Por Matías
Aldecoa*
"Nosotros somos revolucionarios que luchamos
por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la
vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de
masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial
de combatir supuestas ¨Repúblicas Independientes¨…"
Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC-EP
(Julio 20 de 1964)
La Movilización por la Paz, la Democracia y la
Defensa de lo Público realizada el último 9 de abril rebasó las expectativas
tanto en lo nacional como en lo internacional, constituyendo un logro
importante de las fuerzas convocantes y el aislamiento de los sectores que se
oponen a la paz por convicción o por intereses creados.
Más allá de lo masiva, que lo fue (el secretario
privado del Distrito Capital estima que en Bogotá y otras localidades del
Distrito se movilizaron en total 1´150.000 personas), lo más importante que la
caracterizó y la hace única en los últimos 65 años, es que de su convocatoria
hicieron parte -además de otros movimientos y partidos políticos-, los dos
adversarios que sostienen una guerra a muerte desde 1948: el Estado representado
por el actual gobierno, heredero oligárquico de los Gómez, Ospina, López,
Lleras y Turbay; y las FARC-EP quien encarna desde hace 49 años el acumulado,
la rebeldía y el levantamiento popular originado con la muerte del gran líder
liberal asesinado el 9 de abril de 1948: Jorge Eliécer Gaitán.
De lo anterior podemos inferir, si tomamos en
consideración otros aspectos, que es probable que hayamos empezado a andar el
camino de la reconciliación. Es muestra de que se ha construido confianza en la
mesa de conversaciones en La Habana entre el gobierno nacional y el
secretariado de las FARC-EP.
El hecho que el presidente Santos coloque en el
centro de la política nacional de su gobierno el tema de los diálogos, señala
su decisión de apostar su capital político a la paz. Ello obviamente no nos da
la certeza de que está dispuesto a jugársela por una paz democrática y con
justicia social. Pero sí implica enfrentar al sector guerrerista del país que
se ingenia argucias para obstruir la búsqueda de una solución política al
conflicto colombiano.
En cuanto a las FARC-EP, ha dado muestras sinceras
de voluntad de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto en los últimos
años: liberación de los prisioneros políticos y de guerra que se encontraban en
su poder; renuncia al secuestro con fines económicos; tregua unilateral de dos
meses; y recientemente, el fortalecimiento de la comisión de paz con un nuevo
miembro del secretariado más otros tres destacados comandantes.
Sin duda la llegada de Pablo Catatumbo (quien
además de miembro del secretariado del EMC es el jefe nacional del Movimiento
Bolivariano) y la carta de Joaquín Gómez aclarando su subordinación a las
decisiones del Secretariado, indican que las FARC-EP están cohesionadas en
torno a los diálogos. Esto ayudará a superar eventuales escollos de la
negociación, aportando elementos de análisis que enriquezcan la discusión tanto
al interior de la delegación fariana como frente al equipo gubernamental.
Uno de esos escollos consiste en que, aún sin ser
firmados y aprobados acuerdos relacionados con el primer punto de discusión, ya
están asesinando a quienes reclaman tierras usurpadas por narcotraficantes y
terratenientes, y a dirigentes agrarios que defienden la creación de Zonas de
Reserva Campesina (ZRC).
En entrevista reciente el ex presidente Belisario
Betancur decía que él sí cree que hay voluntad de Gobierno y FARC para llegar a
un acuerdo que ponga fin al conflicto porque hay fatiga de guerra. Esto
significa –según el ex presidente- que tanto las FARC-EP como las Fuerzas
Armadas y la sociedad colombiana, han pagado un costo elevado y están cansados
de la guerra. Ninguno de los dos adversarios militares ha alcanzado un triunfo
sobre el contendor ni se vislumbra en el horizonte cercano la posibilidad de una
victoria militar. Y en el caso del resto de la sociedad, 49 años de enterrar a
sus muertos, ver caer a sus hijos e hijas, perder a hermanos, hermanas, padres,
ver encarcelados a parientes, sufrir el destierro y la expoliación, son más que
suficientes para querer construir un futuro en condiciones de tranquilidad y
democracia.
Pero aparte de si BB tiene razón o no en su lectura
política, las FARC-EP desde su nacimiento expresaron su disposición de cesar la
guerra en caso de superarse la catadura antidemocrática y excluyente del
régimen; cuando la oposición pueda hacer política en igualdad de condiciones,
sin temor a ser exterminada; cuando las clases dominantes abandonen la
mezquindad y renuncien a la criminalidad como forma de hacer política para cuidar
sus privilegios y sostenerse en el poder.
De resultar cierta la hipótesis del ex presidente
Betancur, en el sentido que la burguesía se haya convencido que le es más
costoso seguir apostando a la guerra para eliminar a sus adversarios políticos,
que disponerse a hacer reformas sociales que democraticen el país, pongan fin
al conflicto y abran camino a la paz, la mesa de diálogo estaría soportada en
suelo firme.
No obstante los atisbos de solución política de la
actual coyuntura, aún subsisten corrientes populares que se oponen al proceso
de diálogos, quienes acudieron a distintos argumentos para no marchar el pasado
9 de abril. Todavía no vislumbran las posibilidades de cambios democráticos que
se abren para un futuro próximo, de concretarse un acuerdo entre la insurgencia
de las FARC-EP y el gobierno nacional. Posibilidades que se convertirán en
realidad solo si se organiza en un torrente único, la inmensa mayoría de la
nación.
Se trata de aislar a quienes por convicción,
interés creado o mezquindad sectaria se ponen del lado de la guerra. Estamos en
un momento crucial de nuestra historia, y así lo deben entender estos
importantes sectores que aún no optan por apoyar con decisión el proceso de
diálogo en La Habana.
Es claro que en el esfuerzo por mantener la
coherencia discursiva de la última década, a algunos les cuesta reconocer que
la insurgencia colombiana juega un papel importante en la lucha popular por las
transformaciones democráticas y revolucionarias de nuestro país. Por encima de ello,
lo que deben entender el PDA, las centrales obreras, la minga indígena, etc.,
es que ellos también tienen un rol que jugar sumándose al movimiento nacional
por la paz. Deben llegar a poner su grano de arena a la construcción de un
nuevo país.
La paz es del pueblo y su logro demanda la unidad
más completa del Movimiento popular. La coyuntura política nos convoca. Es la
oportunidad para avanzar en la realización de importantes cambios. Debemos
estar a la altura del momento histórico.
20 Abril 2013
* Coordinador del movimiento Bolivariano por la
Nueva Colombia en el Suroccidente del país.
