Por: Jhon Jairo Salinas
Viernes, 19
de Abril de 2013
El senador Iván Moreno (centro), hermano del alcalde, era
la cabeza del ‘gobierno a la sombra’. Emilio Tapia (derecha) era el eslabón
entre los Moreno Rojas y los contratistas. Había una especie de código no
escrito: Samuel Moreno no se reunía con nadie.
El 23 de octubre de 2007, una semana
antes de las elecciones en las que se iba a escoger el alcalde de Bogotá tuvo
lugar el último debate de televisión entre los dos candidatos que lideraban las
encuestas: Enrique Peñalosa y Samuel Moreno.
Cuando faltaba un minuto para terminar, le preguntaron a
Moreno: “¿Si usted comprando 50 votos puede salvar a la ciudad de alguien capaz
de comprar 50.000 votos lo haría?”. Samuel ni lo pensó. De inmediato dijo:
“Sí”. Tal vez su respuesta era un presagio de lo que se venía. Y a 915.000
bogotanos que votaron por él –el 43 por ciento del total– pareció no
importarles ese detalle.
Samuel Moreno sacó la más alta votación que hasta hoy ha
tenido un alcalde en Bogotá y durante tres años demostró que, como en ese
debate, no se detiene a reflexionar cuando de dilemas éticos se trata.
Testimonios y documentos en poder de SEMANA, y las pesquisas de la
Fiscalía, revelan que en los tres años que estuvo al frente del gobierno
distrital se dio el saqueo a gran escala más impresionante que se haya visto en
Colombia.
Su mandato se convirtió en un segundo Bogotazo. Así como
ese 9 de abril, de 1948, marcado por el caos y la destrucción, partió en dos la
historia de la capital, con la administración Moreno Rojas Bogotá cayó del
cielo al infierno.
Los bogotanos no tienen idea de hasta dónde llegó la
devastación. Lo interesante de este caso, a diferencia de otros grandes
descalabros del país, es que gracias a la confesión y a las pruebas entregadas
por Emilio Tapia, todo se está descubriendo. SEMANA ha tenido acceso a
información privilegiada –de investigadores del caso y testimonios de seis de
los involucrados– para armar el rompecabezas completo.
El modus operandi
¿Qué hace distinto este caso? Basta con decir que el
saqueo fue de tal envergadura que tuvieron que montar un ‘gobierno en la
sombra’ para poder mantener aceitada la maquinaria de los contratos y las
mordidas. “Eso funcionaba como una empresa”, ha dicho Emilio Tapia, el hombre
que sirvió de eslabón entre la cúpula del carrusel de contratos (el alcalde
Samuel Moreno y su hermano el senador Iván Moreno) y los contratistas (que se
encargaban de garantizar las ‘mordidas’).
Ese ‘gobierno en la sombra’ tenía una especie de ‘junta
directiva’ que decidió cómo se repartía la torta del Distrito. La Uaesp, por
ejemplo, que se encargaba de los multimillonarios contratos de recolección de
basuras y del relleno de Doña Juana, le tocó al abogado Álvaro Dávila, según testimonios
que ya están en la Fiscalía.
El Acueducto fue para el contratista Andrés Cardona
Laverde. Y en el IDU, que tenía 3 billones de pesos para invertir, se acogió la
propuesta del contratista Julio Gómez de mantener a la directora que ya estaba.
Por mencionar solo las tajadas más grandes. Cabe anotar que Julio Gómez ya
llegó a un acuerdo con la Fiscalía, de diez años de prisión, a cambio de
confesar y delatar otros engranajes del carrusel. Pero Cardona y Dávila –hoy
detenido– han negado ser parte del carrusel.
El modus operandi de la ‘junta directiva’ era sencillo.
Cada uno resolvía cómo repartía los contratos, pero tenía que garantizar un
porcentaje para los hermanos Moreno Rojas. “Eso funcionaba como si fueran
franquicias. Los Moreno le entregaban a un contratista una entidad para que les
respondiera por ella y les tenían que pagar un porcentaje por cada contrato”,
le explicó un exgerente del Acueducto a SEMANA.
Había una especie de código no escrito que todos seguían
al pie de la letra: Samuel Moreno no se reunía con nadie. La cabeza del
‘gobierno a la sombra’ era Iván Moreno, hermano del alcalde y para ese momento
senador. Cabe recordar que como alcalde de Bucaramanga fue cuestionado por
malos manejos y porque aumentó el déficit de la ciudad en un 166 por
ciento.
Emilio Tapia era el ejecutor de la estrategia. “Las
reuniones con Iván eran prácticamente todo el día, todos los días”, les ha
dicho a los investigadores. Tapia nació en Sahagún, Córdoba, pero vivió en San
Andrés, donde su papá fue director de la Dian. Se ganó la confianza de los
Moreno Rojas porque su abuelo había sido amigo y vecino del general Gustavo
Rojas Pinilla. Su centro de operaciones era una lujosa y amplia oficina cerca
del parque de la 93. La tarea era tan exigente que adquirieron un avión, por
leasing a nombre de Geos Investment.
En el avión, Tapia viajaba de noche para llegar a primera
hora ya fuera a Estados Unidos –para reunirse con algunos aliados allá o para
invertir el dinero de las comisiones–o ya fuera a Perú –para ver cómo iba el
negocio que iba a hacer la Empresa de Energía de Bogotá –o para Brasil– a
concretar a los empresarios que ya estaban listos para construir las autopistas
urbanas–.
