lunes, 7 de enero de 2013

Informe de la Fiscalía demuestra que la mal llamada Ley de Justicia y Paz es en realidad una repugnante coartada de impunidad

Familiares a las víctimas del paramilitarismo que fueron llevados a los hornos al estilo nazi-alemán.



Por: Camilo Raigozo

Un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía dado a conocer el 1 de enero de 2013 menciona los siguientes datos sobre los crímenes confesados por paramilitares desmovilizados:

Según el informe, los sicarios o paramilitares del régimen confesaron un total de 39.546 crímenes, que involucran a 51.906 víctimas.

Algunos de los datos de los crímenes de los ´paras´ son: 1.046 masacres; 25.757 asesinatos; 1.618 reclutamientos forzados; 3.551 desapariciones forzadas; 11.132 desplazamientos forzados; 1.168 extorsiones; 1.916 secuestros; 96 violaciones sexuales; 773 torturas y 65 acciones de tráfico de drogas.

En cuanto a fosas comunes los criminales del terrorismo de Estado confesaron lo siguiente: 3.929 fosas exhumadas; 4.809 cadáveres encontrados; 748 cuerpos con identificación indiciaria (con muestra de ADN y esperando resultados de laboratorio);-

1.994 cuerpos plenamente identificados por pruebas de ADN o Carta Dental; 1.813 cuerpos entregados a familiares y 181 cuerpos identificados y pendientes de entrega a familiares.

Igualmente los para-agentes del terrorismo de Estado confesaron haber contado con la complicidad de: 1.124 políticos; 1.023 militares; 393 servidores públicos y 10.329 personas y desmovilizados.

De acuerdo al informe, el ente investigador atendió casos de 1.802 víctimas en el año 2006; 15.704 en 2007; 24.865 en 2008; 42.456 en 2009; 28.868 en 2010; 26.606 en 2011 y 11.849 en 2012; para un total de 152.150 víctimas.

El informe confirma que la mal llamada Ley de Justicia y Paz, es en realidad una coartada de repugnante impunidad y legalización de la estrategia paramilitar del régimen, ideada y materializada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo a los siguientes datos:

De los 31 mil paramilitares supuestamente desmovilizados: ‘paras’ a quienes se presentó escrito de solicitud de audiencia de Imputación, 1.126; ‘paras’ a quienes se presentó escrito de solicitud de audiencia de formulación de Cargos, 628;-

‘paras’ que terminaron formulación de cargos en espera de realización de Audiencia de Control de Legalidad, 292; ‘paras’ a quienes se les ha realizado audiencia de Legalización de Cargos, 128; ‘paras’ en Incidente de Reparación, 11 y ‘paras’ a los que se le ha dictado sentencia, 14, la mayoría de estos con interposición de apelación.

Así pues la Ley de Justicia y Paz no es otra cosa que una repugnante coartada de impunidad, grotesca burla a las víctimas y total garantía de repetición de las masacres, asesinatos, desapariciones y demás crímenes del terrorismo de Estado contra el pueblo colombiano.

No obstante lo anterior, este informe de la Fiscalía no coincide con otro informe suyo dado a conocer a la opinión pública el 13 de enero de 2011 en el cual se revelaron los siguientes datos descritos en su momento así por Notimundoí:

“El pasado 13 de enero la Fiscalía puso en conocimiento de la opinión pública un informe en el que revela tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas (el último informe de Medicina Legal habla de 38.255 desapariciones en los últimos cuatro años de Uribe) y al menos 74.990 desplazamientos forzados de comunidades, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 1 de diciembre de 2010, por la estrategia paramilitar del régimen.

“El documento también señala que los ‘paras’ cometieron durante el mismo periodo de tiempo, 3.527 secuestros; 3.532 extorsiones; 3.557 reclutamientos de menores; 677 violaciones sexuales de mujeres y niñas; 68 casos de narcotráfico y otros 28.167 actos criminales que la Fiscalía no especifica.

“A principios de marzo de 2009, el ente investigador reveló un informe según el cual 2.133 niñas y niños fueron asesinados cruelmente, desparecidos, reclutados o desplazados forzadamente por las hordas paramilitares afines a la política de “seguridad democrática”, en connivencia con la Fuerza Pública".

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