Colombia: Tortura contra familiares de presos políticos es mensaje del terrorismo de Estado
Parte VI del Dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados
Por Azalea Robles
“Alida Arzuaga, de
9 años, fue víctima de desaparición forzada, tortura y
homicidio. Según testimonios el atroz crimen fue cometido por
parte de paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública
contra el padre de la menor, quien se encontraba preso(…) Estos hechos
permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en
Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el
injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus
familiares.” Equipo Jurídico Pueblos
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión
con los paramilitares lo colgó vivo, introduciendo ganchos en sus extremidades
como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y su cuerpo
con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados…
según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan
eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria,
¿tenían que cobrarlo con su vida?”
Marinelly Hernández, presa política y de guerra
1. Introducción
La existencia de 9.500 presos
políticos[1] pone de manifiesto la falta de libertades políticas en Colombia.
La extrema intolerancia estatal contra toda reivindicación social garantiza una
situación de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y es
causal del actual conflicto social y armado. Es debido a la miseria de las
mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política civil, que parte
importante de ésta elije la oposición política insurgente. Uno de los
puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la insurgencia de las FARC y el
gobierno colombiano se refiere precisamente a esa falta de libertades políticas
en Colombia. La liberación de los presos políticos sería un
gesto concreto hacia la paz por parte del gobierno colombiano; lamentablemente
el gobierno no se lo plantea, y por el contrario incrementa las detenciones
políticas a la par que incrementa la entrega del territorio a las
multinacionales. Las organizaciones sociales denuncian:“Las regiones del
país donde existe mayor concentración de recursos naturales, procesos
organizativos e intereses económicos trasnacionales; coinciden con aquellas en
las que se usa con más frecuencia la detención arbitraria (…)Existe una
directriz de Estado que criminaliza y militariza la protesta social, que se
manifiesta en el sustancial aumento de detenciones arbitrarias y en su política
criminal que abiertamente da una repuesta represiva o punitiva al ejercicio del
derecho a la protesta(…) una estrategia criminal del Estado que pretende debilitar
el movimiento popular y amilanar la protesta social” [2].
La violación de los derechos de participación
política afecta no solamente al opositor político que es asesinado,
desaparecido u encarcelado, sino que vulnera a la sociedad entera, al impedir
el pensamiento crítico y desarticular la organización social, motores
históricos de la emancipación. Se trata de inyectar miedo a elevar una
reivindicación: a quienes reivindiquen se los ‘castiga’. En esa
lógica estatal de dominación mediante el miedo se inscribe la
tortura: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su
carácter de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la
tortura, que conlleva incluso la muerte de los presos, y llega hasta la
desaparición forzada y homicidio contra los familiares de los presos
políticos. La importancia de visibilizar estos crímenes de Estado radica
en tratar de impedir que se sigan instaurando como un mecanismo de terror
contra la reivindicación social.
La situación en las cárceles colombianas es
dantesca: los presos sufren tortura, padecen niveles de hacinamiento del 47%
[3], viven en condiciones de insalubridad extremas, sufren la violación a los
subrogados penales, no son clasificados en clara violación al DIH por parte del
estado -siendo incluso situados los presos políticos en patios paramilitares
como método de tortura que pone en peligro sus vidas-. Los presos sufren el
alejamiento familiar como forma de castigo; sufren extradición; e incluso los
presos políticos sufren el chantaje con las vidas de sus familiares si se
niegan a fungir de falsos testigos contra otros luchadores sociales en los
juicios políticos que implementa el estado colombiano contra periodistas,
sindicalistas, líderes campesinos, estudiantiles, etc. Miles de personas están
sindicadas y presas sin juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro
estatal’[4]. El uso del aparato judicial como arma de guerra sucia
convierte las detenciones en terror omnipresente: “El Estado colombiano
enfrenta más de 12 mil demandas por detenciones injustas”[5]. Además, son
numerosos los presos políticos muriendo por tortura de negación de asistencia
médica, algunos padecen enfermedades que devienen terminales ante la falta de
tratamiento, y otros son heridos de guerra que son abandonados a la
gangrena[6]. Las organizaciones de DDHH llaman: “Al estado colombiano
que cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros
políticos mediante la omisión de diagnósticos y atención médica
oportuna. Solicitamos que la Liberación de las y los Prisioneros
Políticos Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos entre el
gobierno Colombiano y las FARC-EP”[7]. En diciembre 2012, ante la
continuidad de la hecatombe, los presos se preguntan:
“¿Cuántos muertos más
tenemos que poner los presos para lograr ser escuchados y recibir solución a
tan dramática situación? ¿Quién investiga y hace justicia con la familia
de más de 118 muertos en lo que va transcurrido en el presente año en
las cárceles del país? (…) Exigimos investigación sobre la
muerte de nuestro compañero Mauricio Fernández García miembro del Movimiento
Nacional Carcelario (MNC) el 7 de diciembre por la absoluta inasistencia medica
(…) una de las prácticas aplicadas sistemáticamente(…) Hemos solicitado al
gobierno que decrete la emergencia carcelaria y que se conforme una
comisión de concertación Gobierno-MNC, para buscar soluciones concretas a la crisis
humanitaria por la cual estamos pasando los mas de 140.000 presos que hay en
Colombia” [8].