La ‘junta directiva’ también se daba cita en Miami. En los
registros de migración aparece que Emilio Tapia viajó a esa ciudad 53 veces
entre enero de 2008 y diciembre de 2010. Y coincidió en 22 de esos viajes con
el entonces senador Iván Moreno, en dos con el entonces alcalde Samuel Moreno,
y nueve veces con Álvaro Dávila.
En las reuniones en Miami, según documentos que conoció
SEMANA, tomaban parte dos colombianos radicados allá: Saúl Campanella y Luis
Cárdenas. Campanella es un cartagenero que vive en Miami y brinda asesoría para
crear empresas offshore y colocar recursos en paraísos fiscales. Y Cárdenas es
un barranquillero que se radicó en Miami tras lograr, en medio de muchos
cuestionamientos, que ampliaran un jugoso contrato público por veinte años en
su ciudad natal.
Mientras todo esto ocurría en la sombra, en el Palacio
Liévano, en pleno corazón de Bogotá, Samuel Moreno convocaba a consejos de
gobierno. “Pone poca atención a lo que se discute. Se la pasa conversando con
su secretario general y poco atiende lo que los demás decimos”, se quejaba en
esa época uno de los miembros de su gabinete a SEMANA.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema que lleva el
caso, Juan Valbuena, dijo en una audiencia que todo fue fríamente calculado.
“Desde diciembre del 2007 y hasta junio del 2010, Samuel Moreno, su hermano
Iván, el abogado Álvaro Dávila y los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez se
pusieron de acuerdo para cometer delitos contra la administración pública”.
La agenda de ‘mordidas’’
Hace dos años, en un allanamiento a la oficina de Emilio
Tapia encontraron un documento de tres páginas que, ahora, ha cobrado gran
importancia. Es una ‘agenda’ en donde aparecen tareas pendientes de esa ‘junta
directiva’. ¿En qué consiste? Se trata de un listado de 35 frentes del Distrito
en los que había ‘mordida’ y en cada uno se asignan tareas en el manejo de los
contratos.
En la ‘agenda’ hay apelativos como Yoyi, M, el chiquito,
Dávila y Lucho, que al parecer corresponden a Emilio Tapia, Iván Moreno, Andrés
Cardona, Álvaro Dávila y Luis Cárdenas, respectivamente.
Por ejemplo: el punto 2 dice “Basuras. Responsabilidad de
(aparece un nombre tachado) y Lucho. Esta semana deben quedar listos los
acuerdos con las empresas brasilera y argentina”.
Se refieren al contrato de recolección de basuras por 2,5
billones de pesos. El mismo que en ese entonces no se pudo firmar y que hace
poco generó la peor crisis del gobierno de Gustavo Petro. Para la época, una
empresa brasileña aspiraba a quedarse con una de las seis zonas de recolección
de basuras. Se trata de la misma a la que le dieron el relleno sanitario Doña
Juana, en medio de un escándalo. Y como ese punto hay muchos más en la
‘agenda’.
Este no es el único documento revelador que tiene la
Fiscalía. Hay otro en Excel de once páginas, una especie de ‘acta’ de una reunión
de la ‘junta directiva’, el 6 de junio de 2010, en Miami. El documento se
llama: “Reunión de asignación de tareas, fechas y compromisos” y fue revelado
por El Espectador.
La bitácora de ‘mordidas’ que aparece es extensa. Tanto,
que los contratos que dieron origen al escándalo, los de los Nule, son apenas
una pequeña porción de uno solo de los 35 puntos de la ‘agenda’.
Y es que Bogotá, para su desgracia, estaba con los
bolsillos más llenos que nunca. El presupuesto de 2008, por ejemplo, fue de
13,1 billones de pesos y el de 2010 llegó a 16,81. Con el ‘agravante’ de que el
80 por ciento es para inversión. Eso sin contar contratos como el del recaudo
del SITP, el de basuras o los de la Empresa de Renovación Urbana en los que las
millonarias ganancias vienen del negocio mismo, y no del erario público.
La ‘mordida’ de 56 millones de pesos diarios
En el listado hay muchas ‘mordidas’ que hasta ahora no se
conocían. Pero la más impresionante es la del contrato del recaudo del Sistema
Integrado de Transporte (más conocido como Sirci). En toda la historia de
Colombia no ha existido un contrato público tan jugoso como ese.
El ganador de ese ‘premio gordo’ maneja desde enero de
este año 3.150 millones de pesos diarios, que corresponden a los pasajes del
Sistema Integrado de Transporte –hoy se venden 1,8 millones de pasajes-, pero
el cálculo es que en agosto del año entrante sean 12.250 millones de pesos
–cuando el SITP llegue a 7 millones de pasajes diarios– Ese monto, en efectivo,
solo es comparable con el que manejan cada día los más grandes hipermercados o
las empresas de telefonía celular. Eso suma, cada año, 4,4 billones de pesos.
Y, como se firmó a 16 años, el negocio es de ¡64 billones de pesos!
La mordida –para los Moreno y Emilio Tapia–según el acta
mencionada era la bobadita de 8 pesos por cada pasajero: lo cual, multiplicado
por 7 millones de pasajeros, equivale a 56 millones de pesos diarios. Eso suma
20.000 millones de pesos al año. Durante 16 años.
