Horacio
Duque.
La
Contralora general de Norte de Santander, Claudia Patricia Rodriguez Ayala, se
ha tomado muy en serio su cargo y funciones, y está organizando unas Audiencias
públicas con la ciudadanía para poner al descubierto las irregularidades que se
cometen con los dineros de los presupuestos públicos de su departamento.
Para
el efecto ha previsto realizar varios eventos de democracia participativa y
control popular sobre la gestión de los Alcaldes. Su agenda incluye la visita a
15 municipios, empezando por Chinacota, Ocaña, Sardinata y Ragonvalia.
Ya
se realizó la asamblea popular en el Colegio Luis Gonzaga del municipio de
Chinacota. Localidad donde viven 15 mil personas, que fue fundada en 1535 por
españoles y alemanes, en el Valle de Iscala, donde vivía desde el año 900 (d.c)
el pueblo de los Chitareros, exterminados por los conquistadores de los reyes
españoles, después de que los indígenas eliminaran con sus flechas a Ambrosio
de Alfinger, el violento teuton que participaba del despojo de los amerindios.
En
la reunión comunal convocada por la Contralora Rodriguez y en la que participó
el actual alcalde Carlos Conde, se delimitaron varios proyectos en los que se
hacen cuantiosas inversiones con pocos resultados.
Uno
de ellos es el terminal de transportes interurbano de camperos para hacer
efectivo el derecho a la movilidad de los habitantes lugareños. Hasta el
momento se han gastado 350 millones de pesos y las obras no aparecen por ningún
lado. Es un elefante blanco, señalan de manera unánime los ciudadanos.
Otro
es el relacionado con las Fiestas de San Nicolas, cuyos resultados financieros
se desconocen porque el Alcalde no presenta ningún balance de las millonarias
rentas obtenidas.
Chinaquillo,
un Hogar Infantil, es otro foco de corrupción establecido que requiere la mayor
transparencia.
En
la contratación de la salud pública subsidiada, SISBEN, impera también, como en
todo el país, la corrupción y el desfalco mientras los pobres no pueden acceder
a los servicios hospitalarios y médicos del Hospital Municipal. Esta es una
situación aberrante que deben aclarar los organismos judiciales y
disciplinarios en investigaciones urgentes sobre la gestión de los concejales y
la burocracia de la Alcaldía encargada de la salud.
En
similar situación están los dineros apropiados para la compra de uniformes y
otras dotaciones escolares en el Centro Educativo Ospina Perez.
Los
contratos de saneamiento ambiental por 100 millones, son irregulares pues el
acueducto y el alcantarillado no funcionan. El municipio permanece buena parte del
tiempo sin agua, mientras se hacen millonarias inversiones que se esfuman como
por arte de mafia.
Supuestamente
hay inversiones en la pavimentación y mantenimiento de las vías, pero estas se
encuentran en condiciones espantosas.
Todas
estas son irregularidades que nadie se atreve a denunciar en el municipio
porque allí imperan códigos de silencio establecidos violentamente por grupos
extraños que operan al margen de la ley y con amplia movilidad en el corredor
de la frontera con Venezuela que es utilizada para el contrabando de
combustibles, alimentos y el trasiego de droga por la banda de los Urabeños.
Buena
labor la de la Contralora departamental de Norte de Santander. Ojala no le pase
nada porque su gestión está pisando callos en un territorio al que le está
fluyendo un inmenso caudal de recursos nacionales de regalías, reparación de
victimas restitución de tierras, Conpes del Catatumbo e inversiones en el
Acueducto metropolitano y las dobles calzadas hacia Pamplona y Ocaña, que los
políticos del poder legislativo saquean descaradamente mediante la manipulación
de los pliegos respectivos y los desembolsos de anticipos, como ha ocurrido con
la construcción del municipio de Gramalote devastado por un fenómeno natural
sísmico.
