Examen
cuidadoso de las falacias que utilizan los enemigos de negociar con las FARC y
explicación aguda de por qué nadie defiende de veras un proceso que sin embargo
necesita el país.
Por Juan Carlos Palou / Martes 5 de febrero de 2013
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| Juan Carlos Palou |
La
estrategia uribista
Los
enemigos del proceso de negociación entre el gobierno y las FARC han desplegado
una verdadera propaganda negra en su contra. Sin duda, estos ataques hacen
parte de una estrategia concebida para “posicionarse” desde ahora frente a las
elecciones de 2014.
Esta
estrategia es una réplica de la utilizada con éxito por el expresidente Uribe
en 2002: asumir desde el inicio una posición crítica y radical en contra de las
negociaciones, apostándole a su fracaso, sobre la base de que se trata de un
engaño de las FARC o, eventualmente, de una traición de Santos a la democracia.
En
esos dos conceptos se resume la estrategia:
Si el proceso no avanza o es abandonado por el
gobierno, se confirma la tesis del engaño.
Si el proceso avanza y se producen acuerdos
entre las partes, éstos serán señalados como actos de colusión contra los
intereses de todos los colombianos.
En
la entrevista que concedió José Félix Lafaurie a Yamid Amat se encuentra una
buena síntesis de los argumentos que sustentan esa posición política. Aunque se
trata de la opinión de sólo uno de los precandidatos presidenciales del
uribismo, los demás, con variaciones menores, dicen lo mismo en esencia.
De
hecho una de las fortalezas del uribismo es la homogeneidad y ausencia de
matices en el discurso. La batería de argumentos apunta a no dejar resquicio de
esperanza sobre la posibilidad de una salida negociada del conflicto armado.
Vale la pena ponderar algunos de esos argumentos.
Primer
argumento: las FARC están divididas
No
todos los que señalan la división interna de las FARC se oponen a este proceso,
pero sus enemigos sí lo presentan como una objeción muy seria. Según este punto
de vista, en la mesa de negociaciones no están representadas todas las fuerzas
de la organización: habrían quedado por fuera el Bloque Sur (Joaquín Gomez y
Fabián Ramirez), el Bloque Occidental (Pablo Catatumbo), otros frentes del
Pacífico, del Eje Cafetero y del Catatumbo. Éstos estarían en franca oposición
al proceso.
El
argumento básico consiste en afirmar que como dichos bloques están ubicados en
áreas cocaleras o de tráfico intenso de cocaína, entonces cuentan con enormes
recursos financieros. La prueba de su rebeldía estaría en la desobediencia que
mostraron frente al cese del fuego unilateral decretado desde la Habana.
Pero:
¿Se trata de una división por motivos políticos, o ella se debe al peso del
narcotráfico, o es una mezcla de las dos razones? Cualquiera que sea el motivo,
esta división deslegitimaría la negociación. Dice Lafaurie que se llegará a un
escenario poco deseable: “…una gente reinsertada y otra que continuará en
armas”.
Lo
cierto es que ningún proceso de desmovilización y desarme en el mundo ha sido
absoluto. Siempre hay disidentes, rebeldes o saboteadores que prefieren seguir
en las andanzas, bajo un ropaje político o criminal.
Por
lo demás, también hay individuos que se desmovilizan y al cabo de un breve
lapso retornan a la violencia. Lo demuestra la experiencia colombiana con las
AUC.
Pero
aún si el proceso de negociación con las FARC cobijara únicamente al 30 por
ciento de esa organización, el intento ya habría valido la pena. ¿Acaso
sustraer de la guerra a 3.000 o 3.500 hombres no tendría un impacto
significativo en términos de seguridad? Bastaría con calcular el esfuerzo
militar necesario para eliminar o neutralizar a esa cantidad de combatientes, y
compararlo con el costo de una negociación incruenta.
Segundo
argumento: las FARC no quieren la paz
Dice
Lafaurie que las FARC no han abandonado su propósito de tomarse el poder por
las armas ni de aplicar la combinación de todas las formas de lucha. Con este
argumento se matan dos pájaros de un tiro:
Por un lado se fortalece la idea de que las
FARC intentan aprovechar la negociación para fortalecerse militarmente. De ahí
el rechazo tajante a un cese al fuego bilateral.
Por otro lado se anticipa que cualquier
iniciativa de participación política que surja de la negociación, no sería otra
cosa que reeditar la experiencia de la Unión Patriótica (UP).
Para
probar la primera parte del argumento se invoca cualquier declaración de las
FARC que no involucre la plena aceptación de desmovilizarse y desarmarse. Según
este argumento, la guerrilla habría debido manifestar su intención de abandonar
la lucha armada, desde el primer día. Hasta ahora, salvo lo contenido en el
Acuerdo General, ninguna declaración de las FARC indicaría tal intención.
Es
probable que las opiniones de algunos exmilitantes de grupos guerrilleros
reinsertados, hayan alimentado la idea de que cuando se entra a la negociación
es porque se está decidido a terminar el conflicto armado por esa vía.
Algunos
ex guerrilleros (del M-19 y del EPL) han señalado que cuando sus organizaciones
se sentaron a dialogar con el gobierno, ya habían tomado la decisión de
abandonar la lucha armada. Esta idea hace aparecer la negociación misma como un
simple trámite para darle curso a la intención preexistente de desmovilizarse,
desarmarse y reinsertarse.