2. Torturas, desaparición y
asesinato de familiares de presos políticos
Los familiares de los opositores políticos son
también víctimas de la tortura. Los casos son recurrentes y quedan en la
impunidad. El terror de estado contra familiares y comunidades se expresa en
las masacres perpetradas por toda la geografía colombiana por la herramienta
paramilitar en coordinación con la fuerza pública; masacres en las que los
desmembramientos, las violaciones sexuales y otras barbaries buscan dejar
impreso el miedo en lo más hondo de los sobrevivientes, para así generar
parálisis de la reivindicación social y masivos desplazamientos poblacionales.
De esta forma son despojados los campesinos de las tierras codiciadas por el capital
multinacional: el desplazamiento forzado en Colombia alcanza ya los 5,5
millones de personas, haciendo de Colombia el país del mundo con más
desplazados internos [9].
Las víctimas preferenciales en las masacres son los
opositores políticos y sus familiares. Innumerables torturas forman
parte de las vivencias colectivas, testimonios de una dominación mediante la
barbarie, como la castración y asesinato del niño Luis Carlos Julián Vélez,
de 8 años, hijo del entonces diputado del partido opositor Unión Patriótica,
partido que sufrió exterminio por parte del estado colombiano, siendo
asesinados 5000 de sus militantes[10].
Los hijos y padres de los opositores políticos son
una población duramente golpeada; y cuando éstos son familiares de insurgentes
sufren, aunado al terror estatal, el ostracismo mediático: “A nuestro
padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares, lo colgó vivo de
sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de
carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja,
después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le
dieron un tiro… según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es
posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo
ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?”, testimonia
Marinelly Hernández, presa política y de guerra [11].
La tortura contra los familiares de presos
políticos se expresa en el alejamiento geográfico, en impedimentos de las
visitas, en humillaciones: “Nuestros familiares tienen que sufrir un
calvario para visitarnos, son humillados, maltratados(…) las mujeres tienen que
soportar el infamante manoseo en sus partes intimas por parte de las guardianas
de forma abusiva”[12]. Aunado a lo anterior hay
varios casos de agresiones, desaparición forzada y asesinatos de familiares de
presos políticos a manos de la herramienta paramilitar y la fuerza pública: las
agresiones y crímenes de estado contra los familiares son utilizados como
medida de tortura y chantaje contra los presos políticos, si éstos no acceden
a convertirse en informantes, o para callar las denuncias. El
preso político Carlos Iván Peña Orjuela fue sometido a presión por parte la
policía (SIJIN) para que diera falso testimonio contra campesinos del Magdalena
Medio. Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía
desapareció y asesinó a su hermano menor, luego procedió a encarcelar, bajo
montaje judicial, a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar
también al niño[13]. “Fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo
contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Celis Torres
profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó
directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el
niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo
que proliferan en el sistema judicial colombiano”, denuncia el
CSPP [Ibíd.]. Tras las amenazas, la policía pasó a mayores crímenes:
“la desaparición forzada
y homicidio del hermano menor del detenido político(…) la captura de María
Yolanda Cañón, familiar que tenía a cargo la custodia del hijo del detenido
político, de seis años. (…) el detenido político procedió a llamar al celular
de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien
se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’
seguirían(…) En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted
no quiso colaborar y la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla,
y por ahí le tengo otros paqueticos’. El detenido político manifiesta que su
hermano asesinado y la señora María Yolanda eran las únicas personas que lo
visitaban y ahora teme por la vida de su hijo”[Ibíd.]. El CSPP denuncia las “actuaciones
ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar
‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario. Prácticas compatibles con las políticas que han traído como
resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y
la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas
‘capturas masivas’” [Ibíd.].
