano en general.
Pese a lo anterior, la
posición oficial del régimen uribista ha sido la de desconocer las raíces
sociales del conflicto y limitar la acción armada a un simple actuar de bandas
del narcotráfico, donde paramilitares y guerrillas significan lo mismo y su
lucha se dá en la competencia que existe por rutas y mercados de la droga. Bajo
este argumento la lucha armada no comprende ningún fin político, por lo tanto
discusiones como el estatus de Beligerancia, el intercambio de prisioneros y la
solución política del conflicto no tiene cabida en la agenda política del
gobierno nacional.
Seguidamente otra
característica propia del gobierno nacional es la de dibujar la lucha armada y
social en el marco de la acción preventiva, el enemigo interno, y los grupos
terroristas. Desde esta lógica, todo accionar armado se reduce a hacer parte de
una “amenaza terrorista” latente al interior del territorio que quiere atentar
contra el gobierno nacional y el gobierno estadounidense. La lucha social se
estigmatiza como “apología al terrorismo” y de esta forma se manipula y
doblegan las intenciones de cambio y transformación social, generando un hilo
de vulnerabilidad sobre las poblaciones y sectores sociales que se atrevan a
proponer nuevas formas de vida.
Este sometimiento
ideológico se fortalece con la ayuda económica y tecnológica, recibida del
gobierno estadounidense y la entrega de territorios para que los militares
extranjeros instalen sus bases de dominación supranacional.
Bajo estos preceptos
ideológicos del terrorismo, el gobierno nacional desconoce la existencia del
conflicto social y armado y cierra toda posible vía que nos lleve a encontrar
una solución política y negociada entre los diversos actores.
Ante esta actitud, se
contrapone la de la sociedad internacional vecina, principalmente Venezuela y
Ecuador, quienes padecen los alcances del conflicto colombiano y sus
incidencias en sus propios países. Estos gobiernos han promovido a nivel
internacional una cruzada para la solución política y negociada en Colombia,
para lo cual han puesto recursos y presupuestos en pro de lograr dosificar los
impactos de nuestra guerra nacional.
Así mismo, diferentes
organizaciones sociales y populares que recogen varios sectores de la
población, han articulado diversas iniciativas en pro de la solución política
del conflicto, promoviendo a través de un dialogo fluido con la guerrilla de
las FARC–EP, liberaciones unilaterales de rehenes que permitan tomar confianza
hacia un acuerdo humanitario, - intercambio de prisioneros de guerra -, como el
primer paso, para que las partes logren sentarse en la mesa a dialogar, y así
generar caminos de paz que permitan la eliminación de las causas políticas,
económicas y sociales promotoras del conflicto y de la desigualdad social que
reina en nuestro país.
PERSPECTIVAS HACIA LA
SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO
1. El reconocimiento del
conflicto en su complejidad es un paso necesario en la búsqueda de su solución.
El actual conflicto no se reduce sólo a su dimensión armada, sino que la
exclusión de orden económico, político y social se encuentra en la raíz del
mismo, siendo parte integrante de éste. Así mismo, el entendimiento de la
solución del conflicto como motor de cambio social y el reconocimiento del
papel activo que todos los colombianos -no sólo de las partes enfrentadas en la
confrontación militar- debemos asumir en su solución, son indispensables en la
búsqueda de salidas estructurales y de largo plazo para terminar la guerra.
Otro de los reconocimientos
que debe hacerse es que la vía militar como forma de resolver el conflicto ha
fracasado, hecho que ha sido demostrado a través de décadas, ya que ha sido la
apuesta de “solución” hecha por el establecimiento durante los ya casi 50 años
de guerra. El mito de la victoria militar como salida al conflicto no
constituye una solución real ni estructural al mismo, puesto sus profundas
raíces sociales hacen que su superación vaya más allá de la rendición de alguno
de los contendientes armados.
