por Verdad
Abierta
Miércoles,
20 de Marzo de 2013
El Incoder
hizo un estudio en 10 departamentos y encontró que a la mayoría de campesinos
les ha entregado pequeñas cantidades de tierras, mientras a unos pocos les ha
entregado grandes extensiones. El Instituto prepara una reforma a la titulación
de baldios.
En
Magdalena y Los Llanos Orientales, donde se supone que la tierra debía ser
distribuida a los campesinos, ésta terminó en manos de pocos que acumularon
grandes extensiones. Este fue un hallazgo del reciente estudio que hizo el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-, después de analizar los
títulos que entregó entre 1996 y 2012 en diez departamentos.
El Incoder
encontró que durante las últimas casi dos décadas ha titulado de forma
inequitativa: mientras la mayoría de las familias recibieron la mitad o menos
de las hectáreas que les correspondían; a pocas les fueron entregadas muchas.
La alerta
para el Incoder fue encontrar que de los 39 mil títulos entregados, más de 37
mil fueron micro y minifundios. Muy distinto ocurrió con otros 1.500 títulos.
En estos, el estudio encontró que las regionales adjudicaron más tierras de la
permitida, superando lo que el Instituto define como Unidad Agrícola Familiar,
UAF, es decir, lo que considera el Estado que necesita un núcleo familiar para
producir su propio alimento y producir un excedente que le permita progresar.
“Nos
preocupa cómo se ha manejado históricamente el tema de la titulación. En
Colombia ha habido una minifundización del campo, cuando la Ley 135 de 1961, la
que impulsó la reforma agraria, la prohibía. Ha habido adjudicaciones
irregulares a personas que no cumplían con los requisitos. Integrantes de una
misma familia lograron titularse varios predios, propietarios buscaron a sus
empleados para hacer lo mismo y hay casos de funcionarios públicos que en
ejercicio lograron adjudicaciones”, dijo Jhenifer Mojica, Subgerente de Tierras
del Incoder.
Aunque el
estudio ha sido hasta ahora estadístico, los 1.500 expedientes estarán bajo la
lupa de la Dirección Técnica de Baldíos que, de probar las irregulares, puede
adelantar procesos de revocatoria para que los predios vuelvan a la nación y
sean redistribuidos. Según el análisis, en la muestra encontraron que más del
20 por ciento de las adjudicaciones en Casanare, Meta y Magdalena, superaron el
número de hectáreas que están establecidas para esa zona como Unidad Agrícola
Familiar.
Así se
puede ver cómo en Hato Corozal, Casanare, en donde la UAF es de 287 hectáreas, solo
el 5 por ciento de los títulos entregados cumplieron con la norma. Pero lo
extraño allí es que más del 50 por ciento de las familias adjudicadas les
entregaron sólo 100
hectáreas, es decir casi una tercera parte de lo que
necesitan para producir y subsistir. Mientras que un 30 por ciento de los
títulos entregados allí fueron de predios entre 600 y 800 hectáreas.
En San
Martín, Meta, ocurrió lo mismo. Sólo 8 por ciento de los títulos cumplieron con
el rango UAF. A casi 60 por ciento de las familias el Instituto de tierras les
entregó casi la mitad de lo que es una unidad agrícola (680 hectáreas). Los
títulos en su mayoría fueron por 420 hectáreas. Sin embargo, por lo menos el
otro 30 por ciento de los títulos fueron de predios que duplican la UAF,
llegando incluso a las 1.800
hectáreas.
Lo que
viene
El Incoder considera que debido a la mala distribución y a la falta de una política que garantice la permanencia del campesinado en la tierra, los baldíos se están agotando. Con base en este estudio y en otro que contrató con Corpoica, concluyó que la solución está en actualizar las unidades agrícolas familiares y titular a los campesinos con base en sistemas productivos.
El Incoder considera que debido a la mala distribución y a la falta de una política que garantice la permanencia del campesinado en la tierra, los baldíos se están agotando. Con base en este estudio y en otro que contrató con Corpoica, concluyó que la solución está en actualizar las unidades agrícolas familiares y titular a los campesinos con base en sistemas productivos.
Germán
Cardoza, funcionario de la Dirección Técnica de Ordenamiento Productivo,
explicó que a la hora de realizar los estudios encontraron que el catastro
estaba desactualizado, además no había una definición clara de las UAF en las
regiones, titulaban bosques, humedales y zonas de reserva forestal, y no se
estaba teniendo en cuenta la productividad de cada zona.