Otro caso que evidencia los niveles de tortura
aberrantes que sufren los presos políticos y sus familiares es el caso de la
niña Alida Teresa Arzuaga, que por ser hija de un preso político, fue violada y
asesinada. En febrero 2012 la familia recibió otro golpe, al ser dejado en
libertad uno de los presuntos perpetradores, sin siquiera ser juzgado. La
impunidad cubre los crímenes de Estado. Denuncia el Equipo Jurídico Pueblos:
“El 9 de junio 2005,
Alida Teresa Arzuaga Villar, de tan solo nueve años, fue víctima de los
delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio, perpetrados
por parte de reconocidos paramilitares en Santander. Fue encontrada sin vida en
una cañada, su cuerpo registraba signos de tortura, siendo accedida sexualmente
antes de su muerte. Según testimonios rendidos por paramilitares dentro
del proceso penal, el atroz crimen fue cometido en
'retaliación' por parte de los paramilitares y posiblemente de integrantes de
la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien en ese momento se
encontraba preso en la cárcel Modelo, señalado de pertenecer al ELN.
El 17 de septiembre 2010, el Juzgado(…) profirió
sentencia condenatoria contra Hernando Rodríguez Zarate, alias ‘Volunto’, jefe
paramilitar. Además ordenó que se investigue la posible participación en
los hechos de John Fredy Quitian González, alias ‘Jorge’, jefe paramilitar, que
si bien es cierto formalmente se había desmovilizado en el año 2004, continuaba
siendo protegido por la policía y el ejército en
Santander. El 24 de febrero 2012, en Bogotá, fue capturado Quitian
González, procediendo a definirse situación jurídica por parte de la
fiscalía(…) absteniéndose de imponer medida de aseguramiento y ordenando
su libertad inmediata. La decisión de la Fiscalía
contrasta con su actuación morosa al momento de pronunciarse sobre la demanda
de constitución en parte civil, que busca garantizar el acceso a la justicia de
las víctimas. La posición del ente acusador genera profundo desconcierto y
dolor en los familiares de Alida, quienes desde el mismo momento en que ocurrió
el crimen han exigido Verdad y Justicia al Estado colombiano. Estos hechos que
conmueven los cimientos del Estado social de derecho que se predica en
Colombia, permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos
en nuestro país, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también
el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus
familiares” [14].
3. Conclusión: La tortura
como mecanismo de control social
Hay una utilización sistemática de la tortura con
una finalidad clara: la perpetuación de un Status Quo de
injusticia social mediante el miedo. La tortura es inherente a un Estado que ha
instaurado el terror como mecanismo de control social. Un mecanismo amparado
por la impunidad tejida nacional e internacionalmente: perfeccionado y
articulado en pro de garantizar el libre saqueo de los recursos.La ferocidad
que busca destrozar al opositor político se inscribe en una lógica de estado,
las crueldades no son obra de ‘guardianes desquiciados’, ‘negligencias
médicas’, o ‘manzanas podridas’ en el ejército: hay una planificación
del terror, una negación de facto de la asistencia médica en el ámbito
carcelario, una doctrina militar del “enemigo interno”, hay
formadores en torturas [15] y hay una política de “tierra
arrasada” preconizada desde EEUU, que incluye el empleo de la
herramienta paramilitar[16].
El sistematismo, la impunidad y la perpetuación del
drama humanitario pone de relieve un ensañamiento preconcebido. No es casualidad
que ante la intensificación de la entrega del país a las
multinacionales, que trae su consiguiente desacuerdo popular, se
implementen mecanismos que legalizan los crímenes de Estado: se busca que
la respuesta represiva del Estado ante la reivindicación social no tenga
límites. La tortura estatal goza de un marco ad-hoc. En diciembre
2012 el congreso colombiano aprobó la Reforma Constitucional de ampliación del
Fuero Militar, impulsada por Santos:el Fuero Penal Militar consagra la
impunidad para los crímenes de Estado; esuna herramienta indispensable a esa
lógica estatal de emplear la tortura y el exterminio como mecanismos de control
social. El congresista Cepeda expresa: “Es un golpe como pocos en
nuestra historia a los Derechos Humanos. (…)Es altamente probable que todos
esos casos de asesinatos de civiles a manos de militares, mal llamados ‘falsos
positivos’, que las más de 3000 víctimas, más de 1.700 investigaciones,
terminen en manos de la justicia militar. Las víctimas quedan expuestas a que
su derecho a la justicia sea abiertamente violado” [17].
