Horacio Duque.
Las
conversaciones de paz en La Habana ingresaran, en los días posteriores a
Semana Santa, a los debates sobre el tema de la participación política y
la democracia como condición esencial de la paz.
Será
necesario establecer con rigor en qué consiste la democracia como
categoría política y como forma de organización del Estado y el régimen
político. La sociedad colombiana es ajena al funcionamiento pleno de la
democracia, no obstante que algunos insisten en su antigüedad y
vigencia, reconociendole solo algunas aristas negativas, susceptibles de
ser corregidas en el debate político con sus instrumentos principales
como los procesos electorales y la escogencia de los
dirigentes estatales. Argumentos ideológicos que no resisten el
contraste con los hechos y las realidades palpables de la sociedad.
A
la luz de los supuestos básicos de un sistema democrático, es evidente
que en Colombia no existe uno que pueda designarse como tal. Parte del
problema de la violencia y de la guerra civil radica en el tipo de poder
político existente caracterizado por la arbitrariedad, el despotismo y
la negación de los derechos políticos fundamentales.
Un
régimen democrático implica: 1) un origen democrático, o sea , que la
génesis de las normas institucionales, plasmadas por lo general en una
Constitución política, haya sido generada democraticamente a través de
un acto constituyente democrático; 2) competencia política y existencia
de oposición; 3) sufragio universal y otras formas de participación; 4)
elecciones libres, competitivas y a intervalos de tiempos regulares; 5)
electividad de todos los cargos más relevantes; 6) partidos en
competencia; 7) fuentes de información diversas y alternativas; 8)
duración legal en los cargos electos; 9) sometimiento de las Fuerzas
Armadas al poder civil; y 10) un pueblo votante claramente establecido.
En
las conversaciones de paz será necesario examinar cada uno de estas
exigencias para acordar acciones y reformas puntuales que permitan hacer
efectiva la democracia como base de la paz que se busca.
Adicionalmente
hay otros ámbitos que ameritan tratamientos más específicos para hacer
efectiva la participación ciudadana en la organización del poder
público estatal.
Ya hemos aludido al Estatuto de la oposición y las garantías a los nuevos movimientos que surjan con acuerdos futuros de paz.
Sin
embargo, se hace necesario profundizar la descentralización y
fortalecer los poderes locales, municipales, departamentales y
regionales, mediante ajustes a las instituciones vigentes desde 1986,
año en que como fruto de las conversaciones con las Farc, se aprobó la
elección de alcaldes, que posteriormente se complementó con la elección
de gobernadores y la constitución de regiones autónomas.
Igualmente
es preciso adelantar una reforma electoral para eliminar el cohecho y
la manipulación del sistema, mediante el voto electrónico, los capta
huellas y la configuración de sistemas mixtos de computo que incluyan
los métodos proporcional, mayoritario y de asignación de curules con
"acciones afirmativas" que favorezcan grupos políticamente
Los
sistemas y medios públicos de comunicación deben ser objeto de una
amplia reestructuración para dar cabida equitativa a todos los sectores y
matices de la opinión política nacional y regional. Radio, televisión,
prensa, editoriales, Internet, web, deben ser objeto de una radical
democratización dado su valor estratégico en la configuración de la
conciencia, la voluntad y a decisión del ciudadano.
Es
inaplazable establecer un nuevo "régimen ciudadano" para la paz, con el
fin de otorgar y hacer efectivos los derechos civiles,
políticos, económicos, culturales y ambientales centrales de todas las
personas que integran la sociedad.
La
paz requiere de un Estatuto para separar el Estado de los gobiernos de
turno, mediante la adopción de una servicio civil independiente,
competente y profesional que evite la manipulación clientelista y
electoral de los funcionarios estatales por los caciques y gamonales.
Es
imprescindible abordar el Presidencialismo autoritario que impera en la
organización del Estado para explorar formas de una República
parlamentaria como una vía para socializar el poder.
La
reforma del sistema judicial es un asunto de la mayor trascendencia a
fin de dar garantías de una justicia objetiva, imparcial y democrática.
Bien
puede ser que los puntos aquí sugeridos amplíen el horizonte de temas
que la Mesa de Conversaciones de La Habana abordará en las rondas que se
han previsto para los siguientes días con el fin de tratar el asunto de
la Participación política, incluyendo el Foro que se adelantará al
finalizar el mes de abril organizado por la Universidad Nacional y las
Naciones Unidas, en Bogotá.