Para tener un punto de comparación de lo que significa la
fortuna que se puso en juego, basta decir que los dos contratos más grandes de
los últimos tiempos en Colombia son Hidroituango, que se firmó por 5,5 billones
de pesos, y la Ruta del Sol, por 3,8 billones de pesos.
Consultado al respecto, el presidente del consorcio
Recaudo Bogotá niega que haya mordidas: “¡Imposible! Nosotros no estamos
asociados con cualquiera. LG-CN cotiza en las principales bolsas del mundo.
Además el gobierno coreano nos financió. Ellos no se meten en un negocio donde
hay el mínimo asomo de corrupción. Además la Procuraduría estuvo encima todo el
tiempo”.
En efecto, la Procuraduría hizo un acompañamiento
preventivo y, según pudo establecer SEMANA, encontraron irregularidades. Sin
embargo, contrario a la celeridad que caracteriza al procurador en otros
frentes, todavía no se han dado a conocer los resultados.
Crearon hasta EPS de papel
Otro gran ponqué al que le cayeron como niños con hambre
fue el de la salud. Allí, exprimieron hasta lo que no tenía. Primero, inflaron
escandalosamente los gastos de los hospitales del Distrito. ¿Cómo opera la
‘mordida’? A un concejal se le da un hospital. Y allí se nombra un gerente
amañado. El gerente entonces empieza a generar facturas de pacientes que no
atienden o exámenes especializados que no se hacen o por los cuales se pagó
menos de lo facturado.
Por eso no es extraño que mientras en 2005 el Distrito les
giraba a sus hospitales 500.000 millones de pesos, en 2010 la cuota se disparó
a 1,3 billones. Y por eso, también, el secretario de Salud actual, Guillermo
Alfonso Jaramillo, denunció que durante el gobierno de Samuel Moreno se
manipuló la selección de por lo menos seis gerentes de hospitales.
En la Fiscalía hay denuncias de operarios que tenían que
pagarle la mitad de su sueldo al concejal de turno. Una de ellas dice: “El
concejal José Juan Rodríguez, que es ‘el dueño del Hospital de Kennedy’, los
funcionarios de cierto rango nombrados por él tienen que entregarle mensualmene
la mitad de sus salario, como ocurrió con la señora…”. No en vano, en la
Fiscalía investigan si Jorge Salamanca era el dueño del Hospital Santa Clara;
Jorge Durán Silva del San Rafael; Andrés Camacho del de Chapinero y Fontibón;
Soledad Tamayo de La Victoria; Darío Fernando Cepeda del San Blas, y el
exsecretario de Salud Héctor Zambrano del de Meissen.
La segunda estrategia para sacar ‘mordidas’ de la salud
consistía en construir nuevos hospitales. No contento con la abultada billetera
del Distrito, el entonces alcalde Samuel Moreno pidió en 2010 al Concejo que le
aprobara 200.000 millones de pesos de vigencias futuras para cinco nuevos
hospitales. “Un hospital equipado ‘full’ puede costar 42.000 millones. Se roban
entre el 25 y el 30 por ciento”, le contó a SEMANA alguien que manejaba las
cuentas en esa época.
Eso sin contar del contrato de las ambulancias –la tercera
estrategia del saqueo a la salud–. Emilio Tapia reveló a la Fiscalía cómo se
entregó ese negocio: “Una noche en el apartamento de Hipólito Moreno, que queda
en Rosales, debajo de la Circunvalar, nos reunimos Héctor Zambrano, secretario
de Salud, Julio Gómez y Federico Gaviria, que trabaja con el concejal, y se les
dijo que ese contrato de las ambulancias era para Hipólito.
Eso quiere decir que él puso los precios e hizo los
pliegos de la licitación y Zambrano adjudicó”. La Fiscalía ya logró establecer
que ese contrato se ejecutó con tan solo la mitad de los 67.000 millones de
pesos y lo demás fue ganacia para los involucrados. Luc Gerard, presidente del
Fondo Tribeca, del que hace parte Emi, la firma líder en el servicio de
ambulancias, recordó que ellos perdieron la licitación porque no quisieron
pagar la ‘mordida’. “Nos dijeron que nos descalificaron por ser demasiados
baratos”, contó Gerard.
Y como si fuera poco también crearon la EPS distrital.
Figura como uno de los 35 frentes de negocio de la ‘agenda’ que le encontraron
a Emilio Tapia. La composición era peculiar, pues si bien el 51 por ciento era
del Distrito y el 49 por ciento del privado, en este caso Salud Total, era este
último el que ponía el gerente y en últimas controlaba.
En la Fiscalía investigan si es cierto, como les dijo
Tapia, que “todas las EPS son un negocio. Giran una plata por afiliado y
realmente se gastan menos de la mitad”. El actual secretario Guillermo Alfonso
Jaramillo denunció en abril del año pasado: “Capital Salud es una EPS de
papel”. Tenía 471.980 afiliados que, en realidad, estaban carnetizados en la
EPS Salud Total. Y hace unos pocos días, anunció que se iba a liquidar.
Precios inflados en un 30 por ciento
La otra gran piñata fue el Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU). El 2 de junio de 2010, Samuel Moreno se vanagloriaba diciendo: “La
capital de la República vive una transformación nunca antes vista”. Y calificó
como “grandiosa” la inversión de 3,6 billones de pesos en obras viales. “Nunca
en los presupuestos del IDU se había hecho una inversión de tal magnitud”.
