Por Alberto Pinzón Sánchez
(Ponencia
leída el 09 de abril del 2013 en la Universidad del País Vasco. Bilbao)
Voy a
hacer un corto recorrido, sobre los principales intentos de paz que se han dado
en Colombia, tratando de hallarle una solución al largo e histórico conflicto
social y armado, para intentar sacar algunas conclusiones que, permitan
continuar avanzando hacia la Solución Política de la grave crisis generalizada en
la que actualmente se debate nuestro país.
Lo
primero que debemos considerar es que, Colombia como parte del globo terrestre,
quiéranlo o no los Dominantes colombianos, está también inmersa en la crisis global
civilizatoria actual. Colombia no es ninguna isla paradisiaca aislada del resto
del mundo, habitada por los buenos salvajes que describieron los colonizadores europeos,
sino una excepcional y muy rica esquina geoestratégica de Suramérica, a la cual
también ha llegado el gigantesco vendaval socioeconómico originado en el centro
de las tres grandes potencias del capitalismo desarrollado, USA, Europa y Japón,
hoy expandida por todo el mundo.
Y
como segunda consideración se debe tener en cuenta que Colombia tiene una
particularidad muy propia, determinada por su historia: Después de la grandiosa
batalla de Ayacucho en la que nuestro Padre Simón Bolívar, junto con el
mariscal Sucre derrotaran a al poderoso Imperio español y, como consecuencia de
la descomposición del régimen colonial, fue convertida por la oligarquía de
esclavistas, terratenientes y exportadores que salió triunfante de la guerra de
liberación, en un permanente campo de batalla, en el cual durante el siglo XIX se
dieron 9 grandes guerras civiles (un promedio de una guerra a cada diez años,
la última prolongada hasta 1902), todas ganadas por los santanderistas y que asolaron
al país y lo hincaron ante el gobierno de los EEUU para que lo desmembrara y se
apoderara de la estratégica provincia de Panamá.
En el
Siglo XX, Colombia ya convertida en un enclave imperialista para la explotación
bananera y la extracción petrolera minera; continuó siendo el campo de batalla
del siglo anterior, pero esta vez, con un ejército unificado y entrenado militarmente
por las potencias imperialistas. Entonces, la lucha tomó otra dirección; ya a
no se dio entre las fracciones de la oligarquía por definir su hegemonía y
usufructo del dinero público, sino contra los trabajadores, tanto del campo
como de la ciudad, quienes recibieron el bautizo de sangre relatado a en Cien
años de Soledad, en la inolvidable masacre de la zona bananera de Macondo de
1928, cuando más de tres mil trabajadores de la empresa bananera Yunai Fruit
company fueron ametrallados por el ejército Colombiano al mando del general
Cortes Vargas.
Igual
bautizo de sangre, recibieron poco después los trabajadores petroleros de la
tropical oil company en Barranca, los braceros y bogas del rio Magdalena, y los
campesinos especialmente los jornaleros de la región andina que pedían reformas
en el campo y que nunca llegaron. Por el contrario, cada solicitud popular fue respondida
con las armas y el endurecimiento represivo de los gobiernos bipartidistas, hasta
desembocar en 1946, en la dictadura liberal conservadora del falangista Ospina
Pérez, quien como parte integrante de la naciente política norteamericana de la
guerra fría contra el comunismo, inició el ciclo de la violencia bipartidista, cuyo
momento culminante es la ejecución en Bogotá por parte de los servicios
secretos de los EEUU, del gran dirigente popular Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de
abril de 1948. Fecha desde entonces convertida, en un símbolo imborrable de la
movilización popular y social en Colombia.
