Horacio Duque.
Si hoy ocurriese
un fenómeno sísmico en Bogota, Dios no lo quiera, los daños no
tendrían la dimensión de los que propicio el denominado, por la importante
Revista Semana (ver edición del 14 de abril del 2013), segundo Bogotazo.
No se sale del asombro y
el choque emocional/ético, al conocer los detalles y hechos de los 38 frentes
de saqueo a los presupuestos públicos en el período de gobierno del Polo
Democratico en la capital de Colombia (2008-2011), en cabeza del hoy
encarcelado Samuel Moreno Rojas, para quien el ex candidato presidencial de la
izquierda institucional, Carlos Gaviria, ha pedido de
manera enfática beneficios
Según la extensa
investigación de la Revista, en fuentes judiciales de mayor crédito y
en otras muy objetivas, para el saqueo de la ciudad se conformó un "gobierno en la
sombra", con una Junta Directiva de la
que hacían parte su hermano, el senador Ivan Moreno (también
encarcelado en La Picota), Emilio Tapias (en la cárcel), Julio Gomez (en la
cárcel) y Alvaro Davila (en La Picota).
Tenían
un avión privado y se reunían de manera consuetudinaria en
Miami, donde adquirieron lujosas propiedades y organizaron cuentas
en paraísos fiscales, con la asesoría de expertos barranquilleros en
mercados financieros y bancarios.
El ataque y despojo a los
bienes públicos de la ciudad fue inclemente y arrasador. Se llevaron todo. Los
dineros del IDU. Los de la Malla vial. Los del Acueducto. Los de la salud. Los
del recaudo del sistema público de transporte. Los de la descontaminación del
río Bogota. Los de los comedores comunitarios. Los del Idiprom.
El monto del atraco ronda
en los 600 millones de dolares. Recibían hasta 200 millones de pesos
diarios (100 mil dolares) por las mordidas acordadas con los contratistas
escogidos a dedo, que tampoco entregaban las obras como ocurrió con las cámaras
de seguridad para escuelas y colegios, que las desaparecieron y se encuentran
en Popayan.
Parte de dicha red
delincuencial fueron 17 concejales que se repartían los dineros sustraídos.
Muchos de estos continúan en sus cargos, maniobrando, arreglando
pruebas, sobornando funcionarios judiciales y traficando con influencias para
dejar en la impunidad sus fechorías La prueba está que las
investigaciones no avanzan ni arrojan resultados. Por el contrario, han
orquestado una campaña de revocatoria del actual Alcalde de Bogotá, Gustavo
Petro, quien destapo heroicamente toda esta podrida alcantarilla de la política
en la Capital de Colombia.
Esos concejales son un
peligro para la sociedad, como lo establece el Código Penal. Son peor que una
Bacrim.
El lider de las firmas
para suspender el burgomaestre progresista es, ni más ni menos,
un adalid de la extrema derecha colombiana, el parlamentario Miguel
Gomez, quien moviliza unas abultadas sumas de dinero, de origen sin aclarar,
para pagar un lumpen de pregoneros que repiten como zombis unas absurdas
frases. Es un político que mueve las cuerdas de los ediles
mencionados.
La ciudadanía y toda la
esfera pública, conformada por 8 millones de personas, está completamente
indignada y consternada con este descomunal ciclón de corrupción.
Sin embargo,
hay parálisis por la evidente manipulación de los grandes medios de
comunicación que reciben gigantescas cantidades de dinero de contratistas
truculentos vigentes, empeñados en destruir el actual gobierno de la ciudad
porque ha tomado decisiones resueltas en defensa de la público en
áreas estratégicas como el servicio del aseo, la salud, la movilidad
y la infraestructura central del perímetro urbano.
Para
las próximas horas está anunciado un megadebate en el Concejo
distrital y diversos grupos de la ciudadanía han expresado su determinación de
movilizarse hacia este escenario político, para exigir resultados en las
acciones penales contra los ediles comprometidos en
los ilícitos descubiertos. Se trata de personajes muy conocidos como
Orlando Parada, Antonio Sanguino, Andrés Camacho, Jorge Salamanca, Soledad
Camacho, Jorge Duran, Dario Fernando Cepeda, Hipolito Moreno y otras fichas
adicionales de esta mafia de cuello blanco.
Lo curioso es que hay
otros concejales, asociados con el inveterado bipartidismo liberal-conservador,
que hundidos en la lógica del clientelismo y el cohecho, quieren pescar en río
revuelto para obtener tajadas burocráticas y fiscales, mediante el sabotaje a
las iniciativas del ejecutivo distrital, orientadas a la puesta en marcha de
los proyectos del Plan de Desarrollo.
Por nuestra parte, hemos
conformado con varias organizaciones y ciudadanos, el
Frente Común contra la impunidad y por la Justicia, que se reunirá
este fin de semana para trazar líneas de acción y movilización pública.
Exigimos que la justicia
actúe ya, y que cese la impunidad frente a este atraco concertado gravemente
por los nombres que se conocen claramente.
¿Cómo puede haber paz en
Colombia con hechos de esta calaña y con una justicia inoperante y carcomida
también por el soborno y la mordida?. Difícil.
Bogota, 18 de abril del
2013.