Los
expertos en negociación de conflictos no avalarían esta generalización. En su
conocido texto sobre el tema, Jesús Antonio Bejarano se refiere a las
“incompatibilidades” básicas como uno de los elementos que deben ser
considerados en un proceso de negociación. Estas pueden ser militares,
ideológicas, socioeconómicas o territoriales. Unas son más difíciles de
negociar que otras, pero todas pueden transformarse a través de la negociación.
Resulta
muy discutible afirmar que cuando se entra en una negociación es porque ya se
ha decidido abandonar la lucha armada. Eso equivale a decir que uno entra en la
negociación ya negociado o si se quiere derrotado. Si ello fuera así, toda
negociación tendría un final exitoso.
Pero
en realidad, la correlación de fuerzas militares y políticas determina el
resultado, y justamente el poder de la negociación radica en su capacidad de
modificar las intenciones y la voluntad de los contrincantes. A veces se logra
y otras veces no.
Todos
sabemos que en el pasado las FARC utilizaron la negociación para fortalecerse
militarmente y que aún hoy aspiran a lograr un acuerdo de regularización
(¡prolongación!) de la guerra. Pero resultaría difícil creer que la
organización no aprende de la experiencia.
La
más reciente en materia de negociación fue la del Caguán que, desde su óptica,
debería ser leída como el mayor despilfarro de capital político y militar en
que haya podido incurrir organización insurgente alguna.
Es
previsible que, en esta oportunidad, quieran tomarse la negociación más en
serio. De hecho podrían verla como una oportunidad para compensar políticamente
su manifiesta debilidad militar. Sería una “revolución” que las FARC vieran su
futuro en clave política y no militar.
En
cuanto a la combinación de todas las formas de lucha, la reedición de una
experiencia siquiera similar a la de la UP no parece verosímil, pues tanto
gobierno como guerrilla están vacunados contra dicho riesgo.
Tercer
argumento: narcoterroristas que quieren lavar capital
Según
dice Lafaurie, las FARC son narcotraficantes y terroristas cuya aspiración es
lavar capital a través del proceso de negociación.
Este
argumento es un ejemplo de la insistencia en igualar a las FARC con los
paramilitares, aunque muchos de los que hoy se oponen al dialogo con la
guerrilla no se opusieron a la negociación con los paramilitares.
Se
sabe que la guerrilla ha invertido sus ingresos de cualquier origen —
secuestro, extorsión, narcotráfico,… — en bienes muebles e inmuebles. Por otra
parte, a partir de la información arrojada por el programa de restitución de
tierras, se confirma la idea de que también se han beneficiado del despojo de
tierras.
Pero
no puede desconocerse que la relación de la guerrilla con la tierra se ha
basado más en considerar el territorio como un recurso estratégico para la
guerra, que como un recurso económico para engrosar el patrimonio individual,
tal como lo hicieron Mancuso y Jorge 40.
Los
mandos de las FARC sin duda aspirarán a “lavar” el origen de esos bienes, pues
les serán necesarios para la actividad política o para la vida civil. Pero por
evitar ese riesgo no puede echarse por la borda una posibilidad de terminar el
conflicto por la vía de los acuerdos. Para impedir ese intento de lavandería
están la ley de restitución de tierras y el proceso de saneamiento del sector
rural.
Proceso
sin defensores
De
la entrevista de Lafaurie se deduce que el uribismo se apropia del país, se
considera vocero de la nación. Las FARC, por su parte, se apropian del pueblo.
El
único que parece no reivindicar vocería alguna es el equipo negociador del
gobierno que, además, es descalificado desde muchos flancos acusándolo de no
representar a ningún sector social relevante. El pacto de confidencialidad
sobre la negociación, que ha mostrado bondades en muchos aspectos, también ha
inhibido al gobierno para promover un apoyo más activo de la opinión pública.
Los más vociferantes del gobierno son los
halcones que, como el ministro de Defensa, tienen la tarea de apaciguar al
uribismo y amenazar a las FARC. Lamentablemente, el jefe del equipo negociador,
De la Calle, sólo parece enérgico cuando tiene que coadyuvar a la amenaza y no
cuando reconoce los avances reales o potenciales de la negociación.
El uribismo depende del fracaso de las
negociaciones para volver al poder. Los ganaderos de Lafaurie, por ejemplo, ven
su identidad existencial amenazada por el posible éxito de la negociación con
las FARC. Es claro que invierten toda la energía para promover el fracaso del
proceso y el retorno de Uribe.
El presidente Santos parecería aplicar
aquello de que “el país no pierde nada por intentar la negociación”, pero si
comenzara a percibir los costos como excesivos, se mostraría dispuesto a
abandonar la iniciativa.
Los empresarios y otros sectores sociales y
políticos acompañan tibiamente al gobierno, pues confían en que si el proceso
fracasa, no cambie mucho su situación.
Las FARC, por su parte, para aparentar
fortaleza, con su proverbial torpeza política, recurren al degradado expediente
de invocar el secuestro como arma.
La propaganda negra alcanza con fuerza a la
opinión pública, es implacable y maniquea.
La defensa del proceso, por el contrario,
llega siempre cargada de matices y de condicionamientos: falta más
participación en la mesa, la agenda es recortada, la violencia no se acabará
con los acuerdos, el tiempo es insuficiente, el gobierno “usurpa el papel de la
sociedad civil” y un largo etcétera de objeciones.
Habrá
que volver a preguntarse ¿Es acaso poca cosa lograr sacar las armas de la
política por medio de una negociación política? ¿Justificaría ese modesto
objetivo un mayor compromiso en defensa de la negociación?