Este
ciclo de violencia bipartidista se prolongó hasta 1957,cuando el liberal
maltusiano Lleras Camargo y el falangista conservador Laureano Gómez, firmaron el
pacto de Sitges en Cataluña, para detener aquella orgía de sangre y despojo,
pero solo cuando ya se había logrado el objetivo maltusiano de eliminar más de
300 mil pobladores agrarios y se había realizado el despojo de cerca de 14
millones de hectáreas de las mejores tierras de Colombia, para dedicarlas a la
renta parasitaria de la ganadería extensiva, con el ideal de que cada vaca
debía tener una hectárea de tierra para pastar, y bajo la consigna eficiente de
que sin guerra no hay tierra
Sin
embargo, una crisis tan gigantesca que se intentó resolver con un pacto en las
alturas del Poder bipartidista, continuó sus efectos arrasadores en la base
social, y aquella violencia sectaria entre el pueblo raso dividido
arbitrariamente entre liberales y conservadores, hizo brotar el él la conciencia
de clase, tornándose en una lucha de resistencia al exterminio ejercido desde
el Poder central contra los trabajadores, especialmente agrarios. Entonces la
guerra sectaria entre pobladores liberales y conservadores, se trasformó en una
guerra oficial contra el pueblo trabajador, revestida de guerra contra el
comunismo, azuzada y apoyada abiertamente por el Pentágono estadounidense.
Así
fue como los bombardeos masivos, iniciados en 1954 por el dictador conservador
Rojas Pinilla contra algunas regiones agrarias como Villarica y el Sumapaz, donde
existía alguna influencia del partido comunista; diez años después, en 1964, dieron
paso a los bombardeos del Plan Lasso ( Latin American Security Operation) elaborado
en la embajada de los EEUU en Bogotá, con el objetivo militar de exterminar las
imaginarias “republíquelas independientes” de Marquetalia, Riochiquito, el rio
Pato y Guayabero señalizadas por el hijo de Laureano Gómez y que para capricho
de la historia, daría origen al movimiento de resistencia campesina que un año
después, en 1965, se convertiría en las hoy conocidas FARC-EP; mientras que
simultáneamente surgirían en la región del Carare el ELN, y en el alto Sinú el
EPL.
Desde
entonces hasta hoy, abril de 2013,cada uno de los gobiernos bipartidistas de
Colombia no ha intentado resolver el conflicto así gestado, sino más bien, ha utilizado
una política invariable de obligar por las armas la insurgencia guerrillera a
que negocie su rendición, mientras administra el conflicto armado y lo usa para
expandir el llamado mercado nacional por toda la geografía del país, es decir para
desarrollar y ampliar el capitalismo dependiente, mediante el lucro producido
por el despojo y la acumulación permanente de capital multinacional, incluso
introduciéndole desde la década de los 70 del siglo pasado, los gigantescos capitales
ilegales provenientes de las bonanzas del narcotráfico.
Por
ejemplo, con la llamada ventanilla siniestra en el banco de la república de los
gobierno de López Michelsen y Turbay Ayala, o en 1994 eligiendo presidentes
financiados por este capital narco. Pero fundamentalmente, para aumentar la
dependencia de todo tipo y en especial la dependencia militar al Imperialismo
norteamericano, que en la actualidad posee 9 grandes bases militares en
territorio Colombiano, con el fin geoestratégico de continuar adelantando, bajo
otros disfraces y con otros nombres, el Plan Colombia /Iniciativa Regional
Andina.
La palabra DDR, aquí ya no significa la
malhadada experiencia europea de la Deutsche Democratische Republic, sino la
política de Desmovilización Desarme y Reinserción de la guerrilla, que como una
obsesión política invencible, ha tenido la clase dominante y dirigente de
Colombia durante los últimos 35 años de conflicto, pues en los 14 años que van de
1965 a 1978 , no se utilizó por los gobiernos del llamado Frente Nacional ninguna
estrategia de paz diferente al control militar del Orden Publico, reforzado con
la estrategia paramilitar recomendada por escrito en 1960, por la misión del US
Army en Colombia, comandada por el general Yaranborough, como bien lo ha
documentado el sacerdote jesuita Javier Giraldo.
Demos
entonces una mirada a vuelo de pájaro, de los llamados procesos de paz
realizados por los sucesivos gobiernos de Colombia a partir de 1978, hasta hoy,
para entender cómo, la política de paz implementada por la clase dominante y
dirigente del Estado colombiano, categorizada con el concepto sociológico de
oligarquía latifundista y financiera trasnacionalizada; ha consistido simplemente
en desarrollar ex profeso, un modelo inflexible e ineficaz de resolución de
conflictos sociales, que se reduce a la elemental táctica política de anteponer
frente a las organizaciones guerrilleras, un laberinto insoluble de aparatos
burocrático jurídicos de Estado, encaminados únicamente a lograr su
Desmovilización Desarme y Reinserción o (DDR), con el fin de evitar realizar
las necesarias trasformaciones sociales que son la base del conflicto, lo
alimentan y lo reproducen, logrando de contramano eludir su responsabilidad
social e histórica como clase gobernante, para endosársela a la guerrilla bajo la
pérfida sindicación de que estas no desean ninguna paz y mienten, cuando hablan
de paz.