Nuestro largo conflicto
social y armado es un problema que debe ser resuelto de raíz, aprendiendo de
las experiencias fallidas. La única salida duradera y sólida es la solución
política y la búsqueda caminos de paz cimentada en la justicia social. La
solución política al conflicto social y armado debe entenderse como el proceso
de transformaciones políticas, sociales y económicas necesario para la
superación de las causas estructurales que le dieron origen. La solución
política no es la pax romana no como la paz de los sepulcros sino la generación
de condiciones económicas, sociales y políticas para que las mayorías
tradicionalmente excluidas lleguen a tener condiciones de vida y de dignidad
necesarias para la solución de los conflictos por vías diferentes a la armada.
La solución política requiere
de la participación y acompañamiento de todas las fuerzas vivas del país,
afectadas e involucradas dentro del mismo. Cualquier apertura de diálogos que
pretenda construir salidas estructurales al mismo debe iniciarse con la
construcción de una agenda de paz que integre los aspectos propios del
desarrollo de la guerra, pero también sus causales y combustibles. En estos,
deben tratarse los grandes temas nacionales que generen garantías para la paz,
estos incluyen la apertura democrática del sistema político colombiano, así
como la resolución de problemáticas sociales acuciantes como las de la
concentración de la tierra y el desempleo, es decir, se trata de la paz en una
condición de justicia social.
Desde el Cabildo Abierto
hacemos un llamado a los movimientos sociales para hacer confluir sus
propuestas y reivindicaciones con la apertura de un verdadero proceso de
diálogo en pos de la salida política. El problema de la guerra y la paz no es
una cuestión de los grupos en conflicto sino de toda la sociedad colombiana y
nuestro compromiso activo es un deber de todos los demócratas, humanistas y
luchadores sociales. Parte angular de una verdadera solución política será un
amplio y fuerte movimiento de masas por la paz de nuestro país, deliberativo,
propositivo y dispuesto a la movilización en pos del clamor central de nuestro
pueblo: la paz con justicia social.
Una solución política del
conflicto requiere de un Estado que brinde garantías para la asociación, para
la movilización ciudadana y para el ejercicio de la oposición política, en el
que la democracia supere el marco limitado de las libertades individuales
reivindicadas por la burguesía hacia el reconocimiento de una libertad
colectiva que sólo es posible concretar por medio de la justicia social.
Los cambios requeridos para
la salida política del conflicto son estructurales, estos deben incluir
reformas políticas e institucionales sustanciales, en función de las cuales se
hace necesaria la concreción de una nueva Constituyente a través de la cual
puedan repensarse las bases sobre las que se construirá el país.
2. El intercambio
humanitario de prisioneros constituye un paso esencial en la búsqueda de
salidas políticas al conflicto, puesto que éste sigue constituyendo la única
alternativa real que existe para garantizar el retorno a la libertad de la
totalidad de los retenidos políticos sin poner en riesgo su integridad física.
El sufrimiento de los militares retenidos, de los presos políticos y de sus
respectivas familias, debe aliviarse cuanto antes, convirtiéndose en un paso
certero hacia verdaderos acuerdos que avancen en la finalización de la guerra.
Mientras tanto, el
gobierno, sigue sometiendo a los prisioneros a la ruleta rusa de los rescates
militares que pueden comprometer la integridad física y la vida misma de los
retenidos -cómo ha sido demostrado en múltiples oportunidades-, o al
intercambio de dinero por retenidos, bajo fachadas de operaciones rimbombantes
o bajo nombres eufemísticos como las llamadas “acciones humanitarias de
autoridad” . Esta parece ser la única propuesta hecha por el actual gobierno,
síntoma del tratamiento dado por este a los militares retenidos como trofeos de
guerra intercambiables por una suma de dinero, poniendo por encima de la
libertad de nuestros compatriotas la tozudez de mostrarse fuerte aún a costa
del sufrimiento de los cientos de colombianos privados de su libertad.