En la ‘agenda’ de Emilio Tapia esos 3,6 billones ocupan
solo un punto de los 35. La tabla de ‘mordidas’ en el IDU, según varios
testimonios en la Fiscalía, va del 6 al 10 por ciento. Pero el negocio es aún
más suculento porque en el caso de Bogotá, según le contaron a SEMANA dos
contratistas, los precios de las obras están inflados en un 30 por ciento.
La ‘junta’ tenía muy claro que en el IDU los negocios eran
tres: “Las adiciones, el mantenimiento de malla vial y la valorización” (punto
11 de la ‘agenda’). Porque dos días antes de Samuel Moreno asumir como alcalde
ya se había entregado el contrato de TransMilenio de la 26 por 1,3 billones.
Lo de las adiciones a contratos ya existentes fue
escandaloso. Casi 850.000 millones de pesos fueron asignados, de esa manera a
dedo, según el informe que lideró en su momento el concejal Carlos Vicente de
Roux. “Las razones alegadas por la administración para haber adicionado esos
recursos sin los trámites de rigor fueron, en varios casos, deleznables”, dice
el informe.
En cuanto al mantenimiento de la malla vial, el alcalde
dividió la ciudad en seis partes. Curiosamente dos de ellas, por 187.000
millones de pesos, le tocaron a empresas ‘satélite’ de Julio Gómez, ambas en
consorcio con los primos Nule. Esos dos contratos son los que tienen en la
cárcel a la mayoría de los implicados en el escándalo del cartel de la
contratación: entre ellos, al alcalde Samuel Moreno y a su hermano Iván, a
Julio Gómez, a Álvaro Dávila y a Manuel, Miguel y Guido Nule.
Y el tercer punto, el de valorización, también fue la
debacle. Se entregaron 36 obras y Julio Gómez ‘se quedó’ con 11 de ellas. Según
denunció hace poco el contralor de Bogotá, Diego Ardila, cuatro no se
terminaron. Una de ellas, el puente deprimido para resolver el trancón de la 94
con novena, una obra de 45.000 millones que quedó en manos de Julio Gómez, pero
nunca arrancó. Ardila además cuestionó que el paquete de valorización que
empezó costando 528.000 millones de pesos, con las adiciones terminó en 638.000
millones.
Lo que en ese momento no advirtió Iván Moreno es que con
valorización cometió uno de los errores que pueden complicarle la vida a él y a
su hermano. Iván Moreno mandó llamar a la directora del IDU, Liliana Pardo,
para que le rindiera cuentas. Pero como ella estaba de vacaciones quien
apareció con el listado de contratos fue el subdirector, Luis Eduardo
Montenegro. Y cuando Iván se dio cuenta que a Julio Gómez le habían tocado
muchos contratos y eso los ponía en evidencia ante la opinión pública, se salió
de la ropa. “Casi me golpea”, le oyó decir un investigador. Montenegro ha
decidido colaborar con la Justicia. Y esa historia es otra evidencia del modus
operandi del cartel.
El ‘gobierno a la sombra’ estaba tan entusiasmado con las
‘mordidas’ a las obras públicas que la ‘junta directiva’ empezó a explorar de
dónde podían sacar más dinero. En la ‘agenda’ aparece que estaban viendo cómo
sacarle un pedazo a la sobretasa a la gasolina (punto 14 del ‘agenda’) para
dedicar a la pavimentación restante. Lo de la sobretasa no les salió, pero
entonces abrieron otro frente de ‘negocios’ con la Unidad de Malla Vial.
A diferencia del IDU, que se dedica a las obras grandes de
la ciudad, esta es una dependencia que repara vías locales y que tenía en el
bolsillo más de 200.000 millones de pesos para la repartija. Allí pusieron a
Iván Hernández, ficha del concejal Andrés Camacho. “Cuando llegó eso se lo
tomaron los concejales. Por la mañana llegaba Hipólito Moreno, y por la tarde
Andrés Camacho.
Orlando Parada era tan descarado que citaba a sus líderes
de barrio en la sala de juntas del piso 16” , le contaron a SEMANA tres funcionarios de
la entidad. “Vivíamos aterrados. De pronto uno oía en el pasillo a alguien que
reclamaba: ‘¿Cómo así que los contratos se los llevaron para Rosales?’. Y era
que se los llevaban al apartamento de Hipólito Moreno para acomodarlos allá”.
Llegaron incluso al extremo de mandar a pavimentar un conjunto residencial en
Usme, con maquinaria y material del Distrito, por petición de uno de los
concejales que estaba en campaña, según consta en una investigación interna.
Salarios de $89 millones
Otro frente del que poco se ha hablado, pero al que le
sacaron mucho jugo fue el de la renovación urbana. La idea es convertir sitios
decadentes de la ciudad en espacios modernos. La encargada de esta tarea es la
ERU (Empresa de Renovación Urbana) y al frente estuvieron, durante la alcaldía
de Samuel Moreno, fichas claves de Emilio Tapia como Néstor Eugenio Ramírez,
que luego pasó al IDU, y Diego Muriel.
Tanto en el ‘acta’ como en la ‘agenda’ aparecen los tres
grandes megaproyectos de renovación del centro de la ciudad (Centro Comercial
de San Victorino, La Hoja –en el Centro Administrativo Distrital– y La Manzana
5 –en Las Aguas–) y el negocio es, entre otras, quedarse con un porcentaje de
la venta a los privados.
