Miguel Ángel Beltrán Villegas
Profesor Asociado Universidad
Nacional de Colombia
Ex Preso Político
La semana pasada, en México, el
movimiento interuniversitario #YoSoy132, y otras organizaciones sociales,
adelantaron un mitin pacífico alrededor de la sede de Televisa Chapultepec en
rechazo a lo que consideran “la
manipulación mediática que la cadena realiza cotidianamente y en especial en el
pasado proceso electoral y por el papel que ha jugado dicha empresa por la
imposición del candidato Enrique Peña Nieto”. En su pronunciamiento, los organizadores del movimiento hicieron un
recuento de las históricas
alianzas del PRI con la televisora, al tiempo que
señalaron cómo esta empresa de televisión es "la cara más visible
de la oligarquía que gobierna este país; de poderes fácticos que imponen y
quitan gobernantes, y producen y difunden de manera
manipulada la información" (La Jornada 26 de julio 2012).
Colombia: ¿Periodistas o Tribunales de la
Inquisición?
No es
difícil establecer las analogías de Televisa con el papel que han cumplido en
Colombia medios informativos como El Tiempo, Caracol y RCN; baste analizar
el reciente manejo que se dio a las protestas en el departamento del Cauca, cuyo
objetivo -como lo advirtiera claramente la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en una carta
dirigida al máximo jefe de las FARC- no es declararle la guerra ni a la
guerrilla ni al Estado, “Por
eso nuestra Minga se hace cuidando siempre a la comunidad, y cuidándonos
siempre de no darle ventaja militar a ninguno de los actores armados como
ordena el Derecho Internacional Humanitario. No vamos a agredir a nadie, pero
utilizaremos la fuerza de nuestra comunidad reunida, de nuestra palabra y de
nuestros derechos para recuperar nuestros territorios” (ACIN, julio 16 de 2012). No obstante, estas
reiteradas declaraciones, la atención de los medios oficiales de comunicación
se centró en destacar lo que calificaron como “violencia indígena contra el
ejército”.
Cuando
en el ejercicio constitucional de la libertad de opinión se presentan
perspectivas críticas, como las expresadas por la senadora Piedad Córdoba en
Miranda (Cauca), donde denuncia la instalación de bases militares del ejército,
la siembra de minas quiebrapatas, y los costos económicos y humanos de esta
guerra, inmediatamente viene el señalamiento y la estigmatización, ya no
digamos de funcionarios como el procurador general o el Ministro de Defensa cuya
labor inquisitorial esta puesta fuera de duda, sino de periodistas que se
autoproclaman “independientes” pero que han convertido sus columnas en
verdaderos espacios para adelantar una “santa cruzada” contra aquellos que se
atreven a pensar diferente.
Periodistas
como Salud Hernández, cumplen cabalmente ese papel. No es la única por supuesto,
pero sí una de las puntas de lanza. Su tarea es traducir al lenguaje
periodístico los escritos acusatorios de la Fiscalía (particularmente los
formulados por la unidad antiterrorismo)
o, peor aún, hacer eco de información
ficticia sobre investigaciones judiciales actuales con base en información
recaudada por los servicios de inteligencia que, en Colombia, ya sabemos cómo
actúan a la hora de armar los “montajes judiciales” o los mal llamados “falsos
positivos”.
A propósito de La Marcha Patriótica y la Unión Patriótica: Un poco de
historia
En su reciente artículo titulado “Teodora
y sus amigos”, la mencionada columnista arremete contra la “Marcha Patriótica”
según ella “Financiada e impulsada por las FARC”. Agrega además que el Frente 27, de esta
organización “pagó bus, alimentación y
dormida de los campesinos que reclutaron de las veredas de Vistahermosa (Meta)
y Santo Domingo, que ellos controlan” (El Tiempo Julio 29 de 2012). Una
acusación que en nada se aparta de los argumentos que desde los tiempos de la
“guerra Fría” ha utilizado el stablishment
colombiano para perseguir y aniquilar la oposición política y social en el
país.
En la época de la violencia
bipartidista, los gobiernos conservadores acusaban a las directivas del partido
liberal de apoyar y respaldar a Eliseo Velásquez, en ese momento máximo jefe de
las guerrillas del Llano, cuando abogaban “por una política de paz y concordia
para el país”. Luego que liberales y conservadores limaron sus diferencias y se
aliaron en el pacto del Frente Nacional (1957), los promotores de este acuerdo
bipartidista señalaron al disidente Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de
estar infiltrado por la guerrilla, al contar en sus filas con excombatientes
como Juan de la Cruz Varela, Rafael Rangel, entre otros.
Lo mismo se dijo en su momento del
movimiento Unión Patriótica (UP), sobre el cual, cabe aclarar, que en sus
orígenes constituyó una propuesta política amplia producto de los acuerdos de “Cese
al Fuego, Tregua y Paz” firmados en 1984
por el gobierno del presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las
FARC. Esta última retornó a la lucha
armada, luego que el presidente Virgilio Barco (1986-1990) declarara rota la
tregua. Las reformas económicas, políticas y sociales con las cuales se
comprometió el gobierno jamás se hicieron efectivas y, en cambio, si fueron
asesinados más de cinco mil integrantes, entre candidatos presidenciales,
parlamentarios, concejales, alcaldes y militantes de base.