Para poner
freno a la situación, el Incoder elaboró una radiografía por cada uno de los
diez departamentos haciendo una propuesta de unidad agrícola de acuerdo con la
vocación y uso del suelo, el clima, hidrología, geomorfología, topografía y
diversos aspectos socioeconómicos.
La
propuesta del Incoder, en resumen, es reducir las extensiones de tierras que
entrega en la mayoría de los departamentos.
En la zona
valle de Arauca, por ejemplo, donde la unidad agrícola es de 517 hectáreas, el
Incoder propone que sea de 219; en el piedemonte de Putumayo la unidad es de 74 hectáreas y la
propuesta es que sea de 32; en Vichada donde las UAF oscilan entre 1.200 y 1.600 hectáreas, el
Instituto propone que se reduzcan a entre 200 y 400 hectáreas; en
Meta donde en algunas zonas la unidad agrícola es de hasta 800 hectáreas, la
propuesta es que esta no sea de más de 60. En otras regiones como Magdalena y
Cesar casi que la unidad agrícola se mantiene como la de ahora.
¿Por qué
reducirla? Los expertos del Incoder explican que el uso de la tierra y la
concentración de la propiedad han cambiado durante los últimos años. Y además
de la escasez de tierras para seguir titulando a campesinos, en varias regiones
ha habido unas altas inversiones que han encarecido la tierra.
Sin
embargo, el Incoder asegura que se basa en estudios técnicos y las hectáreas
propuestas, además de estar por encima de lo que ha sido titulado
históricamente, son suficientes para que el campesino progrese.
“La idea
es romper con el mito de que las UAF son de subsistencia. La propuesta del
Incoder es de una unidad agrícola integral. Es decir, que en el predio la
familia garantice su seguridad alimentaria a través de huertas pero también
desarrolle un sistema productivo, sea forestal, agroforestal, silvopastoril o
agropastoril, que les permita capitalizar y tener un patrimonio. Esta no es una
propuesta que amarra al campesino a que cultive un solo producto, se le ofrecen
distintas opciones de acuerdo con la productividad y la conexión con los
mercados”, indicó Cardoza.
A partir
de diferentes estudios técnicos, matemáticos y económicos, el Instituto de
tierras tiene diferentes propuestas de sistemas productivos para cada una de
los departamentos, y en lo que queda de este año realizará los estudios de
Tolima, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Bolívar, Sucre, Antioquia, y de
las otras 14 regiones del país para tener la radiografía completa de cómo ha
sido la titulación histórica en estas zonas y cuál sería la propuesta de UAF.
Las
propuesta está siendo socializada en las regiones con productores,
instituciones relacionadas con el campo y académicos, y el 4 de abril de 2013
será presentada a la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.
De haber
una actualización a las Unidades Agrícolas Familiares, este cambio no tendrá
que tramitarse en el Congreso. El Incoder por medio del Consejo Directivo tiene
las facultades para emitir una nueva resolución que reemplace la 041 de 1996
del antiguo Incora, que fue la que delimitó las UAF. La idea del Instituto es
que de haber una nueva norma esta sea aplicada para las titulaciones de los
próximos 12 años.
“Este
ejercicio de reformulación de la UAF es importante para el país ya que en
realidad nunca se había hecho. El primer ejercicio lo hizo el Incora en 1996
sin fundamentos técnicos, sin soporte cartográfico real, de manera desordenada
y casi infundada. Eso ha propiciado en parte el desorden en la titulación y el
aprovechamiento de los baldíos. A partir de esta nueva unidad agrícola, ya
podremos tener tranquilidad sobre el corrector uso de los suelos, la
productividad de la empresa básica campesina y a la equitativa distribución de
la tierra", indicó Miriam Villegas, gerente del Incoder.
Cristóbal
Lugo, académico e investigador del Observatorio del Territorio del Llano,
explicó que la propuesta del Incoder debe ser estudiada con minucia, sobre todo,
para saber si en realidad las hectáreas propuestas como UAF son suficientes
para el progreso del campesino y si el gobierno se compromete de verdad a
ofrecer los incentivos, la tecnología y el acompañamiento para hacer
productivas las tierras.
“Efectivamente
la tierra en los Llanos se ha encarecido con la llegada de las agroindustrias.
Pero estas inversiones sobre la tierra han sido favorecidas por el gobierno.
Las tierras en el Llano se han vuelto productivas porque se les ha hecho un
tratamiento con cal, y esas inversiones tuvieron incentivos estatales. La
pregunta es si los campesinos van a tener el mismo apoyo para poder ser
productivos, y no verse forzados luego a vender sus tierras”, indicó el
académico.