1978-1982. Gobierno de Julio César Turbay
Ayala
Por
recomendación del expresidente liberal Lleras Restrepo, Turbay Ayala, conocido
como el presidente del estatuto de la seguridad nacional, instaló a fines de
1981 un Comité de Paz ad hoc, conformado por monseñor Revollo a nombre de la
Iglesia católica, el comandante de las Fuerzas Militares Forero Delgadillo, y representantes
del poder presidencial como Agudelo Ríos, para que estudiara la situación de
orden público y formulara recomendaciones con el fin de aclimatar la paz y
crear un ambiente favorable para que los guerrilleros se acogieran a la
constitución colombiana. El presidente Turbay rechazó las recomendaciones de
esa comisión argumentando que desmoralizarían al Ejército y, la comisión se
desintegró con pena y sin gloria
1982.1986. Gobierno de Belisario Betancur
Cuartas
Belisario
quien subió a la presidencia criticando las torturas militares y demás excesos
represivos de su antecesor Turbay, cometidos al amparo del estatuto de la
seguridad nacional; inició una política “social-conservadora” de una paz
idealizada e improvisada, sin contar con la quinta columna existente dentro de
su gobierno, a quienes se limitó a llamar “enemigos ocultos de la paz”, pero
quienes al final resultaron triunfadores. En septiembre de 1982 instaló una
comisión de paz asesora del gobierno nacional con 40 celebridades colombianas, entre
quienes se destacaba la ascendente estrella de Noemí Sanín, quien hoy, 31 años
después, ostenta orgullosa un pasaporte del Estado español.
Dicha
comisión tenía como principal “presentar al ejecutivo y demás ramas del poder
público, las alternativas de acción dignas de estudio, para que los agentes
subjetivos de la subversión puedan incorporarse a la clara normalidad de su
patria, que los espera”.
4
meses después, Betancur nombró 4 altos comisionados de paz, uno de la iglesia católica,
otro de las fuerzas militares, un tercero del gobierno y el último del sector
empresarial privado, además de una consejera de asuntos de paz, con el fin de
que sirvieran de canales de comunicación entre él, y la comisión asesora de paz.
Pero más
pronto de lo esperado, brotaron las típicas contradicciones de los dominantes
colombianos por el dinero para la clientela electoral, y el director de la
comisión Morales Benítez debió aclarar que: “la comisión no maneja dineros, no
realiza obras públicas, ni reparte tierras, ni dirige las tareas de la
rehabilitación; quienes vigilan las inversiones y siguen el curso de las obras de
rehabilitación son los altos comisionados; ellos son los gerentes de paz. Ellos
pueden hablar de plata contante y sonante”.
Pese
al avance de la estrategia paramilitar del Estado que se venía implementando
desde 1960, tres meses después Morales Benítez debió hacer aquella dramática y
conocida declaración de “los enemigos agazapados de la paz, quienes por fuera y
por dentro del gobierno tratan de impedir la paz. Contra esas fuerzas
reaccionarias que en otras épocas lucharon como hoy con sutileza contra la paz
y lograron torpedearla”. Pese a esta dificultad, el gobierno Betancur, en marzo
de 1884, logró firmar con las Farc los acuerdos de la Uribe, que un año después
darían origen al partido político Unión Patriótica. Y para darle cumplimiento a
los acuerdos, un mes más tarde crea otra comisión nacional de verificación.
El nuevo aparato burocrático para la DDR, continuó
en expansión a pesar del ambiente de zozobra e incertidumbre creado por la
quinta columna enemiga de la paz, y entre julio de 1984 a noviembre de 1985,
fecha en que el grupo guerrillero M-19 se tomó el palacio de justicia de Bogotá.
Entonces se creó otra nueva comisión nacional para negociar con el M19, el EPL
y el ADO, junto con más diez 10 subcomisiones de dialogo nacional, y se conformó
otra comisión de paz, dialogo y verificación como remplazo de las demás
comisiones que venían funcionando.
