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| Gustavo Petro |
Horacio Duque.
Por decisión del Alcalde
Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, se ha suspendido el cobro de un oneroso
impuesto de valorización sobre un millon de predios de la Capital de la
República, que afectaba gravemente a los sectores populares de los Estratos 1,2
y 3.
La determinación es fruto
de una Acuerdo con el Concejo de la ciudad, gracias a la mediación del actual
Secretario de Gobierno, Alfonso Cabrera, un probado luchador popular.
La valorización es un
recaudo que se hace por el beneficio que las obras públicas (vías, avenidas,
parques e infraestructuras urbanas) traen al valor catastral y los precios de
los inmuebles. Como siempre, los que menos pagan son los más ricos y los que llevan
del bulto son millones de personas de los sectores sociales más débiles. Ese
era el esquema establecido en el Acuerdo 180 del 2005, expedido por los
gobiernos corruptos del Polo Democrático, que protagonizaron el carrusel de los
Nule y su tremendo saqueo de los dineros públicos.
El acuerdo firmado ordena
que el Alcalde expida un acto administrativo suspendiendo el recaudo y que se
presente un proyecto de Acuerdo para que se fijen nuevos parámetros en la
liquidación del impuesto de valorización, en términos de equidad y del
beneficio general de la ciudad. Lo que se quiere es reunir una importante
cantidad de dinero para hacer las obras de mantenimiento de la Avenida Caracas,
principal ruta de circulación de Bogota, hoy en ruinas, debido al escandaloso robo
ejecutado por el ex alcalde Enrique Peñalosa y sus subalternos del IDU,
recluidos en centros carcelario.
Lo que se pretende es que
los dineros de la valorización sirvan para la construcción de obras públicas de
beneficio comunitario.
Otro aspecto muy
importante de las determinaciones tomadas se refiere a la suspensión de los
cobros por el Plan Zonal de Ordenamiento del Norte/POZN, aprobado a las patadas
por el ex alcalde Samuel Moreno, correctamente encarcelado desde hace un año, y
que constituía un siniestro negociado de conocidos directivo del Polo
Democrático.
Avanza, con dificultades,
el proceso de democratización de la capital, no obstante la feroz oposición de
las mafias paramilitares y clientelares que han capturado la administración
pública.
Lo que viene es la
reforma del Plan de Ordenamiento Territorial para materializar el derecho a la
vivienda de los más pobres, a lo que se opone el Ministro de Vivienda, German
Vargas Lleras, el socio de las grandes constructoras de los conglomerados financieros
que comanda Luis Carlos Sarmiento Angulo.