El intercambio de
prisioneros no implica la rendición de ninguna de las partes ni tampoco la
desmovilización de quienes son liberados, no constituye tampoco un “intercambio
humanitario de claudicación” como argumenta Álvaro Uribe, pues ninguno de los
contendientes armados que tienen en su poder retenidos del otro bando estarían
declarando su rendición como el concepto de claudicación lo insinúa. No obstante
constituye un paso esencial para avanzar hacia la conquista de la tan anhelada
paz con justicia social, partiendo del reconocimiento del contrario y la
construcción de confianzas para la resolución del conflicto.
El intercambio humanitario
tiene antecedentes históricos nacionales e internacionales. Desde el Tratado de
Armisticio y Regularización de la Guerra firmado entre Bolívar y Morillo en
1820, hasta el Acuerdo de Los Pozos realizado en 2001 demuestran la viabilidad
jurídica, política y humana para la libertad de los retenidos por los bandos.
No es un problema numérico frente a los prisioneros. Un estado como el de
Israel ha firmado un intercambio humanitario en el año 2008 con un grupo como
Hezbollá, donde ha liberado importantes 5 importantes presos políticos
condenados a cadena perpetua a cambio de recibir los cuerpos de dos soldados
israelíes. No hay tampoco impedimento judicial para la liberación de los
prisioneros de guerra, ni de la de los presos de conciencia, cuando el mismo
presidente Uribe excarceló unilateralmente y extra-procesalmente al guerrillero
Rodrigo Granda. El problema del intercambio ha sido y sigue siendo la voluntad
política, y desde el Cabildo Abierto seguiremos en la brega por obtener escucha
a este clamor.
3. El fracasado proceso de
paz con los paramilitares demuestra que la entrega de armas no es garantía para
la resolución del conflicto; un proceso truncado ya que no existe ni verdad ni
reparación para las víctimas ni para el país, que no se compadece con el
ingente daño causado por estas bandas a millones de colombianos.
El paramilitarismo sin
dejar de operar se ha renombrado como “bandas emergentes”, “águilas negras”,
“BACRIM” y en muchos casos ha legalizado su labor a través de la acción directa
de las FFMM oficiales, como lo demuestran los tristemente célebres “falsos
positivos.” El verdadero desmonte del paramilitarismo debe partir de una
decisión de Estado, atacando realmente a la fuerza social que se esconde tras
él: los especuladores del negocio de la tierra, las grandes transnacionales,
los altos mandos militares, y los gamonales del clientelismo, en contubernio
todos con las mafias del narcotráfico.
La extradición de los
máximos jefes desmovilizados ha dificultado en extremo las claridades
necesarias sobre los crímenes de guerra cometidos, sus cómplices y la
continuidad de la violencia paramilitar en la actualidad. El retorno de los
jefes paramilitares a Colombia para rendir cuentas ante nuestra justicia, para
pagar por los crímenes cometidos en nuestro país y para cumplir con su deber de
informar toda la verdad oculta hasta hoy en torno a su financiación, apoyo y
relacionamiento, es una condición ineludible para la paz. Las tierras y demás
bienes arrebatados a sangre y fuego a los campesinos y al pueblo colombiano,
deben volver a sus verdaderos dueños y no seguir extraviadas entre los
testaferros y el Estado.
4. La superación del
conflicto social y armado requiere de unas Fuerzas Militares para la paz, cuya
base sea un nuevo mando militar formado en la defensa de nuestra soberanía
nacional y el respeto a las libertades ciudadanas; Colombia necesita una nuevas
FFAA purgadas de la Doctrina de Seguridad Nacional con base en la cual ha
actuado durante décadas bajo el supuesto de la existencia del “enemigo interno”.
La depuración de la oficialidad implicada en violaciones de DDHH en asocio con
el paramilitarismo y el narcotráfico, en asesinatos de civiles como los
denominados “falsos positivos” y en casos de corrupción, es otra de las tareas
ineludibles hacia la consolidación de la paz. Se requiere barrer con cualquier
resquicio del fuero militar detrás del que pretenden esconderse los criminales
de guerra y rechazar firmemente los intentos fascistas por la restitución de
modalidades afines a la impunidad.
