Robo
de las regalías mineras.
Horacio
Duque.
Las
regalías son recursos económicos que entregan las compañías que explotan el
petróleo y otros renglones mineros al Estado que los distribuye entre
departamentos y municipios, según lo establecido en una norma constitucional
que fue reglamentada recientemente.
Se
trata de cifras millonarias que deben ser invertidas en la solución de los principales
problemas sociales de las comunidades.
En
los últimos 20 años estos dineros se focalizaron en departamentos petroleros
como Casanare, Santander, Arauca y Putumayo, pero el despilfarro y la
corrupción esfumaron gran parte de los mismos.
En
Arauca, con una modesta población, los gobernantes se enriquecieron
construyendo obras innecesarios y suntuarias, mientras la pobreza se agudizaba
entre la mayor parte de los pobladores.
Igual
sucedió en el Casanare, donde buena parte de los gobernadores debieron ser
destituidos y encarcelados, junto con varios Alcaldes municipales que
compartieron con los grupos paramilitares de los "buitragueños", las
tajadas obtenidas en el saqueo de los dineros públicos.
En
el Putumayo, los jefes de los gobiernos en el departamento y municipios
establecieron alianzas sangrientas con los narcoparamilitares para apropiarse
de las regalías y lo lograron con creces, después de masacres, desapariciones y
asesinatos de líderes populares.
Con
el nuevo esquema de reparto vigente, hay otros departamentos y municipios que
reciben nuevas partidas fiscales de regalías.
Con
estos dineros en las tesorerías regionales de nuevo se disparó la danza de los
millones que están parando en manos de actores estatales delincuenciales. Otra
vez se activó la epidemia de la corrupción y el saqueo.
La
Contraloria General de la República ha detectado casi 500 hallazgos fiscales
por valor de 300 millones de dolares, que no son otra cosa que manifiestas
irregularidades. En sus oficinas hay 200 denuncias ciudadanas originadas en 50
municipios receptores de regalías, donde las comunidades no pueden hacer nada
frente al robo descarado de los funcionarios públicos debido a que proliferan
las amenazas y actos violentos contra las voces que con valentía señalan las
ilicitudes.
Veamos
casos.
En
el municipio de Paz de Ariporo(Casanare), donde es alcalde Edgar Bejarano
Garcia, se gastaron 21 millones de dolares (40 mil millones de pesos) en la
construcción de un sistema de de detención de aguas lluvias pero el mismo no
funciona y se encuentra abandonado.
En
Maní, otro municipio llanero, se gastaron 9 millones de dolares (16 mil
millones de pesos) en un alcantarillado pluvial y tampoco está habilitado, lo
que quiere decir que esos dineros se perdieron. La alcaldesa es Piedad Adriana
Camacho Camacho, que es ficha del senador Juan Carlos Martinez, encarcelado en
Bogota por ser organizador de grupos paramilitares y exportador neto de coca
desde Buenaventura.
En
ese departamento debieron destituir y encarcelar al Gobernador Nelson Mariño,
de la cuerda de Germán Vargas Lleras, porque se apropio de 9 millones de
dolares (17 mil millones de pesos) de un contrato de almuerzos para los niños
de las escuelas públicas.
En
la Jagua de Ibirico (Cesar), municipio que recibe regalías del Carbón, cuyo
alcalde es Didier Lobo Chinchilla, ficha de la Gata magangueleña Emilse López,
se ha detectado un fraude de 16 millones de dolares (30 mil millones de pesos)
en la construcción y mejoras de varias instituciones educativas. Es criminal lo
que hacen estos bandidos.
En
Buenaventura, administrada por Bartolo Valencia, se han establecido daños
patrimoniales en obras no terminadas en el acueducto municipal.
Igual
sucede con el Plan Departamental de aguas de Boyacá. En el municipio de Guican,
no se sabe donde están 3.5 millones de dolares (7 mil millones de pesos) que se
apropiaron para ampliar la infraestructura escolar en un convenio con el
Ministerio de Educación y la Federación de Cafeteros.
Estos
episodios de corrupción son una epidemia en otros lugares. Me refiero a los
municipios de Pinillos (Bolivar), Barrancas (Guajira), Concordia (Magdalena),
Coveñas (Sucre), Mocoa (Putumayo), Agua Azul y Sabana Larga (Casanare).
En
estos sitios la danza de los millones no para y la ciudadanía nada puede hacer,
solo puede circular clandestinamente denuncias que no tienen eco en las
entidades judiciales correspondientes.
Es
por tal razón que hemos planteado la organización de una Veeduría ciudadana
nacional y un Comite de control social para que, por lo menos, haga públicas
esta denuncias y exija las acciones necesarias por parte de la Fiscalia y otras
autoridades judiciales y de control que deben estar atentas a las situaciones
de corrupción y robo de los dineros públicos que enriquecen a inescrupulosos
agentes de la politiquería tradicional colombiana, ligada al santismo, el
uribismo, los liberales y conservadores. Todo en perjuicio de los sectores más
pobres y excluidos de la sociedad que no pueden acceder a la educación, a la
salud, al agua y al empleo, por causa de tanta corrupción.
