por Libardo Sarmiento Anzola
El primero de enero de 2013
comenzó a regir la nueva reforma tributaria, Ley 1607 de diciembre de 2012.Son
198 artículos que modifican aspectos
importantes del estatuto tributario, estructurados en diez capítulos. Los
cuatro primeros son los principales: personas naturales (I), impuesto sobre
renta para la equidad (II), impuesto sobre las ventas (IVA) e impuesto nacional
al consumo (III), personas jurídicas (IV). En general, la reforma afecta
negativamente a las personas naturales pertenecientes a la clase media
trabajadora y beneficiaa las grandes empresas.El Gobierno y el Congreso
legislaron en favor del capital y en detrimento del trabajo.
Los impuestos al empleo
(parafiscales) se transforman, ahora, en impuestos a cargo de los trabajadores
de clase media. La tarifa de impuesto a la renta de las empresas baja de 33 a 25 por ciento, pero al
mismo tiempo se introduce la contribución “Cree” (Impuesto sobre la Renta para
la Equidad) de 8 por ciento. Los empresarios dejarán de pagar 13,5% de su
nómina, correspondientes a Sena, ICBF y salud de sus trabajadores. Los 6,7
billones de pesos que dejarán de pagar por parafiscalidad se cobrarán a las
personas naturales, para las cuales aumentará la carga tributaria directa
(impuesto a la renta) e indirecta (IVA).En resumen, las empresas pagarán menos
parafiscalidad y las personas naturales más renta, generando una redistribución
funcional -entre propietarios y asalariados- del ingreso contraria a los
principios de justicia social.
La Reforma, en
consecuencia, mantiene la tradición tributaria colombiana: la clase media trabajadora
sostiene la hacienda pública y con sus impuestos financia los subsidios que
van, vía redistribución, a ricos y pobres (más a los primeros), al aparato
estatal, tanto de guerra (500.000 funcionarios en armas) como a la fronda
burocrática (otros 700.000 funcionarios) y a la clase política (el promedio
salarial y de pensiones de un congresista supera los 20 millones de pesos). Un
trabajador de clase media, a lo largo de su vida laboral (unos 40 años),
trabaja 5 añosdedicado únicamente para alimentar la voracidad del fisco (sin
contar los impuestos que paga por ser propietario de una vivienda o un
vehículo), sin recibir subsidio alguno de éste (para educación, salud, vivienda
o servicios domiciliarios). En resumen, la Reforma es fiel al mandato bíblico expresado
por el evangelista Mateo: “Al que tiene más, se le dará más”.
La hacienda pública y la
política monetaria son los principales instrumentos de intervención con que
cuenta un gobierno para impulsar la economía e incidir en el bienestar de la
población. La reforma tributaria, según lo argumentó el Gobierno del Presidente
Santos (2010-2014), tiene como objetivos la generación del empleo (crear entre 850.000 a 1.000.000 de
nuevos empleos), la disminución de la pobreza, la reducción de la desigualdad y
un sistema tributario que sea progresivo.
Contrario a lo expresado
por el Gobierno y el Congreso, la reforma tributaria es regresiva. Con el
pretexto de incentivar la inversión y generar empleo formal se disminuyeron los
impuestos directos y se aumentaron los impuestos indirectos. De esta forma,
bajó la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas
(sociedades) y, en paralelo, aumentaron los bienes y servicios gravados con el
impuesto a las ventas IVA.
La sociedad colombiana está
estructurada sobre una desigualdad escandalosa. La naturaleza regresiva de la
estructura tributaria colombiana refleja la férrea y crónica fragmentación
socioeconómica dela población. En el último medio siglo (1960-2010) el 40% más
pobre de la población, pese al sostenido crecimiento de la economía, pasó de
apropiar el 9,7% a tan solo el 12% del PIB. La clase media, 50% de la población,
mejoró su participación en el PIB en 8,3 puntos porcentuales: 48,9% en el año
2010. El 10% más rico del país, pese a que cedió 10,6 puntos porcentuales de su
apropiación del PIB, aún concentra el 39,1% (gráfico 1).
Fuente: series
históricas, estadísticas DANE, DNP, Banco de la República
Producto de los beneficios
de la riqueza creciente, una fuerza de trabajo más educada y productiva, el
gasto social focalizado y la economía dinámica han permitido disminuir la
pobreza por ingresos en Colombia de 70% a 41%, entre los años 1960 y lo corrido
de la década de 2010. No obstante, la desigualdad coloca a Colombia entre los
países del orbe de mayor inequidad. Hoy la injusticia social es peor que
cincuenta años atrás. En consecuencia, a la par que la pobreza absoluta cae, la
pobreza relativa, y por tanto la brecha entre clases sociales, se profundiza
(gráfico 2). Así, por ejemplo, en el año 2012, la acumulación de capital creció
a un ritmo superior al 10% mientras que el consumo de bienes y servicios lo
hizo por debajo de 3,5%; además, los
aumentos en los salarios son inferiores a los incrementos en la productividad
del factor trabajo. Por tanto, los ingresos del capital crecen más rápido que
los ingresos del trabajo.
