Por Allende La Paz on 19 febrero 2013
El verdadero
tratamiento del gobierno de Santos a las víctimas quedo reflejado el pasado 11
y 12 de febrero en la audiencia ante la Corte Interamericana
por los hechos ocurridos entre el 24 y 27 de febrero de 1997 en Cacarica,
Chocó. Luego de observar la audiencia la única conclusión posible es que existe
una profundización de la esquizofrenia del Estado. Ya había sucedido con la
petición de perdón de Santos a los militares, no a las víctimas, en respuesta
de la decisión de un Tribunal de Cundinamarca que ordenó a los castrenses pedir
perdón por la desaparición forzada de 11 personas en los hechos de la contra
toma del Palacio de Justicia en noviembre1985.
Febrero 15 de
2013
Así que no
podría ser otra la actitud de Rafael Nieto, abogado en representación del
intereses del Estado, no del colombiano si no del gobierno y de, creo yo,
amplios sectores de militares y los de ACORE. Una de las pretensiones del
gobierno en el caso fue demostrar que la ley de víctimas es el mecanismo más
idóneo que satisface los derechos de estas. El Vice Ministro Samper, hijo del
presidente de la época de la operación militar, aunque diferenció la ayuda
humanitaria, de la reparación, fue usado en los alegatos de Navia, este no
apareció como un ViceMinistro si no como alguien subordinado a Navia; este
Navia concluyó que ningún país en el mundo había hecho lo que Colombia por las
víctimas, reduciendo el problema de la reparación a unas cuantías. Insistió
permanentemente que las víctimas del caso podrían acudir a la ley de víctimas,
donde no se requiere prueba judicial y pueden recibir respuesta a sus
exigencias, pues el sistema interamericano es subsidiario, de algo, según él,
que ya funciona en Colombia. Habrá que demostrar el sentido lastimero y
caritativo con que el gobierno está tratando a millares de colombianos que
acuden para recibir un apoyo económico como víctimas, otra degeneración más, de
la auténtica responsabilidad del Estado.
Para el mandato
de Santos encarnado en su agente, el doctor Navia, en el fondo solo importan
dos cosas: evitar una indemnización en conformidad con estándares
internacionales y en específico de grupos colectivos, por que la ley 1448 ya
todo lo contempla; y dos, evitar al máximo que un tribunal internacional pueda
volver a referirse a la estrategia militares – paramilitares protegiendo entre
otros al general Rito Alejo del Río Rojas y una cadena de militares debajo de
este, pero también encima de él, en ese entonces miembros del Estado Mayor.
Habría que ver si entre esos militares más arriba se encuentra Jorge E Mora
Rangel, quién en documentos desclasificados del Departamento de Estado aparece
como uno de los protectores del que ha sido llamado “El pacificador de Urabá”.
En fin, para
Santos, el que quiere pasar a la historia como quién logró la paz, la verdad
histórica y el esclarecimiento penal no son importantes. Navia dejó claro que
da lo mismo quién haya sido el responsable y cuál haya sido la responsabilidad
en una violación, ahí hay una “platica” para las víctimas. Obvio, ni para él ni
los militares es importante la verdad histórica ni el esclarecimiento penal
para el Estado, se colige, la reparación y no repetición se reduce a una
indemnización monetaria.
El abogado
Rafael Nieto, de ingrata recordación en el rol que debería jugar según la
operación internacional dentro de la estrategia ofensiva ilegal del DAS, mostró
sus dientes contra las víctimas. La manera inquisitiva, agresiva, manipuladora
en defensa del Estado, me recordó aquel, en “defensa de las instituciones”.
Dicen por ahí que por este caso, a Nieto se le pagarán 500 millones de pesos,
una buena suma, que las víctimas nunca lograrán con toda su vida de trabajo..
Volviendo a
Nieto, su tratamiento a dos testigos de las comunidades negras asociadas en
CAVIDA evidenció su despreció por ellas y por la verdad histórica. Su defensa
es la mentalidad del guerrero que usa de la justicia, del contra derecho
democrático. Afincado en la visión doctrinaria de la seguridad nacional
concibió a las víctimas como enemigos internos, las pretendió asociar a una
operación concertada con las FARC, de ahí que les acosó, les atacó
despiadadamente. Pero la defensa del Estado desconoció, error absolutamente
grave, si quería defender a las sacro santa institucionalidad militar y sus
auxiliares paramilitares, y a los inconfesables sectores empresariales
beneficiados de esta violencia, como Multifruits Ltda y la multinacional Del
Monte, que se trataba de afros; habitantes rurales caracterizados en sus
expresiones lingüísticas, en la narración, por su referencia a un modo de
tiempo y de espacio que no corresponde al positivismo leguleyo; desconoció la
condición de sujetos de una tradición oral capaz de referirse con profundidad a
los detalles que impactan su existencia y que sostienen la verdad real de lo
que sucedió en esos días.
Aparente
conocedor de la región, Nieto, quedó como el abogado que desconoce los
contextos y las cosas simples de la vida. Cuando se dice límites territoriales,
se dice de tierras vecinas, no a 30 kilómetros . Cuando él mismo dice que la
operación de la brigada 17 es en Salaquí olvida que su límite es Cacarica, no
una distancia limítrofe de 30 kilómetros en los que no hay nada ni nadie.
