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| Miles de víctimas lloró el pueblo colombiano por el exterminio de luchadores por parte del estado nacional |
El Tiempo. Consejo de Estado ordenó indemnizar a los familiares de Julio Alfonso Poveda.
Una
ejemplar condena contra la Nación impuso el Consejo de Estado por el asesinato
hace 14 años de Julio Alfonso Poveda, uno de los fundadores del exterminado
movimiento político Unión Patriótica (UP), y le exigió a la justicia penal que
actúe y esclarezca el crimen.
La Sección Tercera, en su fallo, ordena al Estado pedir perdón en una ceremonia pública, a indemnizar a los familiares del líder político de izquierda con más de 500 millones de pesos y pidió el envío de copias del fallo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que analiza una demanda contra la Nación por los más de dos mil militantes de esa organización política asesinados desde mediados de los 80.
En la decisión, los magistrados advierten que es necesario conocer las "circunstancias del crimen por vía judicial, mediante recursos que permitan investigar juzgar y condenar a los responsables y al mismo tiempo garantizar la lucha contra la impunidad".
El caso de Poveda, como muchos otros, no tiene condenas. Él figuraba, junto con Jaime Pardo Leal y Manuel Cepeda Vargas, en el grupo que dio origen a la UP en los 80.
Poveda fue asesinado el 17 de febrero de 1999, cuando se se desplazaba en su carro por la avenida Primero de Mayo con carrera 22, en el sur Bogotá. Tres sicarios dispararon contra el vehículo y cinco impactos hicieron blanco en su cabeza. Su militancia política -fue miembro del Partido Comunista y dirigía un sindicato agrario- generó amenazas e intimidaciones.
"Aunque se demostró que la muerte se produjo por causa de un tercero, y en el crimen no participaron servidores públicos o miembros de las Fuerzas Militares, el hecho es imputable al Ministerio de Defensa y el DAS por no prestarle la protección que requería", señala el fallo .
El desaparecido DAS alegó en el proceso que la víctima jamás les comunicó la magnitud de los riesgos a los que estaba sometido. Poveda, concluye el fallo, "era militante de la UP y del Partido Comunista, cuyos miembros eran para ese momento y desde varios lustros atrás víctimas de violentas persecuciones y atentados, lo que obligaba al Estado a otorgarles seguridad y protección".
Por estos hechos, las autoridades investigaron a Eduardo Enrique Corena y a Temilda Rosa Martínez, quienes tenían estrecha relación con paramilitares y habían contactado al líder de la UP días antes. El caso sigue abierto.
La Sección Tercera, en su fallo, ordena al Estado pedir perdón en una ceremonia pública, a indemnizar a los familiares del líder político de izquierda con más de 500 millones de pesos y pidió el envío de copias del fallo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que analiza una demanda contra la Nación por los más de dos mil militantes de esa organización política asesinados desde mediados de los 80.
En la decisión, los magistrados advierten que es necesario conocer las "circunstancias del crimen por vía judicial, mediante recursos que permitan investigar juzgar y condenar a los responsables y al mismo tiempo garantizar la lucha contra la impunidad".
El caso de Poveda, como muchos otros, no tiene condenas. Él figuraba, junto con Jaime Pardo Leal y Manuel Cepeda Vargas, en el grupo que dio origen a la UP en los 80.
Poveda fue asesinado el 17 de febrero de 1999, cuando se se desplazaba en su carro por la avenida Primero de Mayo con carrera 22, en el sur Bogotá. Tres sicarios dispararon contra el vehículo y cinco impactos hicieron blanco en su cabeza. Su militancia política -fue miembro del Partido Comunista y dirigía un sindicato agrario- generó amenazas e intimidaciones.
"Aunque se demostró que la muerte se produjo por causa de un tercero, y en el crimen no participaron servidores públicos o miembros de las Fuerzas Militares, el hecho es imputable al Ministerio de Defensa y el DAS por no prestarle la protección que requería", señala el fallo .
El desaparecido DAS alegó en el proceso que la víctima jamás les comunicó la magnitud de los riesgos a los que estaba sometido. Poveda, concluye el fallo, "era militante de la UP y del Partido Comunista, cuyos miembros eran para ese momento y desde varios lustros atrás víctimas de violentas persecuciones y atentados, lo que obligaba al Estado a otorgarles seguridad y protección".
Por estos hechos, las autoridades investigaron a Eduardo Enrique Corena y a Temilda Rosa Martínez, quienes tenían estrecha relación con paramilitares y habían contactado al líder de la UP días antes. El caso sigue abierto.
Solicitan revivir la personería jurídica
Para
facilitar el ingreso de las Farc a la política, si el proceso de paz es
exitoso, desde el Congreso ayer le pidieron al Gobierno buscar la forma de
revivir la personería jurídica de la UP. La senadora Alexandra Moreno Piraquive
hizo la petición.
REDACCIÓN JUSTICIA