“Es el otorgamiento a militares y policías de un
cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer, desplazar y agredir
sexualmente, entre otras atrocidades, a cualquier colombiana o colombiano, con
la garantía de que no van a ser castigados por sus crímenes”[18], apunta el
periodista Camilo Raigozo. Es la garantía de impunidad para intensificar la
guerra del terror contra la población. En cuanto a las aducidas 7 excepciones a
la Justicia Militar, se denuncia que no son sino una coartada, ya que en la
práctica será imposible hacerlas valer porque su exclusión viene validada solo
sí se le reconoce al crimen el carácter de Crimen de Lesa Humanidad. El
carácter de Lesa Humanidad, de Crimen de Estado, deberá ser demostrado en
instancias estatales; el cinismo consolida la total impunidad para los
militares.
“En cuanto a la coartada
que encierra las ‘exclusiones de la justicia penal militar’, la ONU y HRW
advirtieron que de acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado
recientemente por la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones
extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente
podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad ‘si forman parte de un ataque
generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con
conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado u
organización’. En palabras del Fiscal General Eduardo Montealegre, ‘el crimen
de lesa humanidad no es toda grave violación de derechos humanos. El Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional dice que tienen que ser ataques
sistemáticos o generalizados contra la población civil’. Por lo tanto en
la enmienda aprobada, para poder emprender acciones en los tribunales de la
justicia ordinaria, los fiscales deben demostrar en cada caso que la víctima de
genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual,
ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, fue agredida en el marco
de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la
población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una
política oficial, lo cual es imposible, porque es de lo que se van a cuidar los
criminales” [19].
Demostrar eso caso por caso va a resultar
imposible, y no por falta de evidencias, no porque estos crímenes en Colombia
no sean parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la
población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la
política de un Estado”, sino justamente, porque al ser parte de una
planificación estatal, todas las instancias estatales se van encargar de
imposibilitar tal demostración ¿O si no qué explica que en un país en
el que se han documentado más de 3000 casos de asesinatos de civiles a manos de
militares -según el mismo modus operandi, impulsados por una directriz
ministerial (029) y con la misma finalidad-, todavía el ejército y los medios
de desinformación hablen de las “manzanas podridas” al
referirse a los militares que han perpetrado estos crímenes en masa? No hay tal“manzanas
podridas”, hay una planificación estatal, y los ejecutantes de la tortura,
violación sexual, genocidio, desplazamiento forzado, son parte de un ejército
que perpetra estos crímenes de Lesa Humanidad amparado en la impunidad que le
garantiza esa planificación estatal.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
expresa: “En los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento
de victimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000
ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de personas
desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000
desaparecidos. La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en
un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra
sucia adelantada por el establecimiento. Cualquier iniciativa que pretenda la
paz estable y duradera, debe contar con la participación plena de
las víctimas de crímenes de Estado(…) Es indispensable que se
incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as)
políticas (…)exigimos que cesen los montajes judiciales y la injusta
judicialización de la protesta social”[20].
*
Este texto
es a la vez un texto autónomo y la VI Parte del dossier Colombia y sus miles de
presos políticos silenciados que abarca el contexto de intereses económicos y
la represión política correlativa, los montajes judiciales, las condiciones de
tortura a las que son sometidos los presos políticos, la invisibilización del
drama y lo que su existencia pone de manifiesto.