El ‘gobierno a la sombra’ solo alcanzó a avanzar con la
renovación de San Victorino, que consistía en coger ese inmenso lote ya
recuperado, al que el Distrito le invirtió sumas multimillonarias en los
gobiernos de Mockus y Peñalosa, para convertirlo en un “Centro Internacional de
Comercio Mayorista”. En total son tres manzanas, entre la Caracas y la carrera
Décima, y entre calles 9 y 10, que permitirían la venta de miles de locales
cuyo valor-ventas podría ascender a 780.000 millones de pesos.
Pero allí también se dio otro descalabro: casi cuatro años
después, cuando se habían girado más de 7.000 millones de pesos y no había
pasado nada. Se dieron irregularidades como que el contrato se le entregó a
dedo a una empresa de fachada de Emilio Tapia, la interventoría a una firma de
los Nule y aumentaron los honorarios de la Gerencia del proyecto de 19 a 89 millones de pesos
mensuales a pesar de que no se había visto ningún resultado.
Quedó hasta un túnel sin salida
Y así, uno a uno, podría hacerse una historia de los 35
frentes que aparecen en la ‘agenda’. Hay contratos, por ejemplo, de los que
nadie ha hablado hasta ahora. Como uno para cobrar multas de tránsito vencidas
por 2 billones de pesos, según contó uno de los involucrados a SEMANA. El que
gana este contrato se queda con el 40 por ciento de la cartera que logre cobrar
y la ‘mordida’, en este caso, era miti-miti.
En otros frentes se está apenas descubriendo la dimensión
de la rapiña.
Como es el caso de la Empresa de Acueducto, en la cual uno
solo de los contratos que entregó con ‘mordida’ –según testimonios que reposan
en la Fiscalía– vale 250.000 millones de pesos, es decir, más que la suma de
dos de los contratos de los Nule que prendieron la chispa del escándalo.
Eso sin contar los contratos de menor cuantía que
sirvieron para mantener ‘aceitados’ a los concejales. Eran de 200 a 500 millones de pesos,
en los que el concejal se quedaba mínimo con un 20 por ciento. Si le daban 10
de 500 se ganaba 1.000 millones. “En algún mes yo alcancé a contar que se les
dieron 130” ,
contó Emilio Tapia a la Fiscalía. Entre 2008 y julio de 2010, el Acueducto
entregó contratos por 1,3 billones de pesos.
Y la historia de ese contrato es un buen ejemplo del
Macondo urbano que a veces es Colombia. Se trata de la construcción de un túnel
de ocho kilómetros para llevar las aguas negras residuales de Bogotá hasta la
futura planta de tratamiento Canoas, ubicada en Soacha. En el túnel debían
construirse varios pozos de inspección, pero uno de ellos, el número 12 no se
hizo porque no se compraron los terrenos.
La solución fue sencilla: no construirlo, cambiar el
trazado inicial y terminar el túnel. Pero no se percataron de un pequeño
detalle: era por ese pozo por donde debían sacar las dos enormes máquinas de
excavación que estaban trabajando el túnel. De manera que las dos máquinas
quedaron enterradas a 60
metros de profundidad, el Acueducto está pagando daños y
perjuicios por ellas y, lo peor, es que si no las sacan no se puede utilizar el
túnel para descontaminar el río Bogotá. Sacarlas, como informó CM&, cuesta
35.000 millones de pesos.
Las cámaras de seguridad que valieron
45.000 millones de pesos más y no sirven
Curiosamente, mientras la entrega del contrato del recaudo
del SITP que era
megamultimillonario mereció una reseña simple en los
diarios; el del relleno de Doña Juana, que era más ‘pequeño’ (230.000 millones
de pesos), fue todo un espectáculo. Primero, por la conversación que de manera
providencial presenció un periodista de El Espectador en un restaurante del
norte de Bogotá, en la que participaba la secretaria jurídica de la Uaesp,
entidad encargada de entregar el contrato. Según un diagrama que dejaron
escrito en el mantel, exploraban cómo contratar a dedo un operador.
Se explicaba cómo se iban a repartir las ganancias y
aparecían signos de pesos al lado de iniciales como A.D. (que se interpretó
eran de Álvaro Dávila, ‘dueño’ para ese entonces de la franquicia de la Uaesp).
Después, cuando se iba a dar el contrato, a través de la televisión se vio cómo
la procuradora María Eugenia Carreño –una de las pocas que intentó ponerle
freno a la orgía de desperdicio–llamaba la atención sobre las posibles
irregularidades. La administración de Samuel Moreno decidió entregar el negocio
antes de que llegara la procuradora. Se descalificó a dos firmas y se dio un
bochornoso espectáculo por un billete de 2.000 pesos que debía estar en una de
las propuestas de los consorcios eliminados.
Otro escándalo que apenas hace poco comenzó a sonar es el
del sistema de cámaras de vigilancia que se debía montar en las fronteras de la
ciudad, en las patrullas y motos de Policía, y en 190 colegios. El contrato fue
entregado por la administración de Samuel Moreno en octubre de 2010, pero hoy
es un dolor de cabeza para Gustavo Petro.
