El Cauca resiste social y políticamente en medio de
los más altos y escandalosos índices de pobreza y miseria del país.
Hugo Oviedo-Asociación Comunitaria de Servicios
Públicos de Popayán
Vivimos en un
país y un departamento con una oligarquía de espaldas a sus comunidades,
volcado hacia los intereses de las voraces transnacionales, siguiendo al pie de
la letra las orientaciones neoliberales del Fondo Monetario y el Banco Mundial,
mientras empobrece cada día más al pueblo.
No han terminado de apagarse los ecos del paro
cafetero, que tuvo en el Cauca una de las expresiones más combativas y
beligerantes; donde participamos indígenas, campesinos, afros, sectores urbanos
y populares. La solidaridad esta vez, no fue solo de comunicados o palmaditas
en el hombro, las organizaciones sociales-populares y las comunidades de todo
el departamento, nos sumamos en respaldo práctico a un paro que desbordó hasta
sus dirigentes y que nos sorprendió gratamente a todos.
El capitalismo mundial en crisis permanente desde hace
500 años, vive hoy una de las más grandes hecatombes desde su aparición, de la
cual pretende salir, arrasando con las mínimas condiciones de subsistencia de
la población empobrecida. Las conquistas sociales que ganaron los trabajadores
de todo el mundo a principios del siglo XX, hoy están siendo desmontadas y reducidas a su mínima expresión por el capitalismo
senil.
Las políticas neoliberales que se impusieron en el
Cauca como en todo el país y Latinoamérica, están privatizando absolutamente
todo. Somos uno de los departamentos con más títulos mineros, amenazando nuestros recursos naturales y medio ambiente.
A nivel del Cauca rural, pobreza y miseria[1] campean,
de la mano de la represión organizada y orquestada desde el Estado. Nuestras
comunidades se han visto obligadas históricamente a recurrir a los cultivos
“proscritos”, para no morirse de hambre. La política Estatal de “sustitución de
cultivos” ofende nuestra inteligencia cuando pretende que compitamos en el
libre mercado capitalista -que no es libre porque está controlado por las
transnacionales- con los supermercados de grandes superficies, Éxito,
Carrefour, Olímpica, con Alpina, Cartón de Colombia, etc., sin recursos, ni tierras fértiles, sometidos
al monopolio multinacional de abonos y fertilizantes; con una banca
transnacionalizada que bloquea cualquier acceso a verdaderos créditos de
fomento y sin posibilidad real de utilizar la energía eléctrica por sus
altísimos costos cuando de producir se trata. Son todas estas razones y muchas
otras, las que explican los elevados y vergonzosos índices de pobreza e
indigencia de nuestra región.
El pueblo caucano ha respondido a todas estas injusticias
con la movilización y la construcción de política popular, para enfrentar y
derrotar estas “políticas públicas” antidemocráticas y hambreadoras. Desde las
veredas y municipios, las comunidades vienen organizándose para impedir que la
formalización jurídica e institucional termine privatizando sus acueductos
comunitarios, bajo la férula del Plan departamental de aguas y la
Superintendencia de servicios públicos. Tampoco se están permitiendo la
construcción de una sola hidroeléctrica en nuestro departamento, hasta tanto
nos devuelvan las que hoy están en manos privadas, empobreciendo al Cauca.
LA RESISTENCIA
CIVIL COMO POLITICA POPULAR
La privatización de los servicios públicos puso en
grave peligro la sobrevivencia de los sectores populares en este departamento.
Es el caso de la distribución de energía eléctrica entregada por el pasado Gobierno
de Uribe a la trasnacional PROMIGAS-ENERGETICA DE OCCIDENTE para que se
enriqueciera. Esta privatización niega cualquier posibilidad de sobrevivencia y
progreso de la economía popular. Muchos de nuestros campesinos en pleno macizo
colombiano cocinan con leña a pesar de disponer de redes de energía eléctrica, poniendo
en riesgo y deterioro la conservación ambiental de la principal estrella
hidrográfica del país; tampoco pueden acceder al gas en cilindros porque sus
costos en el sector rural son prohibitivos. La política popular de la
RESISTENCIA CIVIL AL PAGO DE LA ENERGIA, ha permitido ir accediendo al derecho a la electricidad para las comunidades rurales, muchas de las cuales hoy
no solo no están pagando las altísimas tarifas y facturas sino que además están
haciendo uso de la energía eléctrica para cocinar y producir, protegiendo el
medio ambiente y potenciando la economía popular.
La trasnacional PROMIGAS-ENERGETICA DE OCCIDENTE ha
desarrollado una campaña agresiva de cambio de medidores de disco por
electrónicos, instalación de red trenzada antirrobo de energía, etc., para
impedir que los usuarios se reconecten y para aumentar sus ganancias mediante
visitas “técnicas” que le permiten hacer cobros millonarios denominados “energía
dejada de facturar”.