Para consultar las demás partes del Dossier, y para
ver las notas completas, en caso de no tenerlas aparentes en esta
publicación:www.azalearobles.blogspot.com
[1] “En Colombia existen 9.500 presos políticos”
Informe Situación Carcelaria http://www.traspasalosmuros.net/node/727
[2]Declaración encuentro Campaña "Defender
la Libertad un asunto de tod@s" http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=853:fcspp&catid=29:cele&Itemid=61
[3]Modelo represivo y alerta humanitaria por
Hacinamiento carcelario en Colombia http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/04/hacinamiento-carcelario-en-colombia.html?utm_source=BP_recent
28/08/2012 Gobierno revela que existe un 47% de
hacinamiento en las cárceles del país, 400% en algunos penaleshttp://www.rcnradio.com/noticias/gobierno-revela-que-existe-un-47-de-hacinamiento-en-las-carceles-del-pais-18090
[4] Secuestro carcelario, montajes judiciales,
‘cibercafés de la selva’ y persecución política allende las fronterashttp://azalearobles.blogspot.com.es/2012/02/secuestro-carcelario-montajes.html?utm_source=BP_recent
[5] ‘El Estado colombiano enfrenta más de
12 mil demandas por detenciones injustas’ http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=854:wwwrcnradiocom&catid=1:nacionales&Itemid=66
[6] Tortura en cárceles colombianas: sistematismo e
impunidad revelan una lógica de estado http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/07/tortura-en-carceles-colombianas_4572.html?utm_source=BP_recent
“Padecemos negligencia médica que en muchos casos
degrada nuestra condición humana como sucedió con nuestro compañero José Dinael
Lamprea a quien se le condenó a la pena de muerte de facto, padeciendo graves
tumores que evolucionaron en un cáncer de huesos.”http://www.traspasalosmuros.net/node/1048
“Denuncia pública contra el Estado
Colombiano por condenar a pena de muerte al prisionero político y de guerra
José Dinael Lamprea(…) al omitir diagnóstico oportuno, negarle atención médica
adecuada” http://www.traspasalosmuros.net/node/1009
“El 25 de noviembre falleció el interno David
Guerrero Leal(…) exámenes no eran los apropiados para detectar su patología
cancerígena, por lo tanto nunca llegaron a tener un diagnostico real y
científico(…)el 21 de octubre (2012) por negligencia medica falleció el interno
Héctor Peñaranda Bayona”http://www.traspasalosmuros.net/node/1042
“Denunciamos y Rechazamos la condena a Pena de
Muerte de Facto a la que son sometidos los prisioneros políticos en
Colombia, a través de la negligencia médica u omisión de protección a
quienes padecen amenazas de muerte (…) la muerte del prisionero político
Vicente Saúl Balcárcel (…) el 18 de septiembre de 2012(…) luego de haber
sido diagnosticado tardíamente de cáncer del colon y no haber recibido la
atención médica adecuada, a pesar de existir un fallo de tutela a su
favor (…) esta violación a la dignidad humana y los derechos humanos no es
un hecho aislado, recordemos las muertes por responsabilidad del Estado
Colombiano de los prisioneros políticos Jordán Fabián Ramírez, Otoniel Calderón
Ovalle, Jimmy Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro Manjarrés Cupitre,
Alexander Martínez Palacio, entre otros, ocurridas durante los últimos dos años
sin que a la fecha se hayan tomado medidas efectivas para evitar que ocurran
mas muertes(…) Con estas muertes y omisión de protección el Estado Colombiano
ha violentado los artículos 11 y 12 de la Constitución que disponen
que “el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte y nadie
será sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (…)”http://www.traspasalosmuros.net/node/988
[7] Lazos de Dignidad: “(…)al estado
colombiano que cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros
políticos mediante la omisión de diagnósticos y atención médica
oportuna. Solicitamos que la Liberación de las y los Prisioneros
Políticos Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos(…)” http://www.traspasalosmuros.net/node/1009
[8]“¿Quién hace justicia con la familia de más
de 118 muertos en lo que va transcurrido en el presente
año en las cárceles?(…) Exigimos investigación sobre la muerte
de Mauricio Fernández García miembro de Movimiento Nacional Carcelario el 7 de
diciembre por la absoluta inasistencia medica.”http://www.traspasalosmuros.net/node/1052
[9] Abril 2012: El número de desplazados en
Colombia en el año 2011 llegó a 259.146, la cifra total asciende a 5.445.406,
según denunció la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en
su informe anual "Desplazamiento creciente y crisis humanitaria
invisibilizada", el cual toma en cuenta los casos presentados en el país
desde 1985. Desplazados en Colombia
llegan a 5,5 millones, dice Codhes http://www.noticiascaracol.com/nacion/articulo-262261-desplazados-colombia-llegan-a-55-millones-dice-codhes
Colombia, país con más refugiados del hemisferio, y
el 1er país del mundo con más desplazados internos del mundo, CODHEShttp://kaosenlared.net/america-latina/item/23776-colombia-es-el-pa%C3%ADs-con-más-refugiados-del-hemisferio-y-el-1er-pa%C3%ADs-del-mundo-con-más-desplazados-internos-del-mundo-codhes-reporta-528-millones-de-desplazados.html?tmpl=component&print=1
2011, Peor que Sudán, Iraq o Afganistán (VIDEO):