El contralor distrital ha puesto el grito en el cielo
porque faltan la mitad de las cámaras de los colegios, las de la patrullas de
la Policía no funcionan porque son incompatibles y el contratista pidió una
adición. Hace poco le mandó una carta al alcalde Petro en la que muestra cómo
el contratista tumbó al Distrito de entrada en 45.000 millones de pesos, porque
“el valor cobrado al Fondo de Vigilancia por los equipos (72.978 millones de
pesos) es superior al valor real (27.877 millones de pesos) según la
información de importación suministrada por la Dian y según cotizaciones
realizadas por la Contraloría”.
Creció un 300 por ciento la burocracia
Como si todo eso fuera poco, también le echaron mano a la
burocracia. Los contratos por prestación de servicios en Bogotá entre 2010 y
2011 aumentaron en cerca del 300 por ciento, es decir que se pasó de tener
12.000 contratos, a 38.000. “El empleo público le ha costado al Distrito, en
contratación por prestación de servicios desde el 2009, 2,6 billones de pesos.
Con eso se habrían construido fácilmente las troncales de la avenida Boyacá y
de la 68” ,
afirmó el director del Servicio Civil, César Manrique.
La paradoja es que con tantos contratistas las metas no se
cumplían. Por ejemplo, la Secretaría de Integración Social con una planta de
personal de 1.741 funcionarios y 3.149 contratistas solo cumplió el 52 por
ciento de sus metas. Esa secretaría fue otra víctima del saqueo. Le inflaron su
chequera con un presupuesto por año de 290.000 millones de pesos, es decir, un
350 por ciento más que durante el gobierno de Lucho Garzón. Ahí pusieron a
Mercedes Ríos, una de las fichas del kínder del contratista Julio Gómez.
Modificaron el manual de funciones de la Secretaría para poder nombrarla, pues
era una líder comunitaria, que se convirtió en alcaldesa local, pero no tenía
estudios profesionales.
La rapiña fue tal que ni siquiera dejaron al sacerdote
Javier de Nicoló en el Idipron. Llevaba 40 años en el cargo, atendiendo a niños
y jóvenes de la calle, pero eso no significó nada para el cartel que tenía ojos
solo para ver el jugoso presupuesto de 134.000 millones de esa entidad. Le
pidieron la renuncia “porque había llegado una protesta de un ciudadano que
decía que tenía ya más de 80 años”. La versión que tiene la Fiscalía, según
publicó El Tiempo, es que “Julio Gómez se apoderó del Idiprón; el concejal
Salamanca se metió ahí y empezó a obtener beneficios para la campaña, como los
mercados, juguetes, comidas y demás”.
El drama de los resultados
La ‘junta directiva’ en sus reuniones en Miami repasaba la
mayoría de esos contratos y otros no mencionados. Por ejemplo, en el del
recaudo del SITP aparece que la comisión de éxito es de 8 pesos: “Pago del
valor que le corresponde a ET por cada pasajero durante todo el término de la
concesión”. ET es Emilio Tapia. Pero esa ‘mordida’, ha dicho él a la Fiscalía,
era compartida con los hermanos Moreno Rojas.
Y en el caso de la Avenida Longitudinal (ALO) se da una
idea del modus operandi. En la columna de tareas dice: “Elaboración del
vehículo jurídico que garantice la participación de ET en la ejecución y
utilidades de la obra correspondiente al 22 por ciento. Asegurar comisión de
éxito del 8 por ciento”. Esta obra no se llevó a cabo.
Lo más dramático es que mientras en Miami hacían cuentas y
se enriquecían, Bogotá, que marchaba como un cohete y vivía su cuarto de hora,
comenzó a padecer un verdadero calvario. Los resultados del ‘Bogotazo’ de la
Alcaldía de Samuel Moreno saltan a la vista.
Hace menos de un mes, el superintendente de Servicios
Públicos, César González, reveló que muestras del agua de Bogotá resultaron no
aptas para el consumo humano. “Las muestras encontradas generan mucha
preocupación. El caso es muy delicado”, dijo. La Superintendencia investiga el
ocultamiento de información relacionada con el tratamiento de agua en
Bogotá.
En materia de salud el panorama no es menos alentador. En
2010 se presentaron en la capital 1.200 casos de tuberculosis, una enfermedad
que se suponía erradicada. La red pública de hospitales de Bogotá, que hasta
2007 tuvo un balance positivo en su operación, a partir de 2008 se desplomó:
los hospitales de tercer nivel terminaron el 2010 con 30.000 millones de
déficit. Y la EPS que se creó, Capital Salud, luego de que les resolvió el
problema a otras EPS que se salieron del negocio y les recibió a sus pacientes,
hace dos semanas se dijo que sería liquidada.
En materia de movilidad se vive una tortura. En Bogotá
está el único sistema integrado de transporte en el mundo que funciona con
tarjetas diferentes. Y en el cual se ven por las calles unos modernos buses
azules vacíos. ¿Cómo puede ser posible que el Distrito haya entregado un
contrato multimillonario –el del sistema de recaudo del SITP a Recaudo Bogotá–
a sabiendas de que sus tarjetas no estarían sincronizadas con las de otro que
ya operaba en la ciudad –el de Angelcom–?