Con
la quema del palacio de justicia en noviembre de 1985, los enemigos agazapados
de la paz endurecen su oposición a las iniciativas del gobierno Betancur, y la
ofensiva exterminadora contra los desmovilizados y militantes de la UP
adelantada por aquellas fuerzas reaccionarias ocultas, pero ya estructuradas como
una herramienta paramilitar del Estado, se configura una sin salida. Sin
embargo, Betancur insiste y logra mejorar un poco el ambiente político en favor
de la paz, con los acuerdos de diciembre de 1985, con dos destacamentos del ELN
y la prórroga de los acuerdos de marzo del 86 con las FARC. Finalmente la
comisión empieza a desgranarse como una mazorca de maíz con la renuncia
paulatina de sus miembros, y el 5 de agosto de 1986, el presidente debe oficializar
la desintegración de la misma.
1986-1990 Gobierno de Virgilio Barco
Vargas
Durante
los 4 años del gobierno liberal de Virgilio Barco, se dan dos hechos
fundamentales: uno, se desarrolla gran parte del plan de la inteligencia militar
llamado Baile Rojo con el que se exterminó a la Unión Patriótica y dos, los
narco-para-traficantes hacen irrupción pública. Sin embargo, la política de DDR
de Barco, aunque fue bastante más simple que la de su predecesor, también fue
rica en aparatos jurídicos y comisiones.
El ministro del interior Cepeda Ulloa, aclaró
el trabalenguas presidencial de la siguiente manera: “el presidente Barco dijo,
no creamos la ilusión de que va a haber paz. Nosotros podemos aspirar a
normalizar la situación pública, no podemos aspirar a que haya paz. No va haber
paz. No creemos en esa ilusión, aquí lo que vamos es a lograr normalizar la
situación”. En efecto, en agosto del 86 se conforman dos aparato jurídico
políticos paralelos denominados, consejería para la reconciliación
normalización y rehabilitación, y el plan nacional de rehabilitación. Pardo
Rueda, actual ministro de trabajo del gobierno Santos, en aquel entonces director
de esa consejería, complementó la sutil política oficial de paz de Barco de la
siguiente manera: “Se trata de omitir la palabra paz y reemplazarla por tres
largos conceptos: reconciliación, normalización y rehabilitación,
desprendiéndola del simplismo convencional de identificarla solo con diálogos
con la guerrilla”.
1990-1994 Gobierno de César Gaviria
Trujillo
César
Gaviria, antiguo ministro de gobierno del gobierno Barco, dio continuidad en
los puntos básicos de la estrategia de paz del anterior gobierno, con una
ligera modificación: el modelo DDR negociado con el M–19 y concluido con la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se convirtió en el ejemplo inflexible
a seguir durante toda la administración Gaviria. Por ejemplo, el mismo día en
que se llevaban a cabo las elecciones para definir los constituyentes (9 de diciembre
de 1990) las Fuerzas Armadas bombardearon “casa verde”, lugar donde se
encontraba el Secretariado de las FARC, eliminando por la vía militar cualquier
posibilidad de acuerdos políticos con este grupo y con los demás que aún
formaban parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Sin embargo dos
nuevos aparatos burocráticos se conformarían para enfrentar la reacción
guerrillera: la consejería presidencial para la defensa y la seguridad nacional
a cargo del ascendente burócrata Rafael Pardo Rueda, y la consejería presidencial
para Medellín a cargo de la luminosa María Emma Mejía.
En
1991, después de un accidentado proceso político a favor de un dialogo por la
paz, desarrollado por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; el gobierno
Gaviria se vio forzado a iniciar formalmente las conversaciones de paz en
Caracas, las cuales poco después se trasladaron a Tlaxcala (Méjico). Como
respuesta administrativa, Gaviria nombró como responsable de las mismas a Jesús
(chucho) Bejarano, asignándole nuevas funciones presidenciales. En enero de
1992, Bejarano es remplazado por Horacio Serpa Uribe, quien 4 meses después y
de común acuerdo con los delegados de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, dio por terminadas las conversaciones de paz.
