Semanario VOZ / 2013-03-19 / Edición 2681 / Es el caso de la periodista
Claudia Julieta Duque, pero hay otros casos de amenazas a periodistas que están
en la impunidad.
Un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos dictó medida de aseguramiento
contra siete ex funcionarios del extinguido DAS, debido a los seguimientos
ilegales, las hostilidades y las presiones contra Claudia Julieta Duque,
conocida periodista y una de las principales víctimas reconocida en el proceso
judicial por las “chuzadas”del DAS, como se le conoce a uno de los mayores
escándalos protagonizados durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
Por estos hechos están siendo procesados en la Corte Suprema de
Justicia, los directores del DAS de la época, uno de ellos, María del Pilar
Hurtado, asilada en Panamá por gestiones directas del ex presidente, preocupado
porque la ex directora había anunciado que si la capturaban contaba toda la
verdad.
Estos procesos, por cierto, van a ritmo muy lento y
existe la preocupación que queden en la impunidad. En el caso de Uribe Vélez
está cantado que no habrá ninguna investigación imparcial, pues le corresponde
adelantarla a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, conocida como de
absoluciones.
En el caso de la periodista Duque, la Fiscalía constató que fue sometida
a tortura sicológica, pues los ex funcionarios del DAS asegurados, la
amenazaron con asesinar a su pequeña hija si insistía en investigar los actos
ilegales de este organismo y sobre todo el asesinato del humorista Jaime
Garzón. El ente acusador comprobó que le hicieron llamadas telefónicas y en el
allanamiento al viejo edificio del DAS, encontraron documentos y manuales de
cómo se debía adelantar la presión sobre la periodista. Los hechos fueron
cometidos entre los años 2003 y 2004 por el denominado G-8, un grupo ilegal que
se formó en el DAS, con conocimiento de la Casa de Nariño, para que ejecutara
acciones ilegales de seguimiento y amenazas contra magistrados, dirigentes
políticos de oposición y periodistas críticos del Gobierno.
Los asegurados son el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, el ex
subdirector de inteligencia, Carlos Arzayuz, el ex director de inteligencia,
Enrique Ariza, el subdirector de contrainteligencia Rodolfo Medina Alemán, el
ex subdirector de Operaciones, Hugo Daney Ortiz, Jorge Armando Rubiano y
Giancarlo Auque, ex secretario general del DAS. Narváez está sindicado de haber
participado en los asesinatos de Manuel Cepeda Vargas, ex senador y ex director
de VOZ y del humorista Jaime Garzón. Es el mismo individuo que regentaba una
clase en las escuelas de las “AUC” (paramilitares), denominada “Matar
comunistas no es un delito”. Casi lo mismo que sugiere el seriado en RCN
Televisión sobre la familia Castaño Gil.
Es la primera vez que la fiscalía acude a protocolos internacionales
para tipificar el delito de tortura agravada en modalidad síquica.
Es un paso muy importante, pero aún insuficiente,
porque fueron varios los periodistas perseguidos por este grupo de delincuentes
del DAS, entre ellos el director de VOZ, Carlos Lozano, Hollman Morris y Dick
Emanuelsson, de cuyos procesos no hay mayores avances. Inclusive, en el caso
particular de Carlos Lozano, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, no
lo aceptó como víctima en los procesos contra los ex directores del organismo
de inteligencia. Decisión absurda y con cierto tufillo anticomunista.
El Director de VOZ anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, porque la persecución que sufrieron él y su familia fue
evidente y consta también en documentos hallados en el allanamiento que la
Fiscalía realizó en las instalaciones del DAS.