Por no hablar del ya mencionado túnel del Acueducto, ni
del puente para descongestionar el cruce de la Novena con 94, que ‘comenzó’
desde 2008 y no se ha hecho. Ni menos del elefante blanco que hay en pleno
corazón de la ciudad: tras invertir cerca de 20.000 millones de pesos en la 26
con Séptima, donde se supone debía haber unas discretas plataformas para
conectar el Parque Bicentenario con el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca
Nacional, desde hace más de tres años hay una inútil mole de concreto de hasta
ocho metros de altura.
¿A dónde se fue la plata?
La historia es fácil de contar, pero encontrar a dónde ha
ido a parar la plata es lo más difícil. Cada uno de los contratistas la sacó a
su manera. Los primos Nule abrieron cuentas en Suiza, una información que está
en manos de un fiscal de extinción de dominio. El abogado Álvaro Dávila, como
lo reveló la revista Dinero, fue en 2001 hasta una notaría, renunció a los
bienes de la sociedad conyugal y quedó insolvente. Los concejales, como lo
reveló SEMANA en marzo pasado, compraron todo tipo de lujosas casas y fincas.
Julio Gómez invirtió en Estados Unidos. Y lo que ha pasado con Andrés Cardona
es aún una incógnita.
SEMANA pudo confirmar por dos fuentes distintas, y con
documentos, un dato que lo dice todo: el tamaño de la ‘empresa’ era tal que,
por ejemplo, la compra del edificio de River Oaks en Miami, que adquirieron
inicialmente por 25 millones de dólares, representa apenas un 5 por ciento del
‘producido’ de Bogotá para los Moreno Rojas y Emilio Tapia. Es decir, en tan
solo tres años, con el ‘gobierno a la sombra’ habrían logrado ‘utilidades’ de
cerca por 900.000 millones de pesos.
En Miami tenían expertos que saben cómo invertir el
dinero. En medio de sociedades por acciones, empresas offshore, cuentas en
paraísos fiscales o compras inmobiliarias, el rastro desaparecía. Uno de
los que ayudó fue Saúl Campanella. Su firma Overseas Equity Advisors prestaba
servicios de corretaje de dinero a empresas como Geos Invesment, representada
por Tapia, y Arkgo Corporation, presidida por la esposa del contratista Julio
Gómez.
Otra de las firmas que la Fiscalía tiene entre ojos es Novela
Law, un bufete de abogados con oficina en la avenida Brickell de Miami
(Florida). Esta, según le dijo Emilio Tapia a la Fiscalía, se encargaba de
inversiones en bienes raíces del carrusel de la contratación en Estados
Unidos.
En su momento, Daniel Coronell en su columna de SEMANA
reveló que el senador Iván Moreno Rojas tenía dos cuentas en las Islas
Vírgenes, a nombre de las empresas Saymor y Balmore, registradas a su nombre.
En su momento, el senador Moreno aseguró que las empresas creadas en Miami y
registradas en Islas Vírgenes no habían tenido actividad alguna. Sin embargo,
¿para qué va a tener alguien unas cuentas abiertas, cuando el sostenimiento de
cada una puede costar hasta 10 millones de pesos, si no las utiliza?
Hasta ahora estaba claro que a Bogotá se la habían robado.
Pero lo que no parecía contundente era el papel del alcalde Samuel Moreno. El
heredero más carismático de la dinastía política de los Moreno Rojas había
logrado cierto blindaje ante la Justicia. Y frente a un sector de la opinión,
sus defensores decían que su papel en el escándalo era más ingenuidad que
maquiavelismo. Pero ya hay mínimo tres testigos que lo señalan. “Samuel sabía
todo”, le ha dicho Emilio Tapia a la Fiscalía. Y este es un testigo fiable
porque es buen amigo de Moreno y se refiere a él como un hombre “demasiado
noble”.
Al de Tapia se suma un testimonio que revela hoy SEMANA.
El del subdirector del IDU Luis Eduardo Montenegro, que le contó a la Fiscalía
cómo en alguna oportunidad, cuando estaba como director encargado, tuvo que
hablar con Samuel Moreno sobre un contrato y él le dijo: “Hable eso con Emilio
Tapia”.
El tercer testigo es Inocencio Meléndez, quien contó que
cuando estaban discutiendo la construcción del TransMilenio de la Séptima, el
alcalde Samuel decidió que se hiciera por adición a otro contrato que ya estaba
en ejecución y no por licitación. Es decir, a dedo. Meléndez, que era el
director jurídico del IDU, se opuso “porque –dijo– era ilegal”. Pero el alcalde
lo llamó y “me pidió que mirara a ver cómo se podía sacar”.
Comparado con los grandes escándalos de corrupción en
Colombia, el del carrusel de la contratación de Bogotá tiene todos los
elementos para pasar a la historia como un caso ejemplarizante. Por primera vez
los protagonistas están confesando y entregando información. Y la Fiscalía está
haciendo una tarea juiciosa. Hace apenas unos días, el fiscal Juan Valbuena
señaló a Samuel Moreno de ser “uno de los que encabezó y dirigió este concierto
para delinquir”. Y peor aún, asegura que “con destino suyo y de su hermano iba
dirigida la mayor cantidad de dinero producto de los sobornos solicitados a los
contratistas”.
Ahora solo falta que los jueces demuestren que tienen un
compromiso serio con el país: extrañamente le han puesto todo tipo de trabas a
los acuerdos de la Fiscalía con Emilio Tapia y con Julio Gómez. Y mientras no
den su aval, el proceso se frena.