Durante
el desarrollo de estas conversaciones de Caracas y Tlaxcala, el gobierno
Gaviria conformó como complemento la comisión consultiva para el Orden Público,
y el famoso carrusel burocrático de la paz liderado por Bejarano, conformado
por una pléyade de asesores oficiales, todos hoy vigentes como Ricardo
Santamaría, Carlos Eduardo Jaramillo, Tomás Concha, Reynaldo Gary, Gonzalo de
Francisco, Eduardo Díaz Uribe y José Noé Ríos, entre otros.
Para
fines de 1991, el gobierno Gaviria logra acuerdos de DDR con el EPL, el PRT y
el Quintín Lame, y para vincular al empresariado privado en tal gestión, creó
en septiembre 1991, otra comisión asesora de reinserción dirigida por el actual
miembro del equipo negociador de Santos Ricardo Santamaría, para que articulara
con el propio presidente Gaviria, el aporte privado a la reinserción.
En noviembre de 1993, se restructura la consejería
para la paz a cargo de Carlos Eduardo Jaramillo, quien acompañará a Gaviria
hasta el final de su mandato, concretando acuerdos de DDR , con la Corriente de
Renovación Socialista, las milicias de Medellín, y el Frente Francisco Garnica
del EPL. La política gubernamental de la DDR, había obtenido un claro aunque
parcial triunfo al haber desintegrado la coordinadora guerrillera Simón Bolívar
y reinsertado gran parte de sus integrantes. Solo continuaron resistiendo en
armas las Farc –EP, el ELN y una pequeña fracción del EPL.
1994.1998 Gobierno de Ernesto Samper
Pizano
El
gobierno de Samper Pizano, da otro desarrollo burocrático de la DDR. Buscando
aliados que le ayudasen a enfrentar el conocido escándalo del financiamiento
electoral por el narcotráfico llamado proceso ocho mil, Samper nombró a Carlos
Holmes Trujillo, conocido jefe político de la derecha liberal como alto comisionado
para la paz, debiendo aclarar posteriormente en otro decreto presidencial, que
este cargo estaba dentro de la consejería presidencial para la paz bajo la
dirección de José Noé Ríos.
Además,
conformó otra instancia de carácter consultivo: la comisión de acción para la paz,
encargada de desarrollar el asunto financiero, tan caro a su gestión; la cual
ampliaría y dejaría establecida a través de la Ley 368 de 1997y reforzaría con la
creación del fondo de programas especiales para la paz, o cuenta del departamento
administrativo de la presidencia, destinado a apoyar financieramente las
funciones del alto comisionado para la paz.
Samper,
considerando insuficiente todo el anterior aparataje DDR, estructuró en julio
de 1995, una nueva comisión facilitadora de paz para la reinserción del pequeño
residuo del M-19 llamado Jaime Bateman Cayón. La responsabilidad recayó esta
vez en el Arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo Jaramillo, en el administrador
Arquidiocesano de Cali Héctor Gutiérrez Pabón, la secretaria de gobierno del
Cauca, el rector de la Universidad Libre de Cali, junto al ex-combatiente del
M-19 Germán Rojas Niño y el presentador de los cuenta-chistes en televisión, Alfonso
Lizarazo.
Y para
a agosto del 95, con participación de la iglesia católica, los gremios
económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de
comunicación, organizó otra nueva comisión de conciliación nacional, integrada
por sectores de la Iglesia católica, los gremios económicos, políticos y representantes
de los medios de comunicación para que ayudaran en el asunto de la paz.
Por si fuera poco, en Julio de 1998, luego de
la declaración de Viana en España y la declaración de Mainz en Alemania, Samper
creó el comité operativo preparatorio de una posible convención nacional con el
ELN, y junto a este comité operativo, actuó el comité nacional de paz.
Por último, en abril de 1995, el presidente
Samper creó la comisión facilitadora de paz de Antioquia, por decisión de la
gobernación del departamento en ese entonces a cargo de Álvaro Uribe Vélez.
Destacamos este hecho, porque esa fue la primera iniciativa DDR de tipo regional
en la que el gobierno central daba autorización a una gobernación
departamental, y sería pieza clave en la etapa exploratoria que terminaría 10
años después, con la DDR de los grupos paramilitares durante el gobierno de
Uribe Vélez.