Colombia país con más desplazados y refugiados internos http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129586&titular=colombia-es-el-pa%EDs-con-m%E1s-desplazados-y-refugiados-internos-
"El 11,42 % de la población colombiana:
desplazada de manera forzada”(06-2011) http://www.rebelion.org/docs/130767.pdf
[10] Asesinado por ser “hijo de comunista”. Asesinato
de Carlos Julián Vélez Rodríguez, Diputado por la Unión Patriótica; su esposa
Norma Garzón Moya; su hijo Luis Carlos Bello Garzón, y su hermano Dimas Elkin
Vélez Rodríguez, en el Meta. http://www.cidh.org/countryrep/colombia93sp/cap.7a.htm
Asesinato del niño Luis Carlos Vélez Garzón http://sandinovive.info/?page=ver_articulo&id=702
Extractos históricos de la UP: http://es.scribd.com/doc/68373112/Extractos-historicos-de-la-vida-de-la-Union-Patriotica-de-Colombia-Libro-Memorias-en-Baja-1
Plan de exterminio de la UP “Baile Rojo”.
Documental: http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv
[11] Marinelly Hernández, presa política y de
guerra testimonia y se declara en Ruptura con el Estado colombiano, ante un
juez:http://www.traspasalosmuros.net/node/359
[12] “Nuestros familiares tienen que sufrir
un calvario para visitarnos(…) las mujeres tienen que soportar el
infamante manoseo en sus partes intimas por parte de las guardianas” Junio
2012, Comunicado de los Presos
Políticos de la cárcel Modelo: http://clarindecolombia.info/noticias/colombia/1212-comunicado-de-los-presos-politicos-de-la-carcel-nacional-modelo.html
[13] El preso político Carlos Iván Peña
Orjuela, sometido a presión por parte de la policía judicial de la SIJIN para
que diera falso testimonio contra campesinos. Ante su negativa, la policía
desapareció y asesinó a su hermano menor, luego procedió a encarcelar, bajo
montaje judicial, a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar
a su hijo. Asesinan al hermano del preso político Carlos Iván Peña Orjuela
y la policía amenaza a su hijo de 6 años http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102342
“amenazó a su hijo diciendo que “de pronto
anochecía pero no amanecía” el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro
de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial
colombiano”, CSPP http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=46
http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-negro-antonio-denuncia-torturas-carcel-pretenden-convertir-gu
http://www.kaosenlared.net/noticia/desaparicion-familiares-tortura-contra-presos-politicos-alto-estado-ge
En libertad cinco campesinos de Santander y familiar de Carlos Iván Peña Orjuela, Yolanda Cañón, víctimas de montaje judicial: 7 meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la organización campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra el preso político Orjuela por su negación a fungir como testigo falso en los montajes judiciales de la policía. http://www.conapcolombia.org/?p=338
http://www.kaosenlared.net/noticia/desaparicion-familiares-tortura-contra-presos-politicos-alto-estado-ge
En libertad cinco campesinos de Santander y familiar de Carlos Iván Peña Orjuela, Yolanda Cañón, víctimas de montaje judicial: 7 meses presos con testigos falsos, unos por su actividad en la organización campesina, y Yolanda Cañón como medida de represalia contra el preso político Orjuela por su negación a fungir como testigo falso en los montajes judiciales de la policía. http://www.conapcolombia.org/?p=338
Octubre 2011, en huelga de hambre presos políticos
de Palogordo exigiendo asistencia médica para el preso político Peña Orjuelahttp://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1969&Itemid=48
[14] La niña Alida Teresa, hija de preso
político, violada y asesinada por paramilitares, crimen en impunidad, 2012.http://www.rebelion.org/noticias/2012/3/145927.pdf
2 de marzo 2012, Ordenan Libertad a Jefe
Paramilitar señalado de desaparición forzada, tortura y homicidio de la niña
Alida Teresa en hechos ocurridos en junio 2005 en Zapatoca, Santander http://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2012_02_26_archive.html
[15] Mercenario israelí que entrenó a grupos
paramilitares confirma la participación del Ejército. Yahir Klein: "El
hacendado que se convirtió en presidente pagó por mis servicios” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159161
Yair Klein: el instructor de la muerte http://elturbion.com/?p=1690
[16] A raíz de la visita de la Misión
Yarbourough del ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices
secretas que dejó consignadas, el Estado colombiano adoptó una estrategia
contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las guerrillas
(1964-65).Tal doctrina estratégica puede estudiarse en los Manuales de
Contrainsurgencia que comienzan a formar parte de la Biblioteca del
Ejército y por tanto de los textos de estudio y entrenamiento militar desde
1962. Tomando como fuente 6 manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se
puede rastrear la concepción que hay allí de la población civil y su papel en
la guerra, se la define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra
(paramilitarismo); 2) debe ser el blanco principal de la guerra
contrainsurgente (guerra contra los movimientos sociales o posiciones
inconformes con el statu quo).
