domingo, 17 de marzo de 2013

Paz y reformas para la participación política

¡Cuidado Paloma!



Horacio Duque.

Tiene mucho espesor el “consenso suficiente” que se configura en la Mesa de Conversaciones de la Habana alrededor del tema del desarrollo rural. El diagnóstico de la problemática agraria es erudito y las alternativas planteadas son certeras. Jamás en la historia nacional había ocurrido una coincidencia de las proporciones registradas en el problema agraria y en las medidas que es perentorio ejecutar para abrir senderos de justicia y derechos ciudadanos para millones de campesinos y labriegos. Renta básica, empleos, salarios justos, derecho a la tierra, créditos equitativos, participación política, tierras indígenas, espacios de las comunidades afrodescentientes, son puntos del repertorio de la modernización democrática del campo, sometido por siglos al yugo opresor y explotador del gran latifundio.

Con ese avance ya se insinúa el tema grueso de la política y la democracia participativa. El debate y los diálogos deben alcanzar niveles especiales. Debe fluir una epistemología alternativa, aguda e imaginativa, que permita penetrar en las fuentes y las formas del autoritarismo despótico del poder oligárquico y su infraestructura política de dominación representada en la democracia liberal que controlan los políticos de la elite tradicional. Al tiempo, es inevitable sistematizar y formalizar las redes institucionales de la democracia participativa pos neoliberal que permita la intervención efectiva de las masas populares en la organización de los poderes públicos en todos sus niveles. La exclusión, la arbitrariedad, la corrupción, el clientelismo, la manipulación mediática, el cohecho, el fraude, la violencia militar, el oscurantismo, el dogmatismo, el privilegio, el secuestro de instituciones públicas, la parapolítica, el paramilitarismo, la impunidad, la persecución política, la cárcel a los líderes opositores, el militarismo son lacras consustanciales al régimen político, el Estado y la democracia neoliberal autoritaria que prevalece en la sociedad política colombiana.

Como un problema bien formulado son dos tercios de su solución, lo pertinente es formularse preguntas y cuestiones a propósito de los asuntos políticos consignados en el Acuerdo especial de La Habana.

¿En qué términos se debe ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de paz? ¿A qué democracia se hace referencia cuando analizamos el caso colombiano? ¿Es realmente democrático el Estado y el régimen político nacional?

¿Cuál es el horizonte y el contenido de la democracia política participativa que se sugiere en el punto dos de la Agenda temática?

¿Cuáles son los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y particular para los movimientos y corrientes políticas que surjan de los acuerdos de paz? ¿En qué consiste una acción afirmativa específica para materializar esos derechos a los movimientos que emerjan con la paz?

¿Qué reformas deben darse en la administración y organización de los medios masivos de comunicación para que estos también sean garantía de la oposición y las nuevas corrientes políticas progresistas?

¿Cuáles son las medidas efectivas y eficaces para fomentar una más amplia participación en los asuntos políticos y de la vida institucional tanto en el plano nacional, como regional y local de todos los matices políticos? ¿Qué derechos deben otorgarse a la población más vulnerable para que la igualdad sea real? ¿Cómo se entiende la seguridad para la las nuevas organizaciones políticas que se conformen con la paz?

¿Cuál debe ser el contenido de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz? ¿Cómo desmontar el Estado neoliberal? ¿Qué reformas deben aplicarse al Estado y sus instituciones para hacer efectiva la defensa de los bienes públicos?

¿Qué medidas permitirán esclarecer el fenómeno del paramilitarismo y sus gestores? ¿Cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en su conformación y operación?¿Qué políticas y acciones se deben adelantar de manera expedita para atender las víctimas del paramilitarismo?¿Qué medidas se deben aplicar para restablecer los derechos políticos de la Unión Patriótica y de sus 5000 víctimas?

¿Cuál debe ser la estrategia para luchar contra la corrupción?¿Cómo contrarrestar la rampante impunidad que se deriva de la corrupción e ineficiencia del poder judicial y penitenciario?

¿Cómo garantizar los derechos de las regiones y municipios en la construcción de la paz?

Son los problemas que, a mi juicio, deberían guiar la reflexión y el diálogo sobre el segundo punto de la Agenda de La Habana.


@PazXXI