Las comunidades se han venido organizando desde el año
2010 bajo la COORDINADORA DEPARTAMENTAL
DE LA RESISTENCIA CIVIL DE LA ENERGÍA Y EL AGUA. Impulsando la política
popular de acceso al servicio de electricidad a como dé lugar y oponiéndose a
la desconexión de los usuarios.
En desarrollo de estas actividades organizativas el
municipio de Popayán realizó la II ASAMBLEA DE LA RESISTENCIA CIVIL en el mes
de febrero con la participación de 55 barrios y veredas de Popayán y a nivel departamental el pasado 20 de marzo,
con la asistencia de delegados de más de
19 municipios y resguardos indígenas, donde
se determinó entre otras, exigir la salida inmediata de la trasnacional y
rechazar la construcción de nuevas hidroeléctricas en el Cauca.
LAS COMUNIDADES
RESISTEN EN POPAYÁN
Popayán cuna histórica de la burguesía y oligarquía criollas,
ostenta las primeras cifras de desempleo y miseria del país, donde se continua con
la implementación de las ya obsoletas políticas de privatización, es hoy
escenario del movimiento de la RESISTENCIA CIVIL. La lucha se desarrolla en los
barrios populares, que se resisten a las
medidas de la Energética de Occidente, oponiéndose al cambio de medidores, la
instalación de la red trenzada y el corte del servicio, bajo la orientación
política de la Asociación Comunitaria
por el Derecho a los Servicios Públicos.
La terquedad por parte del Estado Colombiano y los
gobiernos de turno que continúan
negándose a reconocer el derecho al mínimo vital de agua, establecido en las
resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas, ha llevado a que la RESISTENCIA CIVIL se extienda también al
servicio del agua y contra la Empresa de
Acueducto de Popayán, fortín politiquero de los dinosáuricos gamonales. En esta
empresa confluyen además otros conflictos sociales como el de las basuras,
entregadas en concesión a 15 años por el alcalde Navia, en el año 2011. Como
excusa se argumentó en su momento la necesidad de adquirir y adecuar un sitio
para la disposición final de las basuras, ante la supuesta incapacidad
financiera del Municipio.
El 29 de mayo de 2012, la población de la zona de
influencia no aguantó más la contaminación y
cerró la entrada al botadero de basuras; el 12 de octubre, ante el
incumplimiento de los compromisos del gobierno Municipal, nuevamente se bloqueó
el acceso a SERVIASEO. Esta vez la comunidad, ante el hostigamiento del ESMAD
de la policía, actuó consecuentemente y después de tres días de enfrentamientos firmó
un acuerdo para sellar definitivamente este foco de contaminación, el próximo 6
de abril.
Los barrios populares de Popayán van aprendiendo que
solamente mediante la lucha organizada y
la movilización comunitaria, se conquistan los derechos y que es urgente
derrotar en las calles, las políticas neoliberales de privatización, que como
en el caso del ASEO hacen parte de una especie de cartel de las basuras a nivel nacional, generando gigantescas utilidades que
se traducen en altísimas facturas imposibles de pagar.
Están por iniciarse el próximo 1° de abril, las obras
del PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD de Popayán[2], desarrollo
del programa “ciudades amables” del Banco Mundial y ya se anuncian los
primeros enfrentamientos con los habitantes de los barrios populares del
llamado centro histórico. De manera inconsulta y antidemocrática, se trata de imponer este
plan Maestro para cumplir con las exigencias de los inversionistas, del turismo
y la oligarquía inmobiliaria; la misma burguesía que tiene el metro cuadrado
por las nubes y que impide en la práctica cualquier posibilidad de construir
vivienda popular.
La consecuencia inmediata de dicho plan, es la quiebra generalizada de los negocios del
rebusque, durante el año de ejecución de estas obras: tiendas, salones de
belleza, talleres de motos, panaderías, plaza de mercado, ferreterías, etc., es
decir la economía popular. Además, las
familias antiguas que aun resisten al alto costo de los servicios
públicos, al impagable impuesto predial y a la nueva estratificación, gracias
al arriendo de una parte de sus viviendas como medio de sostenimiento, se verán
obligadas a resistir o vender finalmente con el consecuente desplazamiento
urbano.
Ante esta emergencia social, la tarea de los
movimientos y organizaciones sociales y político-populares, es continuar construyendo
política popular al lado de las comunidades, entendiendo que la lucha sectaria y
mezquina no es la salida. Debemos integrar nuestras propuestas y luchas; es
responsabilidad del movimiento social concebir las políticas populares más universales
posibles; solo así construiremos la más grande organización, acorde con el reto
que significa alcanzar una sociedad justa, democrática y con justicia social.
Marzo 27 de 2013
