Por Roberto Romero Ospina, Centro de
Memoria, Paz y Reconciliación
Creada
en 1984, hace 29 años, la Unión Patriótica, sigue vigente. Ayer 20 de marzo,
varias noticias retomaron el tema del movimiento que padeció, tras el genocidio
del gaitanismo, otro de similares características: más de 3600 de sus líderes y
militantes de base fueron asesinados.
En
primer lugar, el Consejo de Estado ordenó a la Nación pedir perdón a los
familiares del dirigente agrario y cofundador de la UP, Julio Poveda, asesinado
por sicarios el 14 de febrero de 1999 y le exigió a la justicia penal que actúe
y esclarezca el crimen.
La
Sección Tercera, en su fallo, ordena al Estado pedir perdón en una ceremonia
pública, a indemnizar a los familiares del líder político de izquierda con más
de 500 millones de pesos y pidió el envío de copias del fallo a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que analiza una demanda
contra la Nación por los más de dos mil militantes de esa organización política
asesinados desde 1983.
Y
el mismo 20, otras dos informaciones sacudieron el escenario político del país:
al tiempo que el Congreso creaba una subcomisión que analizará las
posibilidades jurídicas de restituir la personería jurídica de la Unión
Patriótica, la Procuraduría instaba al Consejo de Estado a no revocar el fallo
del Consejo Nacional Electoral que en 2002 le arrebató a esta agrupación sus
derechos políticos.
A
la idea de los congresistas Alexandra Moreno, del Movimiento Mira, y Guillermo
Rivera, del Partido Liberal, se unieron las comisiones de paz del Congreso, que
tras la sesión conjunta del miércoles 20 habilitaron a un grupo de congresistas
que analizarán las vías jurídicas para ello.
Una comisión reparadora y la ley de
víctimas
De
acuerdo con el presidente del Senado, Roy Barreras, citado por El Tiempo, “se
ha creado una subcomisión que revisará las posibilidades jurídicas de
restablecimiento de la personería jurídica de la Unión Patriótica, el
movimiento víctima del genocidio, conocido y doloroso, y que implica una nueva
manera de reparación a esas víctimas de la UP”.
Según
la tesis, los artículos 151 y 152 de la Ley de Víctimas contemplan la
“reparación colectiva” a las organizaciones políticas que han sido víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos.
Esto
se haría tras una recomendación del Plan Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, el cual encabeza el Presidente de la República, a la
Unidad de Víctimas, que emitiría una resolución pidiendo al Consejo Nacional
Electoral (CNE) que le regrese la personería jurídica a la UP.
Se
trataría de un fallo histórico en el camino de la reparación de miles de
víctimas y el resarcimiento de un movimiento que contribuyó a la paz de
Colombia tras su fundación bajo los acuerdos de la Uribe de mayo de 1984 entre
la administración de Betancur con las FARC de Cese al Fuego, Tregua y Paz, los
únicos que por cierto esa guerrilla ha firmado con gobierno alguno.
El Procurador vuelve a matar a las
víctimas
Por
eso el pronunciamiento del Procurador solo apunta a volver a exterminar al
joven movimiento que se levantó como una real alternativa política en Colombia.
Los actos administrativos 5659 del 30 de septiembre de 2002 y 7477 del 20
de noviembre de 2002 del Consejo Nacional Electoral fueron demandados ante el
alto tribunal por la UP que argumentó que el Consejo Nacional Electoral CNE,
excedió sus competencias, al aplicar la Ley 130 de 1994, sin tener en cuenta
que la UP fue objeto de un genocidio político.
El procurador delegado Antonio Eduardo Gómez Merlano, obedeciendo órdenes
del Procurador General, Ordoñez, conceptuó que si el Consejo Nacional Electoral
no hubiese aplicado la norma que rige para mantener la personería jurídica de
la UP, estaría violando la Constitución o estaría generando desigualdad en
referencia a otros partidos políticos.
La ley electoral determina que un partido político pierde sus derechos si
no alcanza un determinado número de votos o no se presenta a elecciones. Que no
fue precisamente el caso de la UP pues no era igual ante la ley como pretende
el Procurador pues fue objeto de una política de exterminio que no sufrieron
los otros partidos. Olvidar esto no es sino convertirse en cómplice de quienes
optaron por la vía de la extinción a sangre y fuego.
Con toda razón los demandantes del absurdo fallo del Consejo Nacional
Electoral que le arrebató la personería jurídica y que ratificó a través de las
Resoluciones 0101 del 24 de
enero de 2012 y 0364 del 11 de abril de 2012, señalan que “la presunción de
legalidad que para vergüenza del país aún ostentan estos actos administrativos
que se solicitan se revoquen indican a la conciencia nacional, que fue
políticamente eficaz eliminar sistemáticamente – matándolos - a los dirigentes
visibles y a muchos de los militantes de un partido político para determinar o
por lo menos incidir en su bajo desempeño electoral y lograr así la pérdida de
su personería jurídica”.
Devolverle
la personería jurídica al partido que lideró Jaime Pardo Leal, está en
consonancia con la Ley de Víctimas y que debe ser tenida en cuenta por el
Consejo de Estado en un fallo que espera pronto todo el país.
