En 1928, una transnacional gringa, la
United Fruit Company, arrojaba al mar decenas de cadáveres de trabajadores.
Allende
La Paz on 19 febrero 2013
Hoy,
otra corporación, con sede en Alabama, Estados Unidos, la Drummond, arroja
sobre la denominada Bahía más hermosa de América, toneladas de carbón. Y, según
investigaciones y denuncias, también ha tenido conexiones con grupos ilegales
para amenazar trabajadores y líderes sindicales.
Las transnacionales en Colombia, que las hay hasta de prostitución, han escrito una historia de piratería, explotación territorial y de mano de obra, y de abusos a granel. La heredera de la que tenía sus plantaciones en Ciénaga, en 1928, la Chiquita Brand, fue acusada de financiar grupos paramilitares en Urabá, de 1997 a 2004, a los que pagó 1,7 millones de dólares. Además, les transportó tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles. La justicia norteamericana la multó con 25 millones de dólares; la colombiana, pasó de agache.
Ahora retumba en el ambiente de los flagelos contra el país, la Drummond, cuyo nombre volvió a sonar recientemente por dejar caer al mar de Santa Marta más de quinientas toneladas de carbón. Y no había sonado, por ejemplo, en diciembre último, cuando el Estado colombiano le pagó a la misma una multa de sesenta mil millones de pesos. Qué curioso. ¿Dónde estaba la prensa? ¿Por qué tanto mutismo al respecto? ¿Acaso sectores de la oligarquía colombiana todavía chillaban hipócritamente por el fallo de La Haya en la que Colombia perdió buena parte de mar territorial frente a Nicaragua y tapaban con sus lágrimas de cocodrilo el resultado de la demanda de la Drummond?
Desde su arribo al país, en 1988, no han faltado contra la transnacional carbonera quejas de la comunidad y de los ambientalistas; protestas sindicales y demandas penales por su presunta complicidad en asesinatos de trabajadores. El contrato de operaciones de la transnacional con Colombia, el 078 de 1988, sufrió varias modificaciones en 1994, sin la empresa haber extraído todavía carbón, como lo indicó el investigador Mario Alejandro Valencia, del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo). Tal contrato le impide al Estado intervenir en los costos de transporte desde la mina hasta el puerto, “los cuales son descontados del pago de las regalías”.
Sobre la contaminación marina por el polvillo de carbón, que produce como una suerte de cáncer al mar, ha habido denuncias como las del director del acuario de Santa Marta, Franco Ospina. La desaparición de animales en playas y aguas (como las almejas y el chipichipi), la muerte del plancton, la preocupante mortandad de peces, son algunos de los efectos perversos provocados por la transnacional.
Y mientras la transnacional prospera, el medio ambiente y los pescadores se deterioran. Los “regalitos” que Colombia le ha dado a la corporación van desde beneficios fiscales hasta la exención de los impuestos a la compra de gasolina en las zonas de frontera que, según el precitado analista de Cedetrabajo, le representaron a la compañía una ganancia de 452 mil millones de pesos. “Solo para el 2010 el costo fiscal de los regalos del gobierno a Drummond costaron 218.694 millones de pesos”.
Regalar el país, feriarlo, darles a las corporaciones mutinacionales todas las gabelas, ha sido política de los entreguistas que hemos tenido como gobernantes desde hace años. Mientras los colombianos pagan alzas desaforadas en la gasolina, ésta se les abarata a compañías como la Drummond. Y al tiempo que el Estado se postra a sus pies, la transnacional responde con demandas, unas ante el Consejo de Estado, y otras, como la que recientemente ganó, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio, con sede en París. Así paga el diablo a quien bien le sirve.
Cuando algunos oficiantes oligárquicos salían a protestar por el fallo de La Haya sobre San Andrés, y llamaban a desconocerlo, se callaban frente a las tropelías de transnacionales como la Drummond. Nada han dicho sobre los crímenes ambientales y los irreparables daños ecológicos cometidos por ésta. En tales actitudes, de prosternación y entrega del suelo patrio a la voracidad de las corporaciones, es que se fundamenta la famosa locomotora minero-energética del gobierno colombiano. ¿Prosperidad para quién?
