Paz,
Acuerdo general, preámbulo y ampliación de la Agenda temática.
Horacio
Duque.
El
Acuerdo general para la superación del conflicto colombiano, firmado desde
agosto del 2012, entre el gobierno del señor Santos y las Farc/EP, constituye
la base de un nuevo ciclo de la historia colombiana. Es una frontera que
registra la incidencia política y estratégica de la prolongada y heroica
resistencia campesina y su conciencia revolucionaria sobre la sociedad
política, incluido el Estado y el régimen político. No es una concesión de la
clase dominante, ni un favor político de la oligarquía. Es una relevante
conquista de todo el pueblo que es preciso defender y profundizar tanto
política como ideológicamente.
La
filosofía consagrada en el preámbulo del Acuerdo constituye una referencia
central de las conversaciones y los tratos entre las partes. No es letra
muerta, ni retórica inútil, como lo quieren hacer ver columnistas y analistas
sesgados que reflexionan desde los parámetros de la ideología prevaleciente en
los grupos dominantes.
Si bien
es cierto en el texto del documento se han indicado unos temas iniciales, seis
preliminares, para las conversaciones, todos ellos de la mayor trascendencia,
no menos cierto es que en su Introducción se sistematizan contenidos que son la
fuente de una salida negociada al conflicto que atienda los problemas
esenciales de la sociedad y su formación socio-económica, que actúan como
fuente de la violencia, la inequidad, la pobreza, la desigualdad y el
autoritarismo de una democracia neoliberal electoral de cohecho.
Los
puntos consignados en el Preámbulo no pueden ser omitidos olímpicamente como lo
pretende el señor Humberto de la Calle, jefe de la delegación gubernamental.
Los
mismos deben ser objeto de estudio para ampliarlos y de esa manera enriquecer
la Agenda preliminar.
Veamos
cada uno de estos.
La
construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere
de la participación de todos, sin distinción. El debate de este aspecto debe
adquirir los niveles de un tema central que lleve a compromisos para garantizar
la participación de todos los ciudadanos, sin distinciones de raza, sociales,
de religión o de género, en la construcción de la paz. Un resultado concreto de
los diálogos en este campo debe permitir profundizar el “régimen de ciudadanía”
vigente en la actualidad en la sociedad, que tiene muchas limitaciones. Debe
proyectarse en la construcción de una sociedad civil que se sustente en una
ideología democrática avanzada
El
respeto a los DDHH en todos los confines del territorio nacional es un fin del
Estado que debe promoverse. La Mesa de la Habana debe dedicar tiempo y espacios
al diseño para la promoción de toda la carta de Derechos Humanos de la
civilización contemporánea. El reto en esta materia es su aplicación y
protección efectiva para que todos los colombianos puedan ejercer cada uno de
los derechos y garantías que ha conquistado la humanidad en los dos últimos
siglos. Tan esenciales los derechos sociales, como los derechos políticos, los
derechos económicos, los culturales y ambientales.
La
materia relacionada con el desarrollo económico con justicia social y en
armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso, debe ser
transversal en los diálogos y su abordaje implica aproximarse a elementos como
la propiedad privada, la propiedad colectiva, los bienes públicos, la
distribución de la renta nacional, la cogestión de la clase obrera, la
democratización de la banca y el sistema financiero, el funcionamiento de la
Banca Central, la balanza comercial, la tasa de cambio, los TLCs, el mercado de
divisas, las regalías mineras, el régimen tributario, la deuda pública, la tasa
de interés, la nacionalización de los recursos estratégicos, el sistema
cooperativo, la pequeña y mediana empresa, y los derechos de la naturaleza.
El campo
del desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías
que permite crecer como país debe ampliarse con la reforma del Estado para que
este asuma las funciones sociales que le corresponden en materia de salud,
educación, servicios públicos, saneamiento básico, empleo, derecho a la
movilidad, empleo, renta básica, derechos de la mujer, derechos de las
minorías, pensiones y cultura.
El tema
asociado con una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y
el desarrollo regional y mundial, hace referencia a la democratización de la
política internacional que por años ha sido un privilegio de las élites. La
sociedad civil democrática debe poder participar en la construcción de una
diplomacia para la paz y la coincidencia con las fuerzas regionales
antiimperialistas y soberanas.
La
ampliación de la democracia como una base sólida de la paz compromete la
voluntad de los sujetos políticos involucrados en las conversaciones para
cualificar un nuevo “régimen de ciudadanía” en el que la igualdad es una
condición prioritaria. Pero una democracia para la paz no puede ser solo el
régimen liberal representativo y consociacional que ha sido el instrumento de
dominación permanente del bloque oligárquico hegemónico. Una democracia para la
paz implica un concepto nuevo de participación, un sistema electoral limpio,
unos derechos y garantías reales para la oposición, la democratización de los
medios masivos de comunicación, la transformación radical de la justicia, la
descentralización y regionalización, un nuevo sistema de partidos, mecanismos
efectivos de participación y vigilancia ciudadana sobre la gestión pública, la
lucha sin cuartel contra la corrupción, la transparencia en la gestión pública,
un poder público moral, otro régimen legislativo, la reforma del poder militar
y policial que eliminen las teorías contrainsurgentes que apalancan el
paramilitarismo y unos cambios estructurales del Estado para eliminar los
referentes neoliberales establecidos por el Banco Mundial y el FMI en todas las
reformas ejecutadas en las últimas décadas para privatizar amplias secciones de
la administración estatal.
Estos
temas deben enriquecer y ampliar la agenda de seis puntos que en la actualidad
se debate relacionados con la política de desarrollo agrario integral; la
participación política; el fin del conflicto que es un complejo proceso
integral y simultaneo que implica el cese al fuego y de hostilidades, bilateral
y definitivo; la dejación de armas con la reincorporación de las FARC-EP a la
vida civil –en lo económico, lo social y lo político–, de acuerdo a sus
intereses; la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o
condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP; la intensificación del
combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo
la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier
organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra
defensores de DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos; la revisión,
reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos
de la construcción de la paz; las garantías de seguridad; en el marco de lo
establecido en el punto quinto (Víctimas) de este acuerdo, se esclarecerá,
entre otros, el fenómeno del paramilitarismo, la firma del acuerdo final inicia
este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por
las partes.
La
solución al problema de las Drogas ilícitas, con programa de sustitución de
cultivos ilícitos; planes integrales de participación de las comunidades en el
diseño, ejecución, y evaluación de los programas de sustitución y recuperación
ambiental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos; los programas de
prevención del consumo y salud pública.
Las
víctimas para resarcirlas a las víctimas y en ese sentido se tratarán: DDHH de
las víctimas; verdad.
Y la
implementación, verificación y refrendación.
Esta
ampliación de la Agenda consignada en el Acuerdo especial de La Habana permite
certezas a todo el pueblo colombiano en el proceso de paz para que este no sea
una vulgar simulación que se utilice en juegos electorales, politiqueros o
reeleccionistas.
Por eso
la necesidad de que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente como
elemento fundacional de un nuevo orden político democrático y popular, como
mecanismo que exprese la voluntad popular soberana por el cambio.
Es que
algunos y algunas quieren capitalizar para sus fines electoreros mezquinos el
proceso de paz que se adelante en la Habana. Son los conocidos oportunistas de
la política bipartidista tradicional que aprovecha todo para sus fines de lucro
y acumulación de riqueza.
Solo la
movilización de la multitud con manifestaciones y acciones como las que se
prevén para el 9 de abril próximo protegen los cambios reales que se desprenden
de la conquista de la paz.