Cronología de hechos reveladores del
Paramilitarismo como política de Estado. Investigación Javier Giraldo: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75
Los Gobiernos de EEUU y el paramilitarismo: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda19.pdf
El verdadero origen del paramilitarismo en
Colombia: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article529
Brig. Gen. William
P. Yarborough, "U.S. Special Warfare Center," in U.S. Department of
the Army, Office of the Chief of Information, Special Warfare U.S. Army: An
Army Specialty (Washington, D.C., 1963), p. 61. A Psychological
Operations Course covering all aspects of psychological warfare was also
offered at Fort Bragg, in consonance with the center’s Psychological Warfare
origins. .Headquarters, U.S. Army Special Warfare School, Subject: Visit to
Colombia, South America, by a Team from Special Warfare Center, Fort Bragg,
North Carolina, 26 February 1962. Kennedy Library, Box 319, National Security
Files, Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia; 3/62. Also Carroilton
Press, Declassified Documents Reference Series (1976:154D), and McClintock, The
American Connection, vol. 1, State Terror and Popular Resistance in El
Salvador, pp. 23-24. 26. "Secret Supplement, Colombian Survey Report."
[17] Cepeda sobre Aprobación de Fuero Militar:
“Es probable que todos esos casos de asesinatos de civiles a manos de
militares, mal llamados ‘falsos positivos’, que las más de 3000 víctimas, más
de 1.700 investigaciones, terminen en manos de la justicia militar.” https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dC4HhsaJ2XU#!
[18] “Es el otorgamiento a militares y
policías de un cheque en blanco, para matar, torturar, desaparecer (…) con la
garantía de que no van a ser castigados por sus crímenes” http://prensarural.org/spip/spip.php?article9814
[19] Tomado de http://prensarural.org/spip/spip.php?article9814 que
a su vez cita apartes de la carta de HRW a Santos:http://www.hrw.org/es/news/2012/10/25/colombia-carta-al-presidente-santos-criticando-ampliaci-n-del-fuero-militar “En
cuanto a la exclusión de crímenes de lesa humanidad de la justicia penal
militar, cabe hacer presente que de acuerdo con el derecho internacional, y
según fue confirmado por la sala de casación penal de la Corte Suprema, las
ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares
únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad si forman parte
de un ataque generalizado o sistemático contra la población
civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la
política de un Estado u organización. En palabras del
Fiscal General Eduardo Montealegre, “[e]l crimen de lesa humanidad no es toda
grave violación de derechos humanos. El [E]statuto [de Roma] de la Corte Penal
Internacional dice que tienen que ser ataques sistemáticos o generalizados
contra la población civil”. Por ende(…) para poder emprender acciones en los
tribunales de la justicia ordinaria, los fiscales deberán demostrar en cada
caso que la víctima de violencia sexual, tortura o ejecución extrajudicial fue
agredida en el marco de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por
militares contra la población civil con conocimiento de dicho ataque y de
conformidad con una política oficial.”
[20] Movimiento de Víctimas de Crímenes de
estado, 9 de septiembre 2012 ‘Un proceso de paz con participación
de las víctimas’ http://www.movimientodevictimas.org/documentos/conclusiones-encuentros/item/2811-declaración-movice-un-proceso-de-paz-con-participación-de-las-v%C3%ADctimas.html
