martes, 23 de abril de 2013

Reelección de Santos


Presidente Juan Manuel Santos

Horacio Duque.

Desde hace un año las encuestas sobre el señor Santos y su reelección por otros cuatro años, eran muy malas.

Las encuestas de hoy son peores. De cada 100 colombianos en capacidad de votar, 63 afirman que no lo harían por él. Casi 50 ciudadanos de cada 100, tiene una imagen desfavorable de su gestión. 

Santos es ya un cadáver político. No lo revive ni el demonio. Esa percepción era clara hace doce meses. Hoy es una certeza muy fuerte.

Para distraer el impacto de este último sondeo, el actual dueño de la Casa de Nariño, sacó un globo distractor. 

Mejor, se invento otra cortina de humo, en la que se volvió experto, dada su patológica adicción a las jugadas de poker. Propuso, hace unas horas, hacer una reelección de su actual mandato por dos años más, es decir, recortar, mediante una reforma constitucional, el periodo actual de cuatro años, y dejar los siguientes en seis años. Todo un galimatias para distraer su rampante desprestigio.

Claro está que tal propuesta de Santos reconoce, de manera implícita, el bloqueo de su proyecto reeleccionista, anticipado prematuramente desde hace más de un año.

Santos y la opinión pública coinciden en que el país debe mirar otras opciones, que las hay y más convenientes para los problemas que siguen carcomiendo la sociedad, agudizando la crisis sociopolítica.

No creo que el impasse de la reelección del actual Presidente se deba completamente a la obstrucción  de Uribe que incide, obviamente. Tal situación es más consecuencia de otros problemas que han afectado las mayorías populares y nacionales.

Los enumero.

El asunto de los "falsos positivos", que es autoría del funcionario cuando se desempeño como Ministro de Defensa de Uribe Velez, que significó el asesinato, por parte del Ejercito, de miles de jóvenes inocentes, presentados como guerrilleros para cobrar recompensas con cargo al presupuesto del Estado. Este fue un episodio dantesco que afectó profundamente la sensibilidad mayoritaria de Colombia. Con el agravante que Santos ha promovido un nuevo estatuto legal del fuero militar para dejar todo en la impunidad. Intención que no parece compartir la Corte Penal Internacional, la cual adelanta una rigurosa investigación penal sobre terreno, mediante visitas a Bogotá, para recaudar las pruebas que comprometen a generales y Ministros de la Defensa.

El ataque, en el año 2008, al Ecuador para asesinar al comandante guerrillero Raul Reyes y sus compañeros, pisoteando las normas del derecho internacional y la soberanía de otra nación.

La pérdida de 100 mil kilómetros cuadrados del Mar Caribe de San Andrés, ante los reclamos de la República Sandinista de Nicaragua, que adelanto un brillante litigio en el Tribunal de La Haya para reivindicar derechos cercenados en 1928, mediante componendas de la burguesía con el imperialismo yanqui. La mediocre gestión de la Canciller y sus torpes delegados en Europa, derivaron en el fiasco territorial que hizo recordar la pérdida de Panamá en 1902. Este hecho fue un golpe demoledor para el actual gobierno y su flamante Jefe.

La reforma tributaria aprobada al finalizar el año 2012, la cual ha significado un descomunal golpe para los trabajadores, los empleados, los profesionales y las clases medias, asfixiadas por la cascada de impuestos como el IMAN y el IVA ampliado. Con el agravante de una exorbitante exoneracion fiscal, de miles de millones de dólares, para las multinacionales y los conglomerados financieros.

La ampliación de la crisis de la salud, encuadrada en los patrones del mercantilismo y el despojo, mediante la corrupción y la negación de este derecho fundamental, con la eliminación de la acción de tutela como instrumento de amparo ante el bloqueo deliberado de los operados con registro estatal.

La entrega de los presupuestos estatales a los jefes del clientelismo, mediante cupos indicativos, acordado con los gamonales del legislativo que conforman las mayorías oficialistas. Son miles de millones de pesos que van a parar a las camarillas politiqueras que se enriquecen con sus familias mediante licitaciones fraudulentas acomodadas a conveniencia sin vergüenza alguna.

El fracaso de la reforma a la justicia tramitada en contubernio con los legisladores para dejar en la impunidad la parapolítica y los delitos de los caciques de los partidos santistas.

La privatización de la educación y la represión violenta de la movilización estudiantil universitaria que sigue demandando una reforma democrática de la enseñanza pública.

El asesinato de sindicalistas, de lideres populares, de defensores de los derechos humanos, de indigenas, de mujeres y de campesinos. Es protuberante la complicidad de los aparatos armados oficiales con los grupos neoparamilitares que asesinan a los reclamantes de tierras, a los desplazados y a las victimas del terror del latifundismo y la ultraderecha.

El fracaso de la ley de tierras y reparación de víctimas, presentada como una revolución agraria que con el paso de los días tomó la forma de una contrarrevolución campesina de la que se favorece en gran latifundio, el agronegocio y la explotación minera de las multinacionales. Además de los politiqueros que convirtieron las reparaciones proyectadas por 45 billones para su reproducción electoral en las regiones.

La corrupción con las regalías petroleras, desviadas hacia los carruseles de la contratación, donde meten sus manos los grandes caciques electorales.

El desfalco de los dineros apropiados para atender las victimas de las crueles olas invernales que golpearon millones de colombianos en los últimos años.

La ineficiencia gubernamental en la gestión de proyectos estratégicos como la construcción de las dobles calzadas para facilitar la movilidad de millones de personas entre las distintas regiones del territorio nacional.

La clientelizacion y manipulación de millones de pobres con programas asistencialistas como familias en acción, jóvenes en acción y viviendas gratis, que son un insulto a la dignidad y decoro de los ciudadanos.

La corrupción del sistema electoral y la prevalencia del cohecho en las contiendas electorales, en perjuicio de los grupos de izquierda y democráticos que ejercen la oposición formulando alternativas de cambio para superar la crisis de la sociedad.

La quiebra de la industria nacional y la agricultura por efecto de la revaluación del peso, mediante la manipulación de la tasa de cambio y los fondos en dolares que genera el modelo extractivista minero.

Estos son los más agudos problemas que explican la caída abisma del señor Santos y la inviabilidad de su pretensión reeleccionista, así sea por dos años más, que es apenas una penosa cortina de humo.

Desde luego, en este análisis, es necesario plantearse algunas conjeturas sobre otros escenarios inmediatos que deben implicar una gran coalición popular alternativa al poder de la oligarquía dominante. Sobre ese asunto volveremos en otra oportunidad.