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| ¡A desalambrar! |
Por:
Luz Marina López Espinosa.- Alianza de Medios y Periodistas por la Paz
Martes, 19 Marzo 2013 04:24
La
tierra, siempre la tierra. Deberíamos escribirla con mayúscula. Por ella lucharon, sufrieron y murieron los
padres, por ella luchan, sufren y mueren los hijos. Y ella al fin nos va a
arropar a todos. ¿Más títulos para que se deba escribir con mayúscula?
Y
la tierra claro, está en el centro del conflicto colombiano. Desde siempre. Si
una palabra podría definir Conquista, Colonia y República, ella es “Despojo”.
Con sus muchas acepciones y variantes: exterminio, expoliación, servidumbre,
corrida de cercas, prodigios y malabares notariales, gamonalismo, violencia generalizada,
condiciones ruinosas de producción, carencia de vías, imposibilidad de mercadeo
y crédito confiscatorio. Hasta llegar al cuarto final del siglo XX, y con “la
democracia más estable de América”, “la Constitución de derechos más avanzada del mundo” y gobiernos de unas
formas democráticas que son un encanto, métodos más civilizados mejor avenidos
a un mundo que superó esos estadios de barbarie: “¿Nos vende usted la finca, o
prefiere que le compremos a la viuda?”.
Y
sistemas más sangrientos eran los corrientes, pero ese no es el asunto de este
artículo.
Por
eso la tierra está en el centro del conflicto armado que soporta el pueblo
colombiano desde hace medio siglo. Y por eso con rigor sociopolítico, se habla
es de conflicto social y armado. Que si fuera sólo lo primero, no tendría mucho
sentido el amplio y difícil catálogo de temas sociales de la agenda de
negociación que se adelanta en La Habana entre la insurgencia de las FARC- EP y
el Gobierno nacional. La discusión militar es lo de menos, o no se da.
Ella retumba en la confrontación en los campos. Y dentro de la agenda dicha,
claro, el primer y angular tema: la cuestión agraria; la tierra, aquella que
nos verá morir. Y antes vivir. Porque ese es el problema. Que en la tierra y de
la tierra vivimos, he ahí el por qué lo cruel de su disputa.
Hoy
las conversaciones están entrabadas -y
hacemos votos porque sea un tanto aventurado el uso de esta palabra-, por ese
primer punto. Con el cual la guerrilla en primerísimo lugar pero con la lúcida
aquiescencia del Gobierno, hizo valer en el
histórico “Acuerdo General” con el que el presidente Santos y el
comandante Timochenko iniciaron el proceso, algo que para la recalcitrante
derecha colombiana es inaceptable, una “cuestión de honor”: que sí hay unas
causas objetivas del conflicto, que sí hay un problema de injusticia e inequidad social, una antigua
deuda con el campo. Y como es tan difícil la negociación de ese punto sin cuyo
feliz desenlace vemos con preocupación se puedan alcanzar consensos en los otros, veamos para ilustración de los
nacionales y extranjeros interesados en la paz de Colombia, cuáles son las
propuestas de la guerrilla en materia agraria:
Sea
lo primero decir que lo que la insurgencia postula y reclama, es más o menos lo
que el Establecimiento por décadas que parecen siglos, ha pregonado como
justicia para el campo. Las palabras “reforma agraria”, “justicia social”,
“equidad en el campo” y “pago de la deuda histórica con el campesinado”, han
estado en el corazón del discurso de los dirigentes políticos liberales y
conservadores a lo largo de una centuria, y sobre todo, ha sido la oferta más vehemente y sentida de los
candidatos presidenciales conservadores y liberales en sus viejos y nuevos
ropajes. Así que por lo pronto, la guerrilla de las FARC-EP parece que lo que hubieran hecho es apropiarse
de ese discurso, pero tomándoselo en serio. Del de López Pumarejo, Lleras
Restrepo y López Michelsen. Por lo pronto. Porque también de ello han hablado
la Iglesia Católica, algunos gremios de la producción –no del campo desde
luego-, los editorialistas de la gran
prensa, los directorios políticos y cuanta conferencia de organismo
intergubernamental –ONU, OEA,- haya habido sobre la cuestión social en
Colombia.
¿Cuál
es la propuesta de las FARC en materia agraria?
Muy
ambiciosa ciertamente, pero es la gran paradoja en un país donde el término
“macondiano” se ha acuñado para definir el realismo mágico como expresión de la
paradoja que somos. La propuesta de las FARC no presupone una revolución
comunista, sino quién lo creyera,
¡válgame Dios! aplicar las leyes de la institucionalidad.