Se
trata, como lo indica dicha ley y en desarrollo de las garantías de no
repetición que deben entenderse retroactivamente derogadas las interpretaciones
de las normas electorales que para el Consejo Nacional Electoral no admitían -
hasta antes de la Ley de Víctimas - considerar "situaciones
excepcionales" como lo es un genocidio contra un partido político para
inaplicar una norma electoral en particular.
Otra
cosa sería volver a repetir un acto simbólico de consumación del genocidio.
Como
lo recuerdan los demandantes de las arbitrarias resoluciones del Consejo
Electoral éste se limitó a señalar la imposibilidad legal de asumir un estado
excepcional de cosas, como lo es el genocidio cometido, para no aplicar una
fría normatividad vigente.
El
Consejo Nacional Electoral textualmente, dijo que: “tampoco es jurídicamente
aceptable tener en cuenta "circunstancias extrañas", es decir, el
genocidio de la UP, que todas las instancias jurídicas y políticas del país,
sin excepción, (para no hablar de las internacionales) entre ellas la Corte Constitucional,
la Fiscalía General, el Congreso, los poderes ejecutivos desde el año 2000, han
aceptado se perpetró contra dicho partido.
El
ex presidente Andrés Pastrana reconoció en su libro La palabra bajo fuego, que
lo ocurrido contra la UP fue un genocidio político.
Las inaceptables “circunstancias
extrañas” para el Consejo Nacional Electoral
Entonces
no aceptar dichas "circunstancias extrañas" niega simplemente, como
dice la UP en su alegato, los efectos anulatorios que debe tener un genocidio,
sobre las normas electorales redactadas para tiempos de normalidad, y
constituye en sí misma una postura ideológica que siempre fue inconstitucional
y ahora, sin duda, también es ilegal.
“El
Consejo Nacional Electoral, además de aplicar incorrectamente la ley electoral
- esto no fue lo más grave-, terminó siendo parte importante de una estrategia
de genocidio político a la que el faltaba el elemento simbólico que la
demandada aportó dando al país la errada idea de que la desaparición de la
Unión Patriótica fue constitucional, legal, justa, y, por lo tanto,
políticamente correcta”, señala con vigor la demanda.
Al respecto la Corte Constitucional ha sido clara en su doctrina, que debe aplicar ahora el Consejo de Estado del “estado inconstitucional de cosas”, que no fue otra cosa que sucedió en el caso de la UP, sometida a pero barbarie del último medio siglo.
Por
ello, con toda razón, los representantes Guillermo Rivera e Iván Cepeda, y la senadora Alexandra
Moreno Piraquive sostienen que la Unión Patriótica podría recuperar las curules
y los cargos públicos que perdió luego del asesinato selectivo de sus miembros
en la década de los 90.
Rivera sostiene que los artículos 151 y 152 de la Ley de Víctimas abren la
puerta para la reparación de ese grupo político por medio de la restitución de
su personería jurídica, figura que permite a los movimientos postular
candidatos para las elecciones.
"Sería importante que en el Plan Nacional de Atención y reparación
integral a las víctimas se contemplara la posibilidad de restituir la
personería jurídica de esa organización política como mecanismo de reparación
colectiva", señala Rivera.
Por otro lado, el representante Iván Cepeda recalcó que la UP ha solicitado
en reiteradas ocasiones que se le devuelvan las curules y la personería
jurídica perdida. El representante no duda que el tema sea tratado en la mesa
de negociación de La Habana donde dialogan el Gobierno y la guerrilla de las
FARC.
Soplan nuevos vientos
"Hay que devolver todas las curules arrebatadas a la Unión Patriótica,
entre ellas la que le fue arrebatada a mi padre, entiéndase que no la reclamo
para mí sino para la UP que sigue viva", afirmó Cepeda a El Tiempo.
A su vez, la senadora Piraquive sostuvo al mismo diario que uno de los
escenarios para permitir la participación política de la guerrilla de las Farc
sería devolver la personería jurídica a la extinta Unión Patriótica.
"Una decisión de este tipo permitiría reivindicar a las víctimas de la
UP y a los miembros que todavía hacen parte de esa colectividad reconociéndoles
su derecho a participar en las elecciones que se avecinan", dijo la
parlamentaria.
Soplan,
pues, nuevos vientos hacia la reparación inevitable de la Unión Patriótica. Por
encima de falacias e interpretaciones santanderistas que solo pretenden, bajo
un manto seudojurídico, afirmar que aquí no ha pasado nada, que un genocidio
que nadie olvida como lo recordaron decenas de oyentes hoy 21 en la escuchada emisora
La W, que tuvo como su tema el día la restitución de la personería jurídica de
la UP, debe quedarse así.
Iván
Cepeda ya lo había dicho en la entrevista que le hicimos en 2011 para el libro
Unión Patriótica, expedientes contra el olvido y cuyas palabras adquieren plena
vigencia: “La UP es imprescindible en cualquier proceso político de cara a la
reconciliación. Digamos que los de la UP son ese tipo de crímenes en los cuales
no puede la sociedad colombiana encontrar la paz hasta su esclarecimiento”.
Esperamos
que así lo entienda, para el bien del país, el Consejo de Estado, ya que el
Procurador ha preferido el camino de la afrenta a la memoria histórica.