Fuente: series
históricas, estadísticas DANE, DNP, Banco de la República
Es falsa la apreciación que
califica a la nueva reforma tributaria de equitativa, eficiente y progresiva.
Los intereses económicos de los sectores privilegiados ejercieron su poder
político durante los debates en el Congreso hasta el punto de desfigurar la
progresividad. La clase política defendió en la Reforma sus intereses: 52
senadores votaron por el sí mientras que 6 lo hicieron por el no; en la Cámara,
104 representantes le dieron su aprobación al proyecto de ley y 10 la
rechazaron.
Ahora, los contribuyentes
con mayor capacidad contributiva pagan menos o no pagan lo que les corresponde
y en consecuencia tienen tarifas efectivas de tributación más bajas. Un ejemplo
ilustra el poder de lobby de la oligarquía nacional y su contubernio con la
clase política: uno de los puntos polémicos que se hundió tanto en Cámara como
en Senado fue el de gravar dividendos de compañías; la propuesta apuntaba a
gravar con 5% los dividendos de los accionistas de las compañías que obtuvieran
ganancias anuales superiores a 200 millones de pesos, la cual generó rechazo
del Consejo Gremial y de un amplio sector del empresariado, que argumentó la
imposición de doble tributación. Además, los beneficios tributarios exclusivos
de las multinacionales o grandes empresasfueron estabilizados (congelados)
hasta por 20 años, desde el gobierno Uribe (2002-2010), mediante la suscripción
de contratos de estabilidad jurídica; por lo tanto, dichos incentivos fiscales
no fueron modificados por la Reforma Tributaria para aproximadamente 65 grandes
sociedades que tienen contratos vigentes.
Tal como se explicó
anteriormente, hasta el ejercicio 2012 la tarifa de impuesto a la renta de las poderosas
sociedades privadas era de 33%, a partir de 2013 baja a 25%, beneficiando al
conjunto de la clase empresarial, nacional y extranjera. Adicionalmente, el
impuesto a la inversión extranjera de portafolio en papeles, como los títulos
(TES), pasó de 33 a
14 %, lo cual ayudará, según el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría,
“a mejorar la rentabilidad de los portafolios”. El objetivo de rebajar los
tributos empresariales es fortalecer la estrategia de incentivar la generación
de empleo formal. Adicionalmente, se eliminaron los parafiscales (recursos
destinados al ICBF y el SENA)que gravaban el empleo en 13,5% (Los parafiscales
no desaparecieron del todo, lo siguen pagando quienes perciban salarios
superiores a los 10 millones de pesos).De acuerdo con el ministro de Hacienda,
con la reforma aprobada el fisco dejará de percibir 500.000 millones de pesos,
un costo que según él “vale la pena si se tiene en cuenta que se fijarán
mejores condiciones para la generación de empleos formales”.
Otra mentira de los
defensores de la Reforma es que conuna disminución de la parafiscalidad se
generan 1'000.000 de empleos. Los estudios sobre mercado de trabajo y reformas
tributarias -modificaciones del impuesto a la renta y a las contribuciones a la
seguridad social- concluyen que no tienen impactos significativos.
De hecho, las reformas laborales
que se vienen impulsando desde principios de la década de 1990 lo que han
logrado es precarizar, empobrecer y generar mayor inestabilidad en la fuerza de
trabajo colombiana. Hoy, dos de cada tres ciudadanos que generan su ingreso de
su propio trabajo se encuentran en la informalidad o en el desempleo abierto. La
explicación del deterioro del mercado de trabajo se explica por el modelo
económico que se consolida desde la década de 1970: especialización en las
actividades extractivas (minería y petróleo), servicios y especulación
financiera (las tres poco generadoras de empleo) y adquisición de la mayor
parte de bienes industriales y agrícolas del extranjero (registrándose un
desplome en las actividades del sector real, el cual es el principal generador
de empleo formal). Esta situación se evidencia en la consolidación del
desempleo estructural a partir de la década de 1970 (índice superior a los dos
dígitos), pese al crecimiento de la economía y la disminución de la pobreza
absoluta (gráfico 3).