En
efecto, la ley 160 de 1994 significó un logro de las largas luchas del campesinado y un
desagravio de promesas burladas de los gobernantes. Como un
reconocimiento de la justeza de esas luchas, en gesto de sensatez, el
Congreso a iniciativa del Gobierno, creó las Zonas de Reserva Campesina. ¿Qué son? Son a la manera de una nueva forma
de división territorial del país –sin que equivalga exactamente a ello-, para
asegurar la posesión, propiedad y gestión del campesinado sobre el territorio,
y proteger la economía campesina
tradicional, impidiendo que las zonas
así declaradas, sean objeto de apropiación
por cualquier medio capitalista así sea legal. Con lo cual se pretende
garantizar seguridad alimentaria, permanencia del campesinado, desarrollo rural
y en buena parte paz.
Que
se cumpla esa ley, que se creen esa Zonas de Reserva Campesina, concretamente
cincuenta y nueve con nueve millones y medio de hectáreas en todo el país, es
el punto central del más amplio y ambicioso catálogo de demandas de las FARC no
en favor de ellas, sino de los
campesinos colombianos. Y valga aclarar, ese número de zonas y esa
cantidad de hectáreas que cobija, no son una especulación o capricho de la
insurgencia, sino que recoge el número de zonas y de hectáreas que ya las organizaciones agrarias tiene radicadas
como solicitud de ZRC ante el INCODER , organismo estatal a cargo de esa tarea.
Qué
pena tener que decir algo tan políticamente incorrecto; pero en ese punto como
en ningún otro, es la insurgencia la que interpreta el sentir del pueblo, para
el caso, de los trabajadores agrarios.
¿Acaso no debería ser el Estado, a quien por su naturaleza
correspondería desempeñar este papel?
¿El índice Gini del 0,87 en el campo y el mandato del artículo 64 de la
Constitución que ordena al Estado
“promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa”,
no deberían ser temas de atención obligatoria por el Estado?
Y
en esta demanda de las Zonas de Reserva Campesina ha sido dura la discusión,
virulento el rechazo de la derecha que ve en ello una “entrega del país”; la
constitución de unas “republiquetas independientes” en la voz de los ministros
de agricultura Juan Camilo Restrepo y de defensa Juan Carlos Pinzón. Palabras
que interpretan a los ganaderos
atrincherados en la reaccionaria FEDEGAN que tantas velas tiene en este
entierro. Y no aludimos a la manida
metáfora, sino a velas encendidas
de entierros reales. Hasta aquí mala, pero comprensible la oposición. En
últimas, la respuesta de los ganaderos, latifundistas y agroindustriales, es válida desde el punto de vista de los
beneficiarios del statu quo.
Lo
malo y muy grave es que la oposición a esta figura no viene de allí
principalmente. No responde a los intereses económicos de una fracción
importante pero no hegemónica del capitalismo. La oposición a las ZRC es más
que eso, es el veto de un sector del
Estado que no tiene, no tendría nunca por qué en una democracia, tener ese
poder. Menos en asuntos de naturaleza social y civil. Es del sector militar,
para quien el campo es ante todo, un escenario de la guerra. Es estratégico en ella, y aún en
medio de negociaciones de paz, piensa en esos términos.
Por
ello, el poder militar en su expresión deformada, el militarismo, que tuvo su
cabal intérprete en el ex presidente Uribe Vélez, vetó las Zonas de Reserva
Campesina por constituir un freno a su desembozada acción en los campos. Y
porque la relativa garantía de autodeterminación y respeto del territorio y de las
organizaciones agrarias, resulta un obstáculo para el sueño ideal del
militarismo en la concepción de la doctrina de la seguridad nacional, fruto
mayor de las deformaciones que la tristemente célebre Escuela de las Américas
produjo en los ejércitos del continente: el campesino como un agregado más de
la confrontación al servicio del ejército; un activo más de la guerra.
De ahí, las “zonas de rehabilitación y
consolidación” que creó el expresidente Uribe Vélez en los territorios donde la
presencia guerrillera era dominante, una vez terminada ésta por la imposición
del Estado. Tal la razón de por qué en esas regiones nunca se crearon las ZRC
autorizadas por la ley. Resultan incompatibles con la guerra permanente que
implican esas nefastas “zonas de consolidación”, donde como se sabe pero sin que nadie sepa
explicar por qué, en un régimen civil y constitucional, el poder allí es militar. Y los campesinos
saben cuánto les cuesta eso.
Pero como es tiempo de sueños -que no de
delirios-, qué tal que terminemos todos –la Mesa de Negociación incluída-, con Victor Jara, Quilapayún,
Intillimani y Ana y Jaime, cantando,
Yo
pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
Que
esta tierra es de nosotros y no del que tenga más
A
desalambrar, a desalambrar
Que
la tierra es nuestra, es tuya y de aquél
De
Pedro y María, de Juan y José
Yo
pregunto si en la tierra
Nunca
habrá pensado usted
Que
si las manos son nuestras
Es
nuestro lo que nos de
A
desalambrar a desalambrar….
Alianza
de Medios por la Paz