El alcalde, tal vez, quería pasar a la historia como su
abuelo. El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla se destacó por las
grandes obras de infraestructura que dejaron huella en Bogotá: construyó el
aeropuerto Eldorado, el Hospital Militar, la calle 26 el Centro Administrativo
Nacional (CAN). Samuel Moreno Rojas, en el papel, parecía querer seguirle los
pasos: había prometido dejar comenzado el metro y prácticamente tenía
contratadas cinco autopistas urbanas, de las que se pagan por peaje.
Pero no logró ninguna de las dos obras. Y para desgracia
suya, tal y como van las cosas, lo que sí podría ocurrir es que termine
pareciéndose a su abuelo pero solo en la cara trágica de la historia: el
general Rojas fue declarado indigno por mala conducta en el ejercicio de su
cargo por el Congreso de la República, entre otras cosas por haber multiplicado
por 40 su patrimonio y el de su esposa y sus hijos, sin explicación, mientras
fue presidente (de 194.500 pesos en 1952, a poco más de 8 millones en 1956).
Y lo que en este momento se está descubriendo en el búnker
de la Fiscalía es la más escalofriante operación de saqueo que se recuerde en
Colombia.
Los estragos del bogotazo
1) En 2010 se presentaron en la capital 1.200 casos
de tuberculosis, una enfermedad que se suponía erradicada. La red pública de
hospitales de Bogotá, que hasta 2007 tuvo un balance positivo en su operación,
a partir de 2008 se desploma: los hospitales de tercer nivel terminaron 2010
con 30.000 millones de déficit. Y la EPS que se creó, Capital Salud, luego de
que les resolvió el problema a otras EPS que se salieron del negocio y les
recibió sus pacientes, hace dos semanas se dijo que sería liquidada.
2) En Bogotá está el único sistema integrado de
transporte en el mundo que funciona con tarjetas diferentes. Y en el cual se
ven por las calles unos modernos buses azules vacíos. ¿Cómo puede ser posible
que el Distrito haya entregado un contrato multimillonario –el del sistema de
recaudo del SITP a Recaudo Bogotá– a sabiendas de que sus tarjetas no estarían
sincronizadas con las de otro que ya operaba en la ciudad –el de Angelcom-?
3) Tras invertir cerca de 20.000 millones de pesos en
la 26 con Séptima, donde se supone debía haber unas discretas plataformas para
conectar el Parque Bicentenario con el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca
Nacional, desde hace más de tres años hay una inútil mole de concreto de hasta
ocho metros de altura que además tiene bloqueado el tráfico. Un verdadero
elefante blanco.
4) La construcción del túnel de ocho kilómetros para
llevar las aguas residuales de Bogotá hasta la futura planta de tratamiento en
Soacha es otro monumento al absurdo. Por un cambio de planes cuando ya lo
estaban construyendo, cerraron el túnel sin percatarse que se les quedaron dos
enormes máquinas de excavación a 60 metros de profundidad. Si no las sacan no se
puede utilizar el túnel. Y sacarlas cuesta 35.000 millones de pesos.
¿Samuel va a colaborar con la Justicia?
El exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, decidió también
colaborar con la Fiscalía. La situación se le puede poner más difícil al
exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.
El jueves, la W difundió una noticia que decía: “Exalcalde
Samuel Moreno Rojas estudia colaboración con la Fiscalía”. Sin embargo, luego
publicó otra en su página web que decía que una fuente cercana a Moreno había
dicho que no era cierto.
Más allá de cuál de las dos versiones terminará siendo la
verdadera, lo cierto es que con el paso de los días se va cerrando el círculo
alrededor del exalcalde Samuel Moreno. El testimonio de Emilio Tapia y las
evidencias que él le ha entregado a la Fiscalía le complican la situación
jurídica al burgomaestre. De hecho, a la primera imputación que le habían hecho
al alcalde en la Fiscalía de Vivian Morales, se le sumó hace unas semanas otra,
y eventualmente podrían venir más imputaciones en la medida en que van
apareciendo indicios en su contra, como por ejemplo, el contrato de
ambulancias, que ya tiene en la cárcel a su secretario de Salud, Héctor
Zambrano.
Con él, ya son dos secretarios de Samuel Moreno en la
cárcel.
A las revelaciones de Tapia, se suma un testimonio que
conoció SEMANA, el del entonces subdirector del IDU, Luis Eduardo Montenegro,
que le ha dicho a la Fiscalía que Samuel Moreno le dijo que se entendiera con
Emilio Tapia sobre un contrato que le estaba preguntando. Y a ellos se añade el
ya conocido de Inocencio Reyes, quien era director jurídico del IDU, que
también deja mal parado a Moreno.
El exalcalde está detenido desde octubre de 2012 en la
sede de la Policía de carabineros del Parque Nacional, y su juicio no se ha
podido llevar a cabo por una serie de aplazamientos que más parecen obedecer a
una estrategia de dilación, que a verdaderas necesidades del proceso.
¿Por qué querría Samuel Moreno admitir su culpa? No parece
fácil que eso suceda. Sin embargo, en la medida en que se involucran más
personas al proceso, la Fiscalía puede recoger más testimonios o pruebas contra
el exalcalde. Y este puede verse expuesto a juicios cada vez más difíciles de
controlar para él.
Si admite su culpa, no solo no iría a juicio, sino que el
sistema penal acusatorio le ofrece descuentos significativos de pena.
