Por Horacio Duque.
La participación
ciudadana mediante veedurías y comités de control a la gestión pública e
inversiones y gastos estatales es un elemento primordial del ejercicio de los
derechos del ciudadano.
En desarrollo de dicho
postulado, varias organizaciones de la sociedad civil de la Región del
Catatumbo (Norte de Santander), han organizado un comité de Veeduría a la
ejecución del Conpes del Catatumbo, aprobado por el Departamento de Planeacion
Nacional por un valor de 900 millones de dolares y a las inversiones en la
infraestructura vial de la región.
El objetivo de esta
iniciativa comunitaria es impedir la corrupción e irregularidades en la
ejecución de estas cifras presupuestales, que protagonizan los miembros de la
clase política y garantizar que cada uno de los proyectos se focalice en los
graves problemas de la población más pobre de los 11 municipios de la zona.
Hay que impedir que lo de
Gramalote (municipio que desapareció en la última ola invernal) se vuelva a
repetir por causa de los manejos oscuros de los políticos, en este caso del
Representante León Celis, que ha hecho la peor manipulación del proceso para
favorecer sus intereses personales y familiares en la compra de los terrenos
para construir el nuevo municipio que no se ha llevado a cabo en perjuicio de
centenares de familias que se encuentran a la deriva y en albergues ruinosos.
Veamos los primeros
detalles de la ejecución en curso del Conpes y formulemos algunas cuestiones
para que las respuestas lleguen desde las instancias correspondientes.
El Conpes (3706 y 3707)
se organiza como un conjunto de acciones establecidas en el diagnóstico
realizado en la zona y las mismas se orientan a: i) Incrementar el crecimiento
y la generación de empleo, nos preguntamos ¿Qué tipo de empleos? ¿en qué sectores?
¿empleos precarizados? ¿qué cantidad de nuevos puestos de trabajo? ¿con qué
derechos para los nuevos trabajadores? ¿se respetará su derecho a la
sindicalizacion? ¿que mecanismos de protección se estableceran frente a las
amenazas de los grupos paramilitares y de los organismos militares y
policiales?; ii) mejorar la igualdad de oportunidades y aportar a la reducción
de la pobreza ¿se garantizará una efectiva igualdad de oportunidades en el
acceso a los servicios públicos o estos seguirán sujetos al manejo clientelista
de los gamonales de la politiquería? ¿intervendrán los ciudadanos en los
comités y organismos estatales locales encargados de las acciones en los
ámbitos de la política social? ¿cuales son las metas concretas de reducción de
los niveles de pobreza en la región? ¿son suficientes los 34 millones de
dolares previstas? ¿se trata de meros programas asistencialista que crean
clientelas del gobierno y los directorios electorales como ocurre con Familias
en Acción?; iii) ¿cuales son los planes concretos de protección de la
naturaleza, del agua y de los ecosistemas frente a la megamineria que se
desarrolla en la región con los proyectos petroleros y carboníferos ¿que
sucederá con las reservas forestales?;¿cual es el papel de las organizaciones
comunitarias en la protección de los derechos de la naturaleza?; iv) ¿es
compatible la zona de consolidación y recuperación estratégica que promueve el
militarismo con los proyectos para consolidar la paz? ¿que se entiende por
seguridad? ¿es una concepción policial y de vulneración de los derechos humanos
como ha venido ocurriendo? ¿cuales son las acciones concretas para atender a la
población desplazada y victima de la violencia?; v) ¿cuales son los planes
concretos para el fortalecimiento de la capacidad institucional de los
gobiernos locales y eliminar la corrupción y el burocratismo clientelar?.
Sobre las obras de
infraestructura vial, las preguntas que se plantean son las siguientes: ¿Es
adecuado el monto de la inversión financiera prevista (650 millones de dolares)
para los tramos carreteables Cúcuta-Ocaña-Aguaclara (Cesar) y Astilleros-Tibu-Convención-La
Mata? ¿son suficientes los 70 millones de dolares para adecuar el corredor vial
Cúcuta-Ocaña? ¿cual es el plan de obras para avanzar en la doble calzada
Bucaramanga-Cucuta y en las obras viales Lejía (Pamplona)- Saravena?¿como
se adjudicaran las obras? ¿cuál es el papel de las veedurías a estos proyectos
y las garantías reales a su tarea de fiscalización? ¿cuál es el papel de la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en estos contratos de cuarta
generación que incluirán una abundante participación privada?.
Se ha dicho que a lo
largo del 2013 se invertirán los primeros 118 millones de dólares de la cifra
global que se ejecutara entre el 2013 y el 2017, nos preguntamos ¿Cuáles son
los primeros proyectos que se van a ejecutar?¿que vías se construirán? ¿cuando
se abren las licitaciones para su adjudicación? ¿ante quién se registran las
veedurías correspondientes?¿en que lugares se construirán los acueductos
anunciados?¿cuantas viviendas se desarrollaran?¿cuales son las redes eléctricas
proyectadas?¿ cuales son los programas de atención integral a los niños y
adolescentes ¿cuál es su cobertura?¿cuáles son los programas de agua potable y
de saneamiento básico?¿cuales son los proyectos para ampliar las redes
tecnológicas de comunicación ¿cuales son los proyectos para las
comunidades y resguardos indigenas?.
Este es el primer informe
de la Veeduría ciudadana al Conpes y nuestra gestión la estamos realizando en
los 11 municipios del Catatumbo. Convocamos a mas ciudadanos e instituciones
para que se vinculen a este proceso que pretende el bien común y la paz con
justicia social de la población de esta importante región colombiana.
Ocaña, 19 de febrero de
2013.