1998-2002 Gobierno de Andrés Pastrana
Arango
Sin
grandes variaciones, Pastrana continuó la lógica de los aparatos burocráticos
jurídicos para la DDR, nombrando a Víctor Gumersindo Ricardo, como alto comisionado
para la paz en la consejería presidencial para la paz, junto a Camilo Gómez
Alzate como su secretario privado y poniendo en funcionamiento el consejo nacional
de paz, junto con el comité nacional de paz.
Pastrana
con el compromiso hecho al presidente de los EEUU Bill Clinton, para adelantar
el Plan Colombia elaborado en 1997 en EEUU, y en pleno auge del narco-
paramilitarismo, pasó de la fase exploratoria con la guerrilla de las FARC –EP,
a iniciar el proceso de diálogo y negociación que denominó “negociar la paz con
las FARC medio de la guerra”. Decretó en noviembre de 1998, la denominada zona
de distensión del Caguán y concentró los esfuerzos presidenciales e
institucionales en la constitución de la mesa nacional de diálogo y negociación
y en un comité temático nacional.
El 7
de enero de 1999, día de la instalación formal de los diálogos, designó como
negociadores gubernamentales a Víctor Gumersindo Ricardo, María Emma Mejía
Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo Santamaría y Rodolfo Espinosa
Meola. Y bajo la coordinación del gobierno, conformó el comité temático nacional
con reconocidos narco- para políticos como Pomárico y Pinedo Vidal.
El 4
de julio de 1999, cambió el equipo negociador inicial para conformar un segundo,
con Fabio Valencia Cossio, Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez Alzate, Juan
Gabriel Uribe y el general retirado Gonzalo Forero. A comienzos mayo del 2000, Pastrana
aceptó la renuncia de Víctor Gumersindo Ricardo y nombró en su remplazo, como
nuevo alto comisionado para la paz, a su secretario privado Camilo Gómez Alzate.
Sin embargo, después 4 meses de difíciles diálogos, el 6 de mayo de 1999, los
negociadores del gobierno y los representantes de las FARC EP lograron firmar y
protocolizar los 12 puntos de la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva
Colombia. Por fin después de más de 50 años de conflicto social y armado en
Colombia, se firmaba y legalizaba por ambas partes el primer documento de
Estado: una Agenda y básica para una salida política al conflicto interno de
Colombia.
El
proceso de negociaciones continuó a pesar de interferencias políticas y
militares de todo tipo, y en septiembre de 2000, Pastrana tras aceptar la
renuncia del empresario privado Pedro Gómez Barrero, conforma un tercer equipo
para las negociaciones con participación del partido liberal y la Iglesia
católica. En reemplazo de Gómez Barrero nombra al empresario del sector petrolero
y ex director de la Esso-Colombia Ramón De La Torre Lago, a monseñor Luis
Alberto Giraldo Jaramillo, a Luis Guillermo Giraldo Hurtado y a Alfonso López
Caballero quienes junto a Fabio Valencia Cossio, Juan Gabriel Uribe y el
general Forero Delgadillo, continuarían en la mesa. En noviembre de 2000, se
crea como órgano asesor y consultor del gobierno, el frente común por la paz y
contra la violencia, integrado por el propio presidente Pastrana, Horacio Serpa
Uribe, Luis Fernando Alarcón, Antonio Navarro, y los actuales encarcelados Ciro
Ramírez, Samuel Moreno y Luis Guillermo Giraldo Hurtado.
Después
de varios congelamientos, a inicios de 2001, Pastrana y Marulanda lograron
reactivar la negociación con la firma del Acuerdo de los Pozos, reafirmando la
necesidad de continuar los diálogos, agilizar las propuestas de intercambio
humanitario, discutir el cese de fuegos, analizar el asunto de la erradicación
manual y concertada de los cultivos ilícitos, e invitar a la comunidad
internacional. Además de común acuerdo conformaron la comisión de personalidades
(también conocida como de los notables) con el propósito de encontrar caminos
para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto.
