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| Eduardo Sarmiento |
Basada en la información de otros países, la
administración de César Gaviria estableció el sistema privado de pensiones y a
regañadientes accedió a mantener la modalidad de prima media del ISS.
Hasta ese momento operaba con el sistema público
solidario de prima media (pensiones se cubren con las cotizaciones de los
afiliados). La relación pensionados-cotizantes era de 1 a 9, el sistema no
tenía mayor problema para mantener mesadas correspondientes al 75% del ingreso
promedio. El ISS, con cotizaciones entre 7 y 10%, operó durante décadas con
ingresos superiores a los egresos.
La reforma se fundamentó en los estudios de
Fedesarrollo y DNP. Decían que la modalidad de capitalización estaba en
capacidad de ofrecer beneficios superiores al 75% del ingreso promedio del ISS
(prima media). Se montó tamaña propaganda invitando a la gente a pasarse a los
fondos privados (AFP) prometiendo mayores beneficios que en el sistema público.
La apertura de los fondos estuvo acompañada de una avalancha de afiliados
alentados con falso señuelo. Mostré que las AFP con el sistema de amortización
empleado no garantizaban pensiones de más de 25% del salario promedio.
El balance no podía ser más absurdo. El sistema
público se quedó con los pensionados y los afiliados se desplazaron a los fondos
privados. A tiempo que el ISS quedó desfinanciado porque subió la relación
pensionados-cotizantes, las AFP recibieron cuantiosos recursos, y como no
tenían clientes, los movilizaron al sector financiero. Los beneficios del
sistema privado resultaron tres veces menos que el público. Como en los últimos
años aparecieron liquidaciones de los primeros pensionados que lo confirmaron
en carne propia, se desató un regreso masivo a la prima media. De mantenerse la
tendencia, el sistema público terminaría recuperando a los afiliados y los
fondos privados se extinguirían.
La reforma propuesta por el Gobierno consiste en
pasar las cotizaciones correspondientes al salario mínimo al ISS, extender un
subsidio a los cotizantes de los fondos privados y someter los ingresos por
encima del salario mínimo al régimen de capitalización. La mayoría de la
población quedaría con pensiones inferiores al 30% del ingreso promedio y
traería consigo el empobrecimiento de los grupos medios de mayor edad.
Lo grave es que no guarda relación con la realidad
nacional. El país está en la fase en que los cotizantes crecen por encima de
los pensionados. La relación pensionados-cotizantes es de 1 a 7, lo que
permitiría operar con la cotización actual de 13% y reconocer el 75% del
salario promedio. En Europa es de 1 a 3 y tiende de 1 a 2.
El Gobierno, en lugar de reconocer el fracaso del
sistema de privatización, profundizar sobre las causas y transformarlo a la luz
de la experiencia, enfila baterías para evitar el naufragio. La propuesta salva
a las AFP a cambio de minimizar la modalidad de prima media y reduce el
subsidio del presupuesto, pero no toca los grandes problemas, como las
pensiones privilegiadas sin fundamento financiero de los altos funcionarios del
Gobierno, las cortes y el Congreso, la baja cobertura y los escasos beneficios
de las AFP.