Fuente: series
históricas, estadísticas DANE, DNP, Banco de la República
Esta precarización del
empleo y los ingresos de los trabajadores se traducen en situaciones tan
inhumanas como que cerca de cinco millones de personas en Colombia padecen
hambre; esto es, 10% de la población se encuentra en situación de pobreza
absoluta. La persistencia del hambre y de la mala nutriciónes intolerable ética
y socialmente, incompatible con la dignidad de los seres humanos y con la
igualdad de oportunidades a que tienen derecho.La causa principal del hambre y la desnutrición
se explican por la desigualdad económica, en consecuencia su solución requiere
de políticas redistributivas progresivas y de una buena ingeniería en la
inversión social. En este campo, las desigualdades no sólo son entre clases
sociales sino más profundamente entre regiones del país (gráfico 4).
En términos de beneficiar a
los más pobres, en la reforma tributaria quedó establecido que a quienes ganen
menos de 3,5 millones de pesos no se les aplicará retención en la fuente. Además,
entre lo aprobado quedó establecido que las madres comunitarias del país sean
vinculadas laboralmente y empiecen a devengar un salario mínimo mensual.
La pregunta que debemos
hacernos a esta altura del análisis es ¿si los ricos pagaran menos impuestos y
los pobres no tributan, entonces quienes son los perdedores con la nueva
reforma tributaria? La respuesta es sencilla, los mismos de siempre, la clase
media, ahora clasificados por la Reforma en empleados y trabajadores por cuenta
propia. En materia del impuesto sobre la renta y complementarios se establece
una clasificación de personas naturales en empleados y trabajadores por cuenta
propia. Además crea dos sistemas presuntivos de determinación de la base
gravable de renta conocidos como Impuesto Mínimo Alternativo -IMAN e Impuesto
Mínimo Alternativo Simple IMAS.
Gráfico 4
Incidencia de la pobreza
por departamentos 2010-2011.
Fuente: DANE,
cálculos con base en GEIH.
La Reforma creó el impuesto
sobre la Renta para la Equidad –CREE- como el aporte con el que contribuyen las
sociedades y las personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del
impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, la
generación de empleo, y la inversión social (Artículo 20). El CREE tendrá como
hecho generador la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar
el patrimonio de los sujetos pasivos con tarifa del 8 % destinados a la
financiación del SENA, ICBF y el Sistema de Seguridad Social en Salud; para los
próximos tres años tendrá un punto adicional (1%), que se distribuirá de la
siguiente manera: 40% para financiar a instituciones de educación superior
públicas, 30% para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud y
30% para inversión social en el campo. La base gravable del CREE no podrá ser
inferior al 3% del patrimonio líquido del contribuyente (Artículo 22).
La otra modificación
importante de la Reforma está relacionada con el impuesto sobre las ventas
(IVA) e Impuesto Nacional de Consumo (Capítulo IV) que afecta negativamente al
universo de personas naturales o consumidores con la ampliación de bienes que
causan impuestos o la creación de un nuevo tributo al consumo. El hecho
generador del Impuesto Nacional al Consumo será la prestación o la venta al
consumidor final o la importación por parte del consumidor final, de los
siguientes servicios y bienes: la prestación del servicio de telefonía móvil;
la venta de bienes corporales muebles; el servicio de expendio de comidas y
bebidas preparadas (Artículo 71).
En los casos en que la
Reforma disminuyó la tasa impositiva de bienes y servicios, la situación es
igualmente perversa: los empresarios aumentan su margen de ganancia y no
transfieren los beneficios a los consumidores. En efecto, cerca de dos docenas
de productos y servicios, como la gasolina, la medicina prepagada, los
alimentos concentrados para animales, el chocolate y los consumos en
restaurantes, deberían haber empezado a bajar de precio, tras las medidas
adoptadas con la reforma tributaria, que entraron en vigencia el primero de
enero de 2013, pero las empresas en vez de abaratar precios, los están
subiendo.
En el caso de los
restaurantes, los usuarios han reportado que siguen pagando IVA del 16 por
ciento, pese a que la reforma estableció una reducción a 8 por ciento.Otro
ejemplo que con la entrada en vigencia de la reforma tributaria no está dejando
ver mayores beneficios a los usuarios ocurre con la medicina prepagada: tal
como quedó consagrado en el nuevo régimen tributario, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) para la medicina prepagada bajó del 10 al 5 por ciento, razón
por la cual los usuarios de este sistema esperaban un alivio en las cuotas
mensuales que pagan, pero para el año 2013 el incremento de dichas
mensualidades bordea hasta el 16 por ciento. Pese a que el director de la Dian,
Juan Ricardo Ortega, afirma que bajas en IVA deben reflejarse en rebajas al
consumidor, ante el hecho de la “viveza” manifiesta de los empresarios, ni la
Dian ni la Defensoría del Contribuyente tienen poder sancionatorio.