En
abril del mismo año Pastrana creó la comisión de países facilitadores para el proceso
de paz, integrada por representantes de los gobiernos de Canadá, Cuba, España,
Francia, Italia, Suecia, Suiza, México, Noruega y Venezuela, y en abril, se
inician en el Caguán las denominadas audiencias públicas. Finalmente, el 3 de
junio de 2001, el Gobierno Pastrana anunció un nuevo y cuarto equipo negociador
con las FARC-EP nombrando a Reinaldo Botero Bedoya, Ricardo Correa Robledo y
Manuel Salazar Ferro, quienes junto al alto comisionado Camilo Gómez y un nuevo
comisionado adjunto para la paz Luis Fernando Críales, serían los encargados de
afrontar la última fase del proceso del Caguán, y cuyo accidentado desarrollo en
medio de la guerra, terminó con su rompimiento el 20 de febrero de 2002, motivado
por uno de esos hechos de guerra y sin haber desarrollado ningún punto de los
pactados en la agenda de 1999
2002-2010 El octienio de Álvaro Uribe
Vélez
Desde
antes de su elección como presidente y una vez posesionado en 2002, Uribe Vélez
condicionó cualquier intento de negociación a la declaratoria previa de un cese
unilateral de hostilidades por parte de los llamados por él “grupos armados
ilegales”. Ninguna insurgencia aceptó una rendición, solo aceptada por los
narco paramilitares de las AUC, con quienes se venía negociando como se dijo desde
1995, cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento de Antioquia.
El extraño
aparato burocrático jurídico para la DDR de los narco paramilitares, legalizado
con la ley 975 de 2005, conocida como la ley de Justicia y paz, fue conducido por
el hoy prófugo de la justicia colombiana Luis Carlos Restrepo, pero siempre estuvo
orientado directamente por el presidente Uribe Vélez y, tal y como ha quedado
demostrado hasta el día de hoy, se limitó únicamente a extraditar a los EEUU a
los principales jefes narco para militares, acusados no de crímenes de Estado
sino de narcotráfico, sin estructurar una política gubernamental de paz para
todo el país.
2010 a la fecha. Gobierno de Juan Manuel
Santos
Apoyado
por el apabullante aparataje político militar y mediático, creado por el
gobierno estadounidense con el Plan Colombia, durante el octienio de Uribe
Vélez, su ministro de defensa J M Santos resultó elegido en 2010. En su
discurso de posesión Santos plantea una política DDR ambigua, insinuando que él
tenía en su bolsillo la llave para abrir la puerta de un eventual proceso de
paz con las guerrillas, y dando a entender que había centralizado totalmente
bajo su responsabilidad inmediata, el asunto de la paz en Colombia, sin
delegaciones en comisiones nacionales ni otros aparatos burocrático jurídicos de
Estado como los que se venían creando en las administraciones precedentes. Después
de haber dado muerte a dos miembros del secretariado, jubiloso anunció la
cárcel o la tumba, como únicas condiciones que tenía la guerrilla para su rendición,
desmovilización y reinserción.
Mientras
en paralelo y haciendo honor al legalismo santanderista característico de su
clase social hasta aquí expuesto, empeñó todos sus recursos políticos en llevar
al congreso de la república los principales lineamientos de su “locomotora
neo-liberal para la paz”; que resultó convertida en una cascada de leyes
presentada como Marco jurídico integral para la paz, y que contiene la reforma
a la justicia, la justicia transicional, el fuero para el estamento militar, el
código penal, el código minero, la reforma política, la reforma a la salud y,
la ley de restitución de tierras; aspecto este último, que le ha granjeado la
oposición radical del sector del rentismo latifundista y ganadero pre-moderno,
ligado al narco paramilitarismo, opuesto visceralmente a cualquier proceso de
dialogo con la insurgencia.
Como
todo parece indicar, la guerrilla de las FARC- EP logró superar los golpes
militares recibidos en el secretariado y adaptarse a la nueva situación fluida de
guerra contrainsurgente tecnológica. Este hecho, sumado a los cambios
democráticos y progresistas dados en América latina y el Caribe, junto a la creciente
y masiva movilización popular en el interior de Colombia, han hecho recapacitar,
parcialmente, al gobierno Santos en su empeño de DDR y, considerar seriamente
una posibilidad distinta a la solución militar de exterminio de la insurgencia,
tradicionalmente compartida por toda su clase social. Lo cual ha aumentado el
encono en contra suya, por parte de los enemigos agazapados de una paz para
Colombia.