Dos lógicas evidentemente contrarias, la de la defensa del Estado arrogante con
la del humilde poblador.
Pero la
cuestión no paró allí, sostuvo que la guerrilla conociendo del desarrollo de la
operación “Génesis” organizó un desplazamiento para sostener que no hubo
responsabilidad estatal, infortunadamente no aportó ninguna prueba. Cuándo le
manifestaron los abogados de las víctimas, que los exguerrilleros, “Samir y
Karina”, nunca se han referido a Cacarica, no pudo sostener más que lo mismo
que todo fue un contubernio, tal vez, proyectando en sus alegatos, lo que él
sabe que realmente sucedió el contubernio criminal institucional.
Nieto no ahorró
esfuerzo alguno para disimular su animadversión a las víctimas y a sus
representantes tratando de modificar circunstancias de modo, de tiempo y de
lugar respecto a lo que las víctimas afirmaron. En su obsesivo objetivo atacó a
los testigos, a la vez víctimas, cambio las noches por las madrugadas, excluyó
en la presentación de sus peritos, que parecían testigos de excepción de los
que había ocurrido en febrero de 1997, ambos militares, uno de los puntos de
ubicación de la operación “Génesis” en Cacarica y después que se le nombró
varias veces el lugar conocido como Teguerré, dijo al estilo de “Godofredo” es
que hay tres Teguerré.
Las infamias
del Estado colombiano contra las víctimas no pudieron quedar mejor reflejadas.
La síntesis del acervo probatorio que mostraron los representantes de las
víctimas es contundente. Testimonios de militares que hablan de las reuniones
frecuentes de Rito y los paramilitares en la propia brigada 17, Ever Veloza,
Fredy Rendón, Raúl Hasbún y una de ellas la realizada en diciembre para la toma
del municipio de Río Sucio y la continuidad con la operación “Génesis”, en la
que participó el prófugo coronel Jorge Eliécer Plazas, vale recordar que
participó en el asesinato de Jaime Garzón, y a quien habría que peguntarle por
Mora Rangel, el que está en los diálogos de la Habana y “La Terraza ”; los testimonios
de William Soto, declarado paramilitar, afirmó la coordinación en la Operación Génesis ,
con la participación de 15 hombres del ejército y 45 de los paramilitares y al
acuerdo de no enfrentamiento con las tropas al mando de Rito Alejo del Río y
los paramilitares de las Auc; ah y finalmente, ll os testimonios de testigos de
la defensa del general Rito Alejo del Río, que se refieren a las operaciones
conjuntas entre militares y paramilitares en febrero de 97. Nada de esto Nieto
lo refutó. Solo atacó a las víctimas por haberse referido a la reunión en
Bocachica, Cacarica, centro de operaciones de militares y de paramilitares; por
sostener que el desplazamiento lo causaron las operaciones conjuntas, porque la
brigada 17 expresó en medio de la gente que le pidió protección, que no podían
hacer nada, porque los que se quedaban eran los paramilitares y debían ir a
Turbo, donde la policía los reuniría para llevarlos al coliseo de Turbo.
Una verdad
histórica, una verdad real. La brigada 17 usó de medios ilegales, encubiertos
generando el desplazamiento forzado de los habitantes de Cacarica. Reconocer
eso, es gallardo, es respetar a las víctimas, es respetar la historia
colectiva, es honor de un verdadero guerrero y de alguien que busca la paz. Lo
contrario es proteger la lógica en que Rito Alejo del Río y centenares
militares de alto rango han actuado en Colombia, en los últimos 25 años, y
quienes les han emulado, celebrado y apoyado como Álvaro Uribe Vélez. No solo
se trata del homenaje en el Hotel Tequendama. En audiencia interna el abogado
del general Del Río, expresó que este como gobernador de Antioquia estuvo al
tanto de la operación “Génesis”. No aceptar la realidad es temer al poder del
derecho, negar la posibilidad de no repetición de los derechos a las víctimas y
mantener la construcción de un Estado esquizofrénico incapaz de reconocerse así
mismo, para curarse.
“Génesis”,
doctor Navia, no es aplicación del derecho internacional humanitario, es una
expresión de una criminalidad que permea las operaciones contra los civiles,
usar de medios ilegales como los paramilitares para lograr propósitos
inconfesables a nombre de las “democracia”. La operación “Génesis” fue
clarísimamente una operación encubierta de la brigada 17 con los paramilitares.
Y en el derecho internacional, yo que soy ignorante en la materia, me quedó
claro, que una cosa es la asistencia humanitaria y otra la reparación. Así que
no nos confunda o como dijo alguna vez su mandatario; “no nos crea tan
pendejos”.
En Tumaradó,
hace unas horas, según aparece en páginas de internet, los paramilitares
volvieron a atacar a los integrantes de CAVIDA, en ese lugar, ese que Nieto
negó que existiera en dónde hoy existe. ¡Así no se defiende un Estado
democrático!. Un Estado se defiende con la verdad y con el respeto a los
derechos de las víctimas, no despreciándolas.
