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| ¿Que espera el futuro de este niño campesino en el municipio de Quipile? |
Por Horacio
Duque
El próximo 14 de enero se retoman los diálogos de paz
en La Habana entre las FARC/EP y el gobierno del señor Santos. La Mesa de
conversaciones y sus delegados ahondarán en el tema de la reforma agraria, la
eliminación del latifundio y la hacienda ganadera, foco de la violencia y las
formas políticas totalitarias que niegan los derechos políticos a los
campesinos colombianos.
El tema rural o
la “cuestión agraria” se encuentra en el centro mismo de las transacciones para
resolver la guerra civil nacional. La Mesa de La Habana ha colocado la cuestión
campesina y el derecho a la propiedad en el escenario político nacional. Antes,
el gobierno del señor Santos y la coalición gobernante, configuraron un
escenario irrelevante con la Ley de restitución de tierras y reparación de las
victimas, cuyos resultados no son exactamente los más favorables como para
aceptar la propaganda oficial de una “revolución agraria” de la Prosperidad
democrática. La realidad es que dicha ley derivo en un instrumento del
inveterado clientelismo político de las maquinarias electorales toda vez que
los directorios departamentales de los partidos adictos al gobierno hicieron de
las disposiciones aprobadas un mecanismo de favores para ampliar mediante
algunas restituciones y las abundantes reparaciones sus caudales electorales y
clientelares.
Una vez
colocado el asunto agrario en el lugar visible en que está y en los términos
correspondientes, la reacción furiosa latifundista no se ha hecho esperar.
Poderosos agentes de la hacienda ganadera han arremetido con todo para
confundir los términos del debate y de la ruta a seguir, tal como lo ha hecho
el jefe de Fedegan.
Ya esta visto
que lo agrario es un asunto político por excelencia pues es el foco de la
violencia y la negación de los derechos políticos ciudadanos de millones de
campesinos. El problema agrario, a diferencia del industrial o minero, no es un
problema de carácter económico y social sino que es esencialmente político,
pues esta directamente ligado a las estructuras de poder existentes en la
sociedad colombiana y sobre todo la tierra y su propiedad es una de las más
importantes fuentes de poder. Por tal razón avocar por parte de la Mesa de La
Habana la “cuestión agraria” es plantearse el tema de la propiedad privada o
también mas específicamente del derecho de propiedad, pues para realizar la
reforma agraria integral es necesario realizar transformaciones en la
estructura de la tenencia de la tierra, además de los ajustes territoriales e
institucionales complementarios.
La reforma
agraria que se acuerde debe incluir entre sus objetivos principales
redistribuir la propiedad agraria entre millones de campesinos sin tierra. Es
decir, transformar a los no propietarios en propietarios. Es una condición
inevitable y fundamental.
Proceso que
implica no solo un profundo cambio en la estructura de la propiedad de la
tierra sino también un cambio institucional, pues demanda la modificación de la
estructura de las reglas político-legales que norman el derecho y las
relaciones de propiedad.
Para alcanzar
la paz es necesario impulsar la propiedad social, colectiva o comunitaria,
identificada con el socialismo.
La forma/Estado
paramilitar que predomina en la formula gubernamental está entroncado con el
tema de la reforma agraria, o sea, con el conflicto político por la
redistribución de la propiedad agrícola. Las tradicionales estructuras agrarias
constituyen el principal obstáculo para la democratización y la modernización
progresista del país.
Sin embargo,
las fuerzas partidarias de una reforma agraria avanzada deben considerar que el
latifundio reaccionario no la va aceptar tranquila y pasivamente. Los grupos de
grandes propietarios, o sea aquellos grupos que han tenido un amplio poder
político para limitar la democracia de la ciudadanía y la participación
política, van a frenar y sabotear cualquier intento de transformación de su
principal base y fuente de poder: la gran propiedad latifundista y
hacendataria. Para estos grupos el latifundio constituye un
valor y un derecho superior a cualquier otro, incluso a la vida y a la
libertad; por consiguiente a la democracia.
Redistribuir la
propiedad entre los campesinos sin tierra, los desplazados y despojados,
constituye un problema mucho más profundo que una simple cuestión técnica o de
visión territorial, o un problema que podría resolverse políticamente. La
reforma agraria implica la destrucción completa de un orden sociopolítico y
cultural constituido a lo largo de 4 siglos el cual ha generado una determinada
visión del mundo, de las cosas, del país, de la historia, tanto en los
terratenientes como en el campesinado especialmente en el de la resistencia
revolucionaria que lucha por el socialismo y la independencia nacional. Pero
esta visión no solo esta presente en los diversos grupos sociales y culturales
agrarios sino también en la cosmovisión de los grupos sociales y culturales
urbanos. La mayoría de los grupos urbanos ya sea de baja, media o alta sociedad
tienen distintas conexiones con el mudo agrario. Téngase en cuenta que el
vaciamiento reciente del espacio rural es el causante del acelerado crecimiento
urbano de Bogota y otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.
Pretender
colocarle pañitos de agua tibia al problema del derecho a propiedad de la
tierra de los campesinos colombianos es hacerle trampa a la paz para toda
Colombia.
