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/ Jueves 17 de enero de 2013
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Redactor de la Agencia Prensa Rural y
de kaosenlared.net
En el día de hoy podemos leer en la versión web del diario santista
“El Tiempo”, al hilo de la alarma social creada alrededor del caso del embarazo
de Catherine Gallego de 14 años de edad por parte de un joven de 27, un par de
noticias que nos pueden invitar a la reflexión: En entrevista a Jorge Armando
Otálora el diario destaca “Cada dos minutos hay una tutela para exigir derecho
a la salud”. Por otro lado también podemos leer “Anticonceptivos gratis desde
los 14 años son un derecho”.
En primer lugar, conociendo la realidad sociológica colombiana y las
costumbres sexuales en este país, podríamos llegar a varias conclusiones, sin
darle muchas vueltas:
1. El caso de Catherine Gallego no es en absoluto un caso
aislado y toda la opinión pública lo sabe.
2. El embarazo, en menores de edad,
es una problemática de hace muchos años.
3. En el caso de que el caso hubiese
ocurrido en el medio rural muy seguramente no hubiésemos tenido conocimiento de
esos hechos
4. Si las élites gubernamentales y sociales se han dado cuenta del
problema de la falta de libertad sexual femenina en el año 2012, es que viven
una realidad paralela (como ya sospechábamos).
5. Las relaciones sexuales en
algunos (no pocos) casos son moneda cambio para las mujeres mas empobrecidas de
Colombia, que se ven obligadas a entrar en una dinámica sexual sobre la que no
tienen control. 6 Que las relaciones sexuales, en este y en la gran mayoría de
países del mundo, vienen mediadas por un machismo más o menos evidente.
Sabiendo, como se afirma hoy en El Tiempo, que los anticonceptivos son
gratuitos para menores de edad desde los 14 años (edad legal para poder
mantener relaciones sexuales) y hasta los 19 años, y sabiendo también que cada
dos minutos un o una ciudadana colombiana se ve obligada poner una tutela para
que le reconozcan sus derechos en materia de salud, según el defensor del
pueblo, el panorama es preocupante.
Si una persona que padece cáncer tiene que presentar tutela para que
lo atiendan, en esa penosa situación, podemos imaginar cual sería la situación
para una menor que acude a cualquier hospital a recibir información sobre
prevención y protección sexual. Podemos imaginar la escena en la que una menor
pida entrar a una clínica cualquiera de Colombia a pedir esa atención y nos
resulta fácil imaginar que ni de la puerta pase porque el celador ni se lo
permita. Ni siquiera con la tarjeta del Sisben.
¿Cuántos casos de embarazo no deseado en el sur de Bogotá por no poder
planificar?. ¿Cuántos casos de embarazo no deseado en los barrios populares de
Cartagena por no poder asumir el coste de la planificación?, ¿Por no
conocerlos?, ¿por no tener la posibilidad de exigirlos a la pareja?. ¿Cuántas
embarazadas menores de edad en las veredas rurales del Cauca?, ¿Los vecinos lo
ven como un problema?, ¿Cuantas niñas de 15 años con hombres de 50 años?
Las herramientas constitucionales para garantizar la salud, supuestamente
existen, pero nadie las cumple. El problema es que el estado no hace presencia
donde no hay plata y sobre todo, no se está reflejando la realidad
sociocultural del país a través de ese estado.
Lo que aquí se discute es como llega el estado a los lugares donde no
se mantiene de manera permanente y donde es que ese estado no llega y porqué.
El debate sobre el desgraciado embarazo no deseado de una menor, es superficial
y creado y orientado de manera anecdótica para desviar la atención y que el debate
no vaya al fondo de la cuestión, aprovechando para estigmatizar a las mujeres
responsabilizándolas de una coyuntura que las oprime.
Los ajustes en sanidad o en cualquier otro derecho fundamental, deben
ser apuntalados con las columnas de la educación. Mientras tanto, se seguirá
legislando desde el desconocimiento de unas altas esferas libres de la gran
mayoría de problemas que deben gestionar y elaborando constituciones con
supuestas buenas intenciones pero sin capacidad de imponerse a los que gobiernan
donde no llega el estado.
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