El presupuesto de estas
FFMM debe ser coherente con las nuevas necesidades del país; no es sostenible
para un país que aspira saldar la brecha social que ha sido combustible del
conflicto armado, mantener un presupuesto militar cercano al 7% del PIB
requiriendo cada año el aumento de la carga tributaria para alimentar la guerra
como sucede en la actualidad, con un pie de fuerza hipertrofiado que se ha
cuadruplicado en la última década y un pasivo pensional que crece hacia el
infinito. En ningún otro momento de la historia colombiana el porcentaje de
inversión en guerra fue tan alto, este presenta una tendencia creciente desde
el año 1991, pasando del 2% al 6,32% en 2007 y al 6,5% en 2008. Este
corresponde al más alto nivel de inversión en guerra del continente americano y
a uno de los más elevados del mundo, por encima de Estados Unidos (4,04% del
PIB) o los países europeos pertenecientes a la OTAN (alrededor del 2% del PIB).
La salida política al conflicto requiere de la reducción y readecuación
técnica, presupuestal y operacional del Ejército para la preservación de paz en
las fronteras; la Policía deberá reorganizarse para garantizar la seguridad
ciudadana.
5. Una salida política
requerirá también del cese de las políticas intervencionistas que han estado
presentes en las diversas etapas del conflicto y que han constituido uno de los
motores centrales de su escalamiento. El episodio más reciente de
intervencionismo en el conflicto colombiano lo constituye la firma del
denominado “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en
defensa y seguridad” entre Colombia y los EEUU, en el marco del cual se
autoriza al personal militar norteamericano el acceso y uso de al menos siete
(7) bases militares colombianas. Estas bases neocoloniales, aunadas a décadas
de intervención militar directa a través de asesores, financiación,
instructores, ayuda técnica y demás son violatorias a nuestra independencia y
mancillan la gesta patriótica por la que regaron su sangre los colombianos hace
200 años.
La decisión de Washington
de hacer expresa su participación en la guerra colombiana se explica gracias a
que nuestro conflicto se ha convertido en una verdadera conflagración regional.
De forma vergonzosa el suelo patrio se ha convertido en la cabeza de playa de
los yanquis para la agresión a los gobiernos alternativos de Suramérica. Por
ello la paz en nuestro país, es la paz para el continente: el desarme de las
bases norteamericanas, el retiro de la IV Flota y el desmonte del Plan Colombia
II, son caminos certeros para desactivar la carrera armamentista que perjudica
a la región.
Dada esta dimensión del
conflicto colombiano, visualizamos la participación de la comunidad
internacional como esencial en el proceso de solución política, enmarcada ésta
dentro de los principios de soberanía nacional e independencia política.
Planteamos a la Comunidad Suramericana de Naciones, UNASUR, como mediador para
el inicio de diálogos de paz, partiendo de escuchar a las partes en contienda.
La búsqueda de la salida
política al conflicto requiere de la construcción de propuestas en torno a un
nuevo país, así como de la definición de una agenda de lucha y movilización de
los sectores sociales comprometidos con esta opción. La Marcha Patriótica y el
Cabildo abierto por la Independencia no pueden ser inferiores a esta necesidad
histórica, y deben aportar en tal sentido; no puede desaprovecharse esta
magnífica oportunidad en la que miles de colombianos procedentes de diversas
regiones del país, afectados por el conflicto en sus múltiples expresiones y
afines a la salida política nos congregamos para celebrar el bicentenario de
nuestra primera gesta independentista, así como la continuación de la lucha por
una independencia definitiva. La construcción de una agenda nacional de lucha
por la solución política y un gran movimiento de masas por la paz y el
intercambio humanitario es una labor histórica ineludible en la que estamos
llamados a contribuir.
¡Marcha Patriótica¡