Con
esto, el 04. 09.2012, Santos comunicó oficialmente, que después de 6 meses de contactos
discretos con la dirección de las Farc –EP, había logrado firmar un acuerdo
para la terminación del conflicto colombiano, conocido como la agenda de la
Habana. Proceso actualmente en desarrollo en medio de la criminalización de la
protesta social y el creciente accionar paramilitar, y enmarcado dentro del erróneo
concepto pastranista de adelantarlos en medio de la guerra. No obstante, ambas
partes anuncian haber logrado acuerdos sustanciales en cuanto al primer punto, es
decir el problema agrario colombiano, verdadera madre del cordero.
Pero,
también hay que decirlo. Tal como lo venimos relatando, tantos años de guerra
contrainsurgente y de terrorismo de Estado vigente e impune, han sumido a
Colombia en una tremenda y casi insuperable crisis humanitaria, semejante a la
de Sudan, pero potencializa por los efectos de la crisis civilizatoria global.
Claro que como también se ha dicho, Colombia no está en el desierto del Sahara,
sino en una rica esquina geoestratégica de Suramérica y el Caribe.
Terrorismo
de Estado actuante, vigente, sonante, e impune, implementado consiente y
planificadamente por un Estado reconocido legalmente por la comunidad mundial
de naciones, que no puede igualarse jurídicamente con los crímenes cometidos en
medio de la guerra por cualquiera organización ilegal perseguida por ese
Estado. Y que de no superarse inmediatamente, continuará siendo como ha sido
advertido por múltiples organizaciones humanitarias, una gran amenaza para la
paz en Colombia y de la región, pues de no desmontarse completamente la paz
será peor que la guerra.
Dada
la trascendencia que este engendro tiene para el futuro de Colombia; voy a
referirme así sea someramente, dando algunas de las pocas cifras oficiales que
se pueden entresacar de entre la maraña estadística existente y que ha tornado caótica
su comprensión.
Cifras
oficiales que todos sabemos están “pordebajiadas” (como decimos los
colombianos) pero que alcanzan a mostrar el tamaño del engendro, gestado y
construido a conciencia, desde hace más de medio siglo por la clase dominante y
dirigente de Colombia con la ayuda invaluable del pentágono estadounidense.
El 01
de enero de este año, la fiscalía de Colombia informa que ha logrado documentar,
entre junio del 2005 y diciembre del 2010, es decir durante el octienio de
Uribe Vélez; 39. 546 acciones criminales del Terror del Estado, realizadas con
la complicidad de 1.124 políticos. 1.023 militares y 393 servidores públicos, y
que arrojan los siguientes datos macabros: 173. 181 fusilamientos. 1597
masacres. 34. 467 desapariciones forzadas. 3.9 24 fosas comunes exhumadas, con
4.809 cadáveres. 74.990 desplazados que se suman a los (6) seis millones de
desplazados internos existentes. 3.000 (tres mil) falsos positivos la mayoría
en la impunidad, y 12. 000 militares investigados por la justicia, para quienes
se aprobó una ley de fuero militar. Y en las mazmorras del régimen se pudren 8.
000 prisioneros políticos.
Pero
no es solo en el gobierno de Uribe Vélez. El colectivo por la paz con justicia social,
informa que, durante el primer año del actual gobierno de Juan Manuel Santos, es
decir entre agosto del 2010 y agosto del 2011, se ha logrado establecer el
asesinato de 36 defensores de los derechos humanos, 18 dirigentes agrarios de
la restitución de tierras, 28 sindicalistas de la CUT, y 50 opositores
políticos.
Datos
que como lo dije, confirman la tendencia gubernamental para criminalizar la
protesta social opositora y, lo más importante, que la estrategia paramilitar
del terror del Estado, llámese Convivir, Autodefensas Unidas de Colombia, o
Bandas Criminales Bacrim, sigue actuando impunemente, y frente a lo cual, los
convoco desde ya con el más amplio sentido internacionalista de Simón Bolívar,
a desplegar una ilimitada solidaridad militante para que el pueblo trabajador
colombiano logre definitivamente una Solución Política al histórico conflicto
social armado y pueda construir una verdadera paz democrática, con justicia
social y soberanía, de la cual deben formar parte esencial e insustituible las
otras dos insurgencias del ELN y del EPL.
Muchas
gracias y discúlpeme el haber abusado de su paciencia
