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| ¿Que garantías ofrece el Estado en Colombia a la oposición política? |
Por Horacio Duque
Los días 28, 29
y 30 de abril se realizará en Bogotá el Foro sobre participación política y
garantías democráticas, organizado por la Mesa de conversaciones de La Habana,
para escuchar las opiniones y propuestas de la sociedad colombiana sobre el
segundo tema de la Agenda de diálogos, especializado en los asuntos políticos.
El evento será
gestionado por la Universidad Nacional y el PNUD de Naciones Unidas y contará
con la participación de 1100 asistentes que intervendrán con sus
ideas en las comisiones y plenarias respectivas.
Los puntos del
debate y análisis se relacionan con aspectos de la mayor trascendencia para el
logro de la paz y la superación de la violencia.
En el Acuerdo
especial que sirve de marco de referencia a las conversaciones se señalan los
siguientes elementos: i) la democracia como soporte crucial de la paz; ii) la
participación ciudadana en la configuración y gestión de las instituciones
públicas; iii) las reformas al voto y al sistema electoral; iv) el estatuto de
la oposición; v) las garantías y seguridad para los nuevos movimientos
políticos; y vi) el acceso a los medios de comunicación.
En el Texto del
Acuerdo de La Habana hay lineas políticas que se enlazan con otros temas que se
trataran cuando a estos les llegue el turno. Me refiero a la reforma de las
instituciones públicas (Y del Estado, de manera general), al fenómeno
paramilitar (que conduce al funcionamiento de los aparatos armados que regulan
el monopolio de la violencia), a la revisión de los asuntos penales y
judiciales, al ordenamiento territorial y al tipo de régimen político
(entendido como las reglas de juego concretas de intermediación y las
instituciones que operan la organización del poder), al sistema de partidos y
los aparatos ideológicos del Estado.
No obstante que
los componentes del debate previsto están referidos a componentes parciales del
sistema político imperante, materia de importantes exploraciones analíticas
como las hechas recientemente por el profesor Alejo Vargas, para decantar
iniciativas concretas (1), un acercamiento a la problemática política nos lleva
a lo que los expertos denominan “análisis del sistema completo” (whole
system analysis) o al análisis sistémico (system analysis).
Antes de
referirnos de manera más amplia a dicho tópico, es pertinente destacar que los
niveles de abstracción tambien obligan el tratamiento de la política y de lo
político en niveles un poco más complejos. Me refiero a la pertinencia de
abordar el cambio político para la paz, entendido como desarrollo político,
modernización, crecimiento, decadencia, transición o revolución.
Dichas lineas
analíticas están siendo procesadas con la macro idea de una Asamblea Nacional
Constituyente como acto fundacional del régimen para la paz. La controversia
aún no logra madurar un modelo concreto pero su historicidad ofrece
manifestaciones con enorme potencial como las Constituyentes que se han
programado para arribar a un evento nacional que haga el quiebre temporal y la
ruptura institucional inexorable.
Lo que llama la
atención es que paulatinamente el tema de la Constituyente no se agencia dentro
del esquema amicus-hostis (C. Schmitt), a pesar de que la ultraderecha presiona
para radicalizar y polarizar con el fin de pescar en río revuelto para sus seis
pre candidatos presidenciales.
El “análisis
del sistema completo” exige abordar la teoría de la democracia y las
características de la misma, para el caso concreto de nuestra formación social;
y de igual forma el Estado, su origen y configuración.
De manera
universal conviene considerar las siguientes vertientes:i) la comunidad
política; ii) el régimen político; y iii) la autoridad.
En el detalle
de cada uno de estos campos es indispensable mirar los valores, principios o
creencias, dominantes o en competencia, que están en la base de ciertas
ideologías y doctrinas que entran más o menos implícitamente en la
praxis política, lo que quiere decir que están articuladas en expresiones
simbólicas o son las justificaciones latentes del régimen como ocurre con el
Estado neoliberal que satura de mercantilismo todos los significantes. Es aca
donde cobra relieve la línea analítica de los medios masivos de
comunicación.
También las
normas que son reglas operativas o “reglas de juego”
que especifican los modos en que los miembros del sistema pueden
participar y resolver los conflictos. Esas normas están formalizadas en la
Constitución y los Códigos y también muchas veces no son formalizadas y
consuetudinarias. Son ejemplo, los diversos mecanismos electorales, las leyes
de justicia, los derechos civiles y políticos.
Obviamente,
están las estructuras de autoridad, es decir, el conjunto de los roles o
modelos regularizados de comportamiento y de expectativas acerca del modo en
que habrán de comportarse los que ocupan posiciones especiales en la
sociedad y el modo en que los demás deben obrar frente a ellos.
Esas
estructuras de autoridad/poder que se dividen el trabajo político son de cuatro
tipos: i) las estructuras que toman las decisiones (aparato gubernativo); ii)
las estructuras de ejecución de las decisiones (aparatos administrativos); iii)
las estructuras que tratan de obtener al menos el apoyo y la obediencia de los actores
relevantes del sistema o de neutralizar a los oponentes para alcanzar los
objetivos propuestos (aparato coercitivo o de enforcement); y iv) las
estructuras de extracción de los recursos necesarios para la ejecución de las
decisiones (aparato fiscal y monetario).
La autoridad y
la comunidad política es otra vertiente a considerar, pues para el orden
político las personas, los núcleos sociales y los grupos activos son
esenciales. Por supuesto en relación con las doctrinas, las ideologías y las
creencias dominantes en la comunidad. Aca nos encontramos con las estructuras
de conversión de las demandas como los partidos, los sindicatos y los
movimientos sociales.
Sugiero al Foro
de Bogota esta ruta como método para construir la sintaxis del sistema político
de la paz con justicia social.
