Por Horacio Duque
El gobierno
nacional y el Departamento de Planeación Nacional han dado a conocer un
documento CONPES-Consejo Nacional de Política Económica y Social, para la región
del Catatumbo, ubicada en el Nororiente de Colombia, en la estratégica frontera
con la República Bolivariana de Venezuela.
El Catatumbo es
un territorio que incluye 12 municipios (San Calixto, Convención, el Carmen
Sardinata, Abrego, Teorama, El Tarra, La Playa) y casi 350 mil habitantes, en
su mayoría campesinos e indígenas. Su principal centro urbano es la histórica
población de Ocaña, que hasta principio del siglo XX perteneció al Estado del
Magdalena. Ahora integra el departamento de Norte de Santander, cuya capital es
Cúcuta.
El Catatumbo ha
sido históricamente la tierra de los Bari/Motilones, comunidad indígena que
resistió el coloniaje español durante más de 300 años. Todavía quedan 4000 mil ubicados
en 4 importantes resguardos territoriales.
Su territorio
es codiciado por las multinacionales mineras, del carbón, petroleras y
madereras, para extraer su enorme riqueza y exportarla al mercado mundial sin
retribuir nada a sus habitantes afectados por la pobreza, el despojo, el
desplazamiento y la violencia.
En la
actualidad hay allí una Zona de Consolidación y Recuperación territorial
estratégica, controlada por las Fuerzas Militares que trabajan en llave con las
corporaciones petroleras y mineras globales, las cuales remuneran jugosos contratos
de seguridad con los militares que de esa manera suplen la eliminación de los
aportes del Plan Colombia recortados por la crisis fiscal del Estado
Norteamericano. Es lo que, bajo la orientación del ex-general Néstor Ramírez,
asesor del Mindefensa (conocido por su guerra contra los campesinos cocaleros
del Caquetá en el gobierno de Samper Pizano, a quienes disparaba con sus tropas
a los pies para dejarlos inválidos), hacen en estos momentos todas las Brigadas
militares que operaban con los recursos aportados por los gringos a través del
Plan Colombia, que han sido cancelados. Varias unidades castrenses como las
Fudras y las Omegas, han firmado contratos con las empresas transnacionales
petroleras para prestar servicios de seguridad en oleoductos, campos
petroleros, minas y zonas de explotación del oro a cielo abierto, como una
manera de financiarse.
El Conpes
aprobado por 850 millones de dólares y anunciado en Ocaña por el Presidente Santos
incluye varios campos de trabajo e inversión que atienden demandas de las
comunidades rurales.
Las áreas de
trabajo son las siguientes:
Primero. Vías,
con una inversión de 700 millones de dólares en obras de infraestructura vial
en los tramos carreteables de Cúcuta-Ocaña-Aguaclara y
Astilleros-Tibú-Convención-La Mata. Rutas que desbloquean importantes zonas de
la región.
Segundo.
Titulación de 250 mil hectáreas de tierra mediante formalizaciones
administrativas del Ministerio de Agricultura; avances en la restitución de
tierras a las víctimas de la violencia; adjudicación y recuperación de 200 mil
hectáreas de tierras baldías para formalizarlas y entregarlas a los campesinos
para convertirlas en áreas productivas; asistencia tecnológica; mejoramiento de
condiciones de suelos y cultivos; y estudios para la delimitación, ampliación y
precisión de los resguardos indígenas Bari.
Tercero.
Vivienda y saneamiento básico, que pretende la construcción de 4000 viviendas
de interés prioritario rural e inversiones por 20 millones de dólares para
obras de instalación de agua potable y saneamiento básico en los municipios de
Ocaña. Tibú y Hacarí.
Cuarto.
Educación para hacer inversiones de 4 millones de dólares en la construcción de
21 nuevas sedes educativas para los municipios de la región; construcción de
dos Megacolegios en Tibú y Abrego; entrega de 34 nuevos colegios en Abrego,
Hacarí, Sardinata, Teorama, Ocaña, Tibú, El Carmen, El Tarra y San Calixto;
puesta en marcha de una sede del Sena para incrementar la formación técnica,
tecnológica y complementaria, entre los habitantes de la región; ampliación del
plan de acompañamiento integral para el mejoramiento de la calidad de la
educación con el programa ‘Todos a aprender’ a 56 sedes educativas del
Catatumbo; y adquisición y puesta en marcha de 2.630 computadores para educar.
Quinto. Salud
con inversión en red hospitalaria, aumento de recursos para la ESE Tibú,
modificación de su portafolio de servicios y elaboración de estudios para la
reorganización de la red de prestadores de servicios de salud; habilitación de
servicios de alta complejidad en la ESE Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña;
mejoramiento de la infraestructura física y dotación de equipos biomédicos para
que cumplan con los requerimientos necesarios; dotación de la red de frío del
Plan Ampliado de Inmunizaciones de siete municipios; asistencia técnica a San
Calixto, Teorama, Tibú y Sardinata en el programa ampliado de inmunizaciones; y
atención para comunidades indígenas.
Sexto.
Tecnología y electrificación que incluye construcción de la etapa III del
proyecto de electrificación rural que cobijará a 4.761 familias en 139 veredas
de la región, por un valor de 40 millones de dólares; e instalación de al menos
41 puntos digitales de Compartel en los centros poblados de zonas rurales del
Catatumbo. Y,
Séptimo. Apoyo
social para la transición progresiva de hogares del Bienestar Familiar a
Centros de Desarrollo Infantil, en el marco de la estrategia de Cero a Siempre,
a fin de beneficiar a 10.944 niños menores de 5 años; atención integral de la
Red Unidos a 19.927 familias beneficiarias; y ampliación de la cobertura de
Familias en Acción a por lo menos 34.920 familias de los diferentes municipios
que integran el Catatumbo.
Son los
aspectos centrales de esta estrategia que incluye demandas hechas por las
comunidades locales y regionales en los últimos diez años. Hay otros temas que
no se atienden y que los alcaldes incluidos en la Asociación de municipios que
lidera el burgomaestre de Teorama han reiterado ante los funcionarios de la
administración central, como los programas para la restitución de los cultivos
de coca con proyectos productivos y no mediante las fumigaciones con glifosato
que envenena amplias áreas del Catatumbo.
Pero la lucha
no termina aquí. Es necesario seguir la batalla para que este documento Conpes
no se convierta en letra muerta como ocurre con tantos planes gubernamentales
que no se materializan porque se refunden en las rutinas de las burocracias
públicas. El otro riesgo es que los dineros de esta política terminen convertidos
en moneda del clientelismo y la corrupción de los políticos nortesantandereanos
como el senador Juan Manuel Corzo, quien es investigado por la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia a raíz de sus estrechos vínculos con los jefes
paramilitares del Bloque Fronteras, que reclama como fruto de su influencia
ante las entidades bogotanas la expedición del Conpes. Como decir un bien que
le pertenece cual propiedad privada.
Las
organizaciones populares, campesinas, las mujeres, los educad@res y demás expresiones
de la sociedad civil de la región deben organizar planes para hacer el
seguimiento de la ejecución de cada uno de los proyectos del Conpes anunciado.
Hay que programar Cabildos populares, escuelas de capacitación, talleres,
seminarios, Audiencias públicas, programas en los medios de comunicación y
asambleas para estudiar en detalle este material y conformar veedurías
ciudadanas, comités de observación que le den transparencia y eficacia a las
inversiones y proyectos sociales proyectados que no son un regalo de los
politiqueros sino una conquista de los habitantes de la región. Es la manera de
construir la paz en el Catatumbo.
Ocaña, 20 de
enero de 2013.