Otro impacto negativo en
contra de los intereses de la clase media, en particular los trabajadores por
cuenta propia, consiste en que la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 en su
artículo 18 modificó el artículo 594-1 del estatuto tributario en el sentido de
disminuir el tope de ingresos para que los trabajadores independientes no estén
obligados a declarar.Entre otros requisitos, el artículo 594-1 del estatuto
tributario, antes de la modificación establecía que los trabajadores independientes
no estaban obligados a declarar si sus ingresos no superaban los 3.300 unidades
de valor tributario (Uvt), pero el artículo 18 de la ley 1607 de 2012 bajó ese
tope a 1.400 Uvt, de manera tal que un trabajador independiente que tenga
ingresos anuales superiores a 1.400 Uvt queda obligado a declarar, esto es, $
3.132.000 mensuales (para el año 2013, la Uvt equivale a 26.841 pesos).
Fuente: Ministerio
de Hacienda
Para el año 2013 los
ingresos totales del Estado son del orden de los 118 billones de pesos. El
Estado controla cerca del 46% del PIB anual. La fuente principal de estos son
los ingresos tributarios, equivalentes al 85,3%. El gasto proyectado del
Presupuesto de la Nación es de 135,2 billones de pesos, generando un déficit
fiscal de 17,6 billones de pesos, el cual, por obligación, tendrá que ser
financiado con mayor endeudamiento público o ajustado mediante recortes en los
gastos de gobierno. El rubro mayor del gasto corresponde a los de
funcionamiento (burocracia armada y civil), estos representan el 68,5% del
presupuesto General de la Nación (gráfico 5).
Si bien la clase media es
la que mayor tributa, en el juego redistributivo, mediado por el Estado, es la
que menos se beneficia. El análisis del gasto público, según funciones
sistémicas del Estado (Gráfico 6), muestra que 36% se orienta a la reproducción
de la fuerza de trabajo, principalmente de los estratos socioeconómicos 1 a 3, mediante la política
social; los programas sociales que mayor concentran gasto público son
educación, salud, pago de pensiones y los asistencialistas (tipo familias en
acción, bajo el control directo de la Presidencia de la República). El segundo rubro en importancia, 27%,
corresponde al pago del servicio de la deuda.
Los gastos para el
sostenimiento de la guerra (Fuerzas Armadas e instituciones de Inteligencia) y
el control ciudadano (como los aparatos de justicia) concentran el 16,9 del
gasto público. La guerra es un factor negativo que consume grandes recursos e
impide un mayor crecimiento económico y un mejoramiento del bienestar
ciudadano. De acuerdo con el Índice de Paz Global 2012, elaborado por el
Instituto para la Economía y la Paz, el país latinoamericano más pacífico es
Chile, que ocupa el lugar número 30 de la lista, y el menos, Colombia, que está
en el puesto 144 en una lista de 158 países.
Los servicios del Estado
orientados a regular su relación con la sociedad se llevan el 14 del
Presupuesto. Para apalancar la acumulación del capital privado, vía
subvenciones e infraestructura, va otro 6,3%. El gasto para proteger y regular
el ambiente es casi inexistente en Colombia, apropia sólo 0,1% del Presupuesto
General de la Nación –PGN.
Si bien el gasto público
orientado a la inversión es de 23,8 billones en 2013 (18% del PGN), el monto es
poco en relación a los recursos que maneja el Estado y respecto al registro de
países de la región. Pero su impacto poco significativo se explica más por los
problemas estructurales de la corrupción en Colombia. De acuerdo con la edición
de 2012 del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) publicado por la ONG
alemana Transparencia Internacional (TI), América Latina comparte tres graves
problemas: violencia, desigualdad y corrupción; Colombia aparece, con el puesto
36, como un país en el cual decrece la transparencia.
Todos estos hechos nos
permiten hacer conciencia de la realidad que padecemos los colombianos y
colombianas a diario. La violencia, la desigualdad, la
corrupción y estructuras fiscales regresivas constituyen un grave problema y
una significativa amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades, en
la medida en que socava las instituciones y los valores de la democracia, la
ética y la justicia y compromete seriamente el desarrollo sostenible y el
imperio de la ley, además de erosionar la moral de las sociedades y
distorsionar las economías y la asignación de recursos para el desarrollo.