Las transnacionales en Colombia, que las hay hasta de prostitución, han escrito una historia de piratería, explotación territorial y de mano de obra, y de abusos a granel. La heredera de la que tenía sus plantaciones en Ciénaga, en 1928, la Chiquita Brand, fue acusada de financiar grupos paramilitares en Urabá, de 1997 a 2004, a los que pagó 1,7 millones de dólares. Además, les transportó tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles. La justicia norteamericana la multó con 25 millones de dólares; la colombiana, pasó de agache.
Ahora retumba en el ambiente de los flagelos contra el país, la Drummond, cuyo nombre volvió a sonar recientemente por dejar caer al mar de Santa Marta más de quinientas toneladas de carbón. Y no había sonado, por ejemplo, en diciembre último, cuando el Estado colombiano le pagó a la misma una multa de sesenta mil millones de pesos. Qué curioso. ¿Dónde estaba la prensa? ¿Por qué tanto mutismo al respecto? ¿Acaso sectores de la oligarquía colombiana todavía chillaban hipócritamente por el fallo de La Haya en la que Colombia perdió buena parte de mar territorial frente a Nicaragua y tapaban con sus lágrimas de cocodrilo el resultado de la demanda de la Drummond?
Desde su arribo al país, en 1988, no han faltado contra la transnacional carbonera quejas de la comunidad y de los ambientalistas; protestas sindicales y demandas penales por su presunta complicidad en asesinatos de trabajadores. El contrato de operaciones de la transnacional con Colombia, el 078 de 1988, sufrió varias modificaciones en 1994, sin la empresa haber extraído todavía carbón, como lo indicó el investigador Mario Alejandro Valencia, del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo). Tal contrato le impide al Estado intervenir en los costos de transporte desde la mina hasta el puerto, “los cuales son descontados del pago de las regalías”.
Sobre la contaminación marina por el polvillo de carbón, que produce como una suerte de cáncer al mar, ha habido denuncias como las del director del acuario de Santa Marta, Franco Ospina. La desaparición de animales en playas y aguas (como las almejas y el chipichipi), la muerte del plancton, la preocupante mortandad de peces, son algunos de los efectos perversos provocados por la transnacional.
Y mientras la transnacional prospera, el medio ambiente y los pescadores se deterioran. Los “regalitos” que Colombia le ha dado a la corporación van desde beneficios fiscales hasta la exención de los impuestos a la compra de gasolina en las zonas de frontera que, según el precitado analista de Cedetrabajo, le representaron a la compañía una ganancia de 452 mil millones de pesos. “Solo para el 2010 el costo fiscal de los regalos del gobierno a Drummond costaron 218.694 millones de pesos”.
Regalar el país, feriarlo, darles a las corporaciones mutinacionales todas las gabelas, ha sido política de los entreguistas que hemos tenido como gobernantes desde hace años. Mientras los colombianos pagan alzas desaforadas en la gasolina, ésta se les abarata a compañías como la Drummond. Y al tiempo que el Estado se postra a sus pies, la transnacional responde con demandas, unas ante el Consejo de Estado, y otras, como la que recientemente ganó, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio, con sede en París. Así paga el diablo a quien bien le sirve.
Cuando algunos oficiantes oligárquicos salían a protestar por el fallo de La Haya sobre San Andrés, y llamaban a desconocerlo, se callaban frente a las tropelías de transnacionales como la Drummond. Nada han dicho sobre los crímenes ambientales y los irreparables daños ecológicos cometidos por ésta. En tales actitudes, de prosternación y entrega del suelo patrio a la voracidad de las corporaciones, es que se fundamenta la famosa locomotora minero-energética del gobierno colombiano. ¿Prosperidad para quién?
