La
participación ciudadana mediante veedurías y comités de control a la
gestión pública e inversiones y gastos estatales es un elemento primordial del
ejercicio de los derechos del ciudadano.
En desarrollo
de dicho postulado, varias organizaciones de la sociedad civil de la Región del Catatumbo (Norte
de Santander), han organizado un comité de Veeduría a la ejecución del Conpes
del Catatumbo, aprobado por el Departamento de Planeacion Nacional
por un valor de 900 millones de dolares y a las inversiones en la
infraestructura vial de la región.
El objetivo de
esta iniciativa comunitaria es impedir la corrupción e irregularidades en la
ejecución de estas cifras presupuestales, que protagonizan los miembros de la
clase política y garantizar que cada uno de los proyectos se focalice en los
graves problemas de la población más pobre de los 11 municipios de la
zona.
Hay que impedir
que lo de Gramalote (municipio que desapareció en la última ola invernal) se
vuelva a repetir por causa de los manejos oscuros de los políticos, en este
caso del Representante León Celis, que ha hecho la peor manipulación
del proceso para favorecer sus intereses personales y familiares en la compra
de los terrenos para construir el nuevo municipio que no se ha llevado a cabo
en perjuicio de centenares de familias que se encuentran a la deriva y en
albergues ruinosos.
Veamos los
primeros detalles de la ejecución en curso del Conpes y formulemos algunas
cuestiones para que las respuestas lleguen desde las instancias
correspondientes.
El Conpes (3706
y 3707) se organiza como un conjunto de acciones establecidas en el diagnóstico
realizado en la zona y las mismas se orientan a: i) Incrementar el crecimiento
y la generación de empleo, nos preguntamos ¿Qué tipo de empleos? ¿en qué
sectores? ¿empleos precarizados? ¿qué cantidad de nuevos puestos de trabajo?
¿con qué derechos para los nuevos trabajadores? ¿se respetará su derecho a la
sindicalizacion? ¿que mecanismos de protección se estableceran frente a las
amenazas de los grupos paramilitares y de los organismos militares y
policiales?; ii) mejorar la igualdad de oportunidades y aportar a la reducción
de la pobreza ¿se garantizará una efectiva igualdad de oportunidades en el
acceso a los servicios públicos o estos seguirán sujetos al manejo clientelista
de los gamonales de la politiquería? ¿intervendrán los ciudadanos en
los comités y organismos estatales locales encargados de las acciones
en los ámbitos de la política social? ¿cuales son las metas concretas de
reducción de los niveles de pobreza en la región? ¿son suficientes los 34
millones de dolares previstas? ¿se trata de meros programas asistencialista que
crean clientelas del gobierno y los directorios electorales como ocurre con
Familias en Acción?; iii) ¿cuales son los planes concretos de protección de la
naturaleza, del agua y de los ecosistemas frente a la megamineria que se
desarrolla en la región con los proyectos petroleros y carboníferos ¿que
sucederá con las reservas forestales?;¿cual es el papel de las organizaciones
comunitarias en la protección de los derechos de la naturaleza?; iv) ¿es
compatible la zona de consolidación y recuperación estratégica que
promueve el militarismo con los proyectos para consolidar la paz? ¿que se
entiende por seguridad? ¿es una concepción policial y de vulneración de los
derechos humanos como ha venido ocurriendo? ¿cuales son las acciones concretas
para atender a la población desplazada y victima de la violencia?; v) ¿cuales
son los planes concretos para el fortalecimiento de la capacidad institucional
de los gobiernos locales y eliminar la corrupción y el burocratismo
clientelar?.
Sobre las obras
de infraestructura vial, las preguntas que se plantean son las siguientes: ¿Es
adecuado el monto de la inversión financiera prevista (650 millones de dolares)
para los tramos carreteables Cúcuta-Ocaña-Aguaclara (Cesar) y
Astilleros-Tibu-Convención-La Mata? ¿son suficientes los 70 millones de dolares
para adecuar el corredor vial Cúcuta-Ocaña? ¿cual es el plan de obras para
avanzar en la doble calzada Bucaramanga-Cucuta y en las obras
viales Lejía (Pamplona)-Saravena?¿como se adjudicaran las obras?
¿cuál es el papel de las veedurías a estos proyectos y las garantías
reales a su tarea de fiscalización? ¿cuál es el papel de la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI) en estos contratos de cuarta generación
que incluirán una abundante participación privada?.
Se ha dicho que
a lo largo del 2013 se invertirán los primeros 118 millones de
dólares de la cifra global que se ejecutara entre el 2013 y el 2017, nos
preguntamos ¿Cuáles son los primeros proyectos que se van a ejecutar?¿que vías
se construirán? ¿cuando se abren las licitaciones para su adjudicación? ¿ante
quién se registran las veedurías correspondientes?¿en que lugares
se construirán los acueductos anunciados?¿cuantas viviendas se
desarrollaran?¿cuales son las redes eléctricas proyectadas?¿cuales
son los programas de atención integral a los niños y adolescentes ¿cuál
es su cobertura?¿cuáles son los programas de agua potable y de saneamiento
básico?¿cuales son los proyectos para ampliar las
redes tecnológicas de comunicación ¿cuales son los
proyectos para las comunidades y resguardos indigenas?.
Este es el
primer informe de la Veeduría
ciudadana al Conpes y nuestra gestión la estamos realizando en los 11
municipios del Catatumbo. Convocamos a mas ciudadanos e instituciones para que
se vinculen a este proceso que pretende el bien común y la paz con justicia
social de la población de esta importante región colombiana.
Ocaña, 19 de
febrero de 2013.