Muchas de las muertes de los
integrantes de la Unión Patriótica se justificaron argumentando su supuesto
“proselitismo armado”. Una expresión que se escuchó por primera vez en Puerto Boyacá, en labios
del político liberal Pablo Emilio Guarín, uno de los responsables de la desaparición
forzada de los líderes populares Miguel Ángel Díaz y Faustino López y cuyo busto construido en
esta población es un verdadero monumento al “Terrorismo de Estado”.
Para nadie es un secreto que fue
precisamente en esa región donde se inició el "Plan Piloto" del paramilitarismo –con la activa
participación de las FF.AA. así como mercenarios israelitas y británicos- experimento que pronto se extendió a otras
regiones del país. Numerosas páginas editoriales hicieron ecos de estas
afirmaciones mientras silenciaron, ese sí proselitismo armado, que adelantaron
sectores políticos nacionales y regionales, gremios de la producción,
terratenientes, núcleos de narcotraficantes a través de los grupos
paramilitares. Veinticinco años después, todavía está por evaluarse la
contribución de los medios de comunicación en la ambientación del clima
político que hizo posible el genocidio de la Unión Patriótica.
A quienes ven en la “Marcha Patriótica” la infiltración de la
guerrilla y orientan sus baterías contra esta nueva organización que ha asumido
su compromiso con una salida política al conflicto armado y social, vale la pena recordar las reflexiones
del periodista Enrique Santos, hace ya un cuarto de siglo en su columna
“Contraescape” cuando refiriéndose a la naciente Unión Patriótica escribía: “Sería grave que los seguidores de la Unión
Patriótica comenzaran a ser perseguidos o asesinados. Si tal situación se
generaliza, no cabría duda de que existe una provocación en grande escala
contra la paz. Significaría la prueba última –palmaria y definitiva- de que
poderosas y bien armadas fuerzas están dispuestas a impedir a cualquier precio
que la política de pacificación tenga éxito alguno. No dejar que la experiencia
de la UP se desarrolle, agredirla y hostilizarla, sería darles toda la razón al
M-19 y demás grupos armados que han renunciado a la paz, o que nunca creyeron
en ella” (El Tiempo, 14 de julio de 1985)
De los estrados Judiciales a la Prensa Oficialista
El Código de Ética de la Sociedad
de Periodistas Profesionales señala como uno de los deberes del periodista
buscar la verdad y ofrecer “un recuento justo y completo de hechos y temas” y
especifica como parte de sus labores “Comprobar
la exactitud de la información de todas las fuentes y cuidarse del error. La distorsión
deliberada es inadmisible; buscar activamente a los protagonistas de la noticia
para darles la oportunidad de responder a alegaciones de conducta impropia;
identificar sus fuentes siempre que sea factible. El público tiene derecho a
toda la información posible sobre la confiabilidad de las fuentes”.
Pedir a Salud Hernández que sus
columnas se ajusten a estos cánones, es pedirle peras al olmo. Su trayectoria
periodística no admite otro camino: sus relaciones con el jefe paramilitar
Carlos Castaño (El Espectador septiembre 14 de 2011), así como sus aliados en
la Fiscalía, le dan la confianza necesaria para afirmar con arrogancia que no
piensa rectificar una coma. Seguramente cree que al identificarse con las
políticas oficiales (y recordemos que el paramilitarismo ha sido una política
oficial) no viola ningún código de ética, no digamos al desconocer la
“presunción de inocencia” –consagrado constitucionalmente- sino al irse en contra
de decisiones judiciales producto de largos juicios donde en contadas ocasiones priman las garantías
procesales para los imputados.
Los temerarios señalamientos que
hace la periodista contra el sindicalista de Fensuagro Efraín Mendoza y el
sobreviviente al genocidio de la Unión Patriótica Ricardo Toscano, absueltos
por un juez de la República -tras evaluar los testimonios del Ente acusatorio y
la defensa técnica, y analizar las evidencias físicas y elementos materiales-
es una prueba más que la Fiscalía pretende posicionar en la opinión pública lo
que no ha podido demostrar en los estrados judiciales. Y para ello recurre a la pluma de periodistas
que –pagos o no por el gobierno- su
propósito es difundir y promocionar la política contrainsurgente que hace más
de medio siglo viene aplicando el Estado Colombiano contra la oposición y el
movimiento social.
Los medios de Comunicación deben
rectificar una vez queden en firme las decisiones de jueces y fiscales. La
ética periodística no es un asunto discrecional, recordemos que a finales del
2006 varios periodistas del Nuevo Herald
-el diario español de mayor circulación en el estado de Florida- fueron
despedidos luego que se comprobara que recibían dineros del Gobierno Federal
por respaldar su política en contra de Cuba. ¿Dónde están en Colombia los
organismos encargados de regular la actividad periodística cuando hay claras
faltas a la ética profesional?
Los estrechos vínculos de los
medios de comunicación con los poderes económicos y políticos hacen
prácticamente imposible este cometido, más aún cuando se trata de una clase gobernante
que estigmatiza a las víctimas y construye bustos a los victimarios; que deja
en la impunidad a los falsos testigos e investiga a los jueces que obran en
derecho; en fin, que aplaude a los que
desde sus columnas periodísticas vulneran los derechos constitucionales y
judicializa a quienes expresan un pensamiento crítico